JUGANDO CON LOS PARADOS

Mientras que durante los meses pasados el gobierno de Zp se mostraba comprensivo y complaciente con aquellos que con una mano firmaban despidos y con la otra tomaban ayudas públicas mil millonarias, ahora, cuando el paro amenaza con nuevos incrementos y con ser su tumba política, nos dicen de forma reiterada en la primera parte expositiva del Real Decreto de Protección por Desempleo e Inserción, (BOE de 15 de agosto), que están preocupadísimos por los parados que hayan agotado todas las prestaciones y ayudas ordinarias, decidiéndose así a articular unas medidas por las cuales quizás se gasten hasta 345 millones de euros en atender con 421,79 euros al mes a estos trabajadores en paro.
En esa misma introducción explicativa llama la atención, por no contemplarse ese dato en el articulado, que, una vez determinada la duración del Programa PRODI, seis meses, entre las razones para prorrogar o finalizar la aplicación de las medidas en él contempladas, el gobierno, único competente para adoptar tales decisiones, ha de tener en cuenta si el paro, a nivel estatal, supera o no el 17 % de la población activa, lo cual, “sensu contrario” cabe ser interpretado de forma que si el paro registrado bajase de tal cuantía el Programa PRODI podría ser suspendido. No se olvide este detalle, ya que, a mi entender, este es el gran objetivo oculto del gobierno, reducir artificialmente las listas de desempleo.
El conjunto del articulado del Decreto tiene unas características que a quien no conozca el proceder del Sistema de Empleo Público Estatal y los diferentes 17 sistemas autonómicos de Empleo podría llegar al convencimiento de lo acertado y meritorio de este esfuerzo gubernamental. Nada más lejos de la realidad.
Como todos han dicho ya, este Programa excluye de forma intencionada a los más antiguos parados, ya que, por el momento, solo está dirigido a los que agoten todas las prestaciones y ayudas con posterioridad al día 1 de agosto presente. En segundo lugar el gobierno habilita 345 millones de euros, (art. 11.2.2), para las ayudas que puedan concederse en estos seis meses de supuesta vigencia del Programa, -1 agosto 2009-31 enero 2010-, lo cual significa que de la fácil división entre el importe total previsto y el acumulado semestral de las ayudas individualizadas, 421,79 euros al mes por beneficiario, obtendremos que, en el mejor y más numeroso de los casos, los 345 millones dan para atender a 136.323 trabajadores, cifra muy lejana a los publicitados 350.000 trabajadores en paro que los medios pro-gubernativos han difundido que serían los beneficiarios.
Ni que decir tiene que se incompatibiliza la percepción de esta ayuda extraordinaria con la percepción de cualquiera otra sea esta estatal, autonómica o municipal. Lo cual puede llevar al riesgo de que allá donde las instrucciones no estén claras, y no lo están, o el conocimiento y el nivel de profesionalidad de los funcionarios no sea el debido,- y se está forzando la maquina en ese nivel a fin de que personal sin la capacitación suficiente ejerza funciones que no le están atribuidas por falta formación profesional adecuada-, algún trabajador pierda ayudas más duraderas a cambio de esta nueva, de igual cuantía pero de más inmediata percepción.
La improvisación, derivada de las prisas y de la incompetencia, llega al punto de no contemplar una larga casuística que facilite una labor homogénea a los funcionarios del Servicio Nacional de Empleo. Así, cabe preguntarse ¿qué le sucedería a un trabajador que agotase todas las prestaciones y ayudas a mediados del próximo enero? Teniendo en cuenta que el programa, en caso de no ser prorrogado, finaliza el día 31 de ese mes. ¿Tendría ayudas por seis meses? ¿El itinerario de inserción laboral duraría esos quince días restantes? Como ven, una tomadura de pelo para todos los intervinientes y para los posibles y probables afectados.
A lo largo de todo el Decreto se insiste de forma reiterada y machacona en la obligatoriedad por parte del aspirante a percibir las ayudas a seguir lo que llaman “itinerarios de inserción laboral”, -lo que sin eufemismos llamamos cursos de formación, esos en los que se han especializado y por los que cobran los sindicatos-, itinerarios que siendo competencia de las comunidades autónomas, a día de hoy nadie sabe en que han de consistir y lo que es mucho más determinante, quien y como financia la realización de los mismos en el difícil caso de que las comunidades tengan capacidad operativa para desarrollarlos y controlarlos.
Hay en este extremo dos puntos que centran no solo las sospechas de inoperancia y falsedad que todo el decreto exhala. La ya citada falta de asignación de recursos por parte de las comunidades autónomas y la generalizada seguridad de que tan gran insistencia en la obligatoriedad de realizarlos, siquiera sea de forma nominal, conduzca a que los tales itinerarios solo lleven a que la administración de Zapatero se dote de argumentos legales como para considerar que todos los trabajadores que estén realizando, real o supuestamente, tales itinerarios, sean trabajadores ocupados y por lo tanto excluibles de las listas de paro, ya que no hemos de olvidar la práctica diaria por la cual alguien que cobre por haber trabajado solo dos horas a la semana por cuenta ajena es considerado a todos los efectos como trabajador ocupado y en forma alguna se le incluye en las listas de paro registrado.
Este es a mi entender el gran objetivo del decreto, conseguir reducir el número de componentes de las listas del paro por el previsible y seguro aumento del desempleo que en los meses de otoño se da, con crisis o sin crisis, en las regiones más turísticas de España, haciéndolo con trabajadores en paro, a los que “ocupando” en esos itinerarios a cambio de una miserable ayuda podrían desalojar de sus cada día más falseadas estadísticas.
Si a esta sospecha, adobada por su insistencia, se le suma el anárquico proceder de los 17 sistemas autonómicos de empleo, -los competentes para asignar claves de inclusión o separación de las listas del desempleo-, y que los datos que configuran la estadística nacional del paro registrado por los servicios estatales de empleo los centralizan empresas privadas que por tal labor cobran de la administración, acabamos teniendo un coctel que salvo transparencia y homogeneidad en la forma de actuar, tiene de todo, y todo ello envuelto en un rancio sabor a mentira y falsedad.
Así la situación, los gobiernos regionales adictos a la causa de Zp actuarán de manera muy diferente de aquellos otros que debiéndose al PP, pondrán más dificultades para excluir de sus listas de paro a los que con itinerarios de inserción laboral o sin ellos seguirán realmente parados.
A día de hoy y teniendo ya una semana de experiencia en la aplicación de esta nueva nube de propaganda y humo zapateriano, los funcionarios de los servicios estatales de empleo están comenzando a afirmar que esta propaganda solo va a servir para ayudar a algunos africanos provenientes del régimen agrario o a trabajadores procedentes del PER, lo cual no está mal, pero de ahí a ventear que están preocupados por las consecuencias del despido masivo de trabajadores, hay cuando menos el mismo abismo que media entre lo que a este fin van a destinar, 345 millones de euros, y los noventa mil millones más que tienen preparados para seguir protegiendo a sus amigos los banqueros.
P.D. real: Ante la cada vez más evidente tomadura de pelo que las medidas del Decreto representan para los trabajadores parados, los trabajadores públicos de los Servicios de Empleo están empezando a reclamar la adopción de medidas de seguridad física.

LO QUE DICE……JUAN LUIS CEBRIAN

Es llamativo que algún antiguo presidente de Telefónica se lamente de la pelea de Cebrian y Roures, -ambos progresistas, según ese solanaceo bloguero-, y no se lamente de la denuncia que el primero de ellos hace sobre el proceder, pudiera ser que inconstitucional y prevaricador, del gobierno sebastianero.
En más de una ocasión he expresado aquí mis diferencias con la línea editorial que, sobre todo en temas económicos y sociales, mantiene el grupo Prisa. Aun así su claro y antiguo compromiso con los procedimientos democráticos hace que me decante por sus opciones y en contra de advenedizos que, con dineros públicos concedidos por quienes están a la vez en el consejo de ministros y en los consejos de empresas así beneficiadas, dicen ser los nuevos progresistas que este país necesita. Progresistas que al igual que sus benefactores solo conciben tal progreso si este afecta positivamente a sus bolsillos.
Es por ello por lo que a continuación adjunto el enlace con el artículo que bajo el titulo “Un desatino” Juan Luis Cebrián publicó ayer en “El País”. Él da cumplida cuenta de la filosofía política, económica, legal y procedimental del zapaterismo, o más en concreto de lo que impulsa al zapaterismo, el ansia de rápido enriquecimiento del “sebastianismo” que no duda en retorcer argumentos y leyes con tal de llevar el agua de los beneficios políticos, mediáticos y económicos a los molinos de este régimen de mentiras y abusos.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/desatino/elpepuopi/20090821elpepiopi_12/Tes

A MODO DE APERITIVO

Muchos lo saben pero nadie lo dice. El pasado día 14, de forma absolutamente anómala, por la fecha, se reunió el consejo de ministros para dar salida, en plena desconexión ciudadana por las vacaciones estivales, a dos decretos de la más infame factura.
Uno de ellos, el llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, el destinado según se expone en la exposición de motivos a no dejar sin protección económica a aquellos que permaneciendo desempleados no tengan ingresos por una determinada cuantía. Es el decreto que tanta polvareda ha levantado, aun en agosto, y que premeditadamente deja fuera del ámbito de cobertura a aquellos trabajadores que permanecen parados tras haber agotado todas las prestaciones y subsidios antes del día 1 de agosto, fecha de comienzo de la aplicación de los efectos en él contemplados.
El otro infame decreto es aquel por el que, a imitación del “muy progresista” don Francisco Álvarez Cascos, (recuérdese la “guerra del futbol”), se regala en exclusiva nacional la explotación, por el sistema de televisión digital terrestre codificada y de pago, de los derechos televisivos del futbol a una determinada cadena, la que casualmente es propiedad de los amigos de Zp, la regida, entre otros, por el antiguo jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno y actual marido de la ministra de defensa doña Carmen Chacón.
Y como estas cosas los progresistas de la red ni las mientan, no sé si por rubor, -lo dudo-, o por premeditado “olvido”, se hace más que conveniente y necesario que en este humilde blog se pongan más de un punto sobre las interesadísimas íes “progresistas”.
Así, y comenzando por el decreto del PRODI (Protección por Desempleo e Inserción) me propongo demostrar las mentiras y las falacias que contienen y que se concretarán, si los apesebrados sindicalistas no lo remedian, en un robo, timo y/o engaño económico a muchos de los trabajadores que teniendo derecho a este subsidio pueden perder otras ayudas más duraderas y mejor dotadas económicamente.
Igualmente demostraré que la verdadera y única intención que alberga este decreto es disminuir las listas del paro en la época en que anualmente más crece por la finalización de la ocupación estacional veraniega.
La cita es el próximo domingo, día en el que una vez más demostraré que el zapaterismo es mentira, engaño, abuso del más débil, pleitesía al más fuerte y enriquecimiento interesado de sus amigos.

SE HACE SABER

Se hace saber que el próximo domingo, día 23 de agosto, a eso de las doce de la mañana, y en este mismo sitio, se procederá, sin permiso de la autoridad, y aunque el tiempo lo quiera impedir, a la demostración de que el nuevo subsidio de paro el llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, (PRODI), puede ser un robo manifiesto a muchos de los trabajadores en paro y una estafa a la ciudadanía en general, y que tiene como único fin el aligerar artificialmente las listas de parados, para lo cual cuentan con la complicidad de los sindicatos, de los medios de comunicación y de la oposición.

LA ANOREXIA ESTATAL (III)

No merece la pena hacer un repaso histórico de todo lo que los diversos gobiernos han venido cediendo a las comunidades autónomas a cambio de casi nada positivo para la ciudadanía.
Y no la merece ya que ha de estar en la memoria colectiva, si no la puntual articulación legal de tales concesiones, sí los efectos prácticos que sobre los derechos colectivos e individuales ha tenido este resquebrajamiento del estado unitario.
No estoy en condiciones de calcular cual ha sido el coste económico y financiero que, para las arcas públicas, ha tenido, tiene y me temo que seguirá teniendo la creciente vampirización de la Administración General del Estado por parte de las comunidades autónomas. Por el contrario si estoy en condiciones de afirmar, como cualquiera otro que quiera hacerlo, que el coste que está teniendo el llamado proceso autonómico español es inasumible e irreparable desde el punto de vista de los más clásicos valores sociales.
El coste es políticamente inasumible si se parte de la convicción de que la política, sea cual sea la óptica desde la que se contemple, ha de estar al servicio de los ciudadanos, y es evidente que el proceso de centrifugación política, económica, y administrativa casi nada ha aportado a la calidad de vida de los ciudadanos españoles y si mucho a la creciente clase política autonómica y partidaria. Menos aun ha cooperado a la implantación de los valores que han de soportar cualquier estructura estatal en democracia, libertad, justicia, solidaridad, e igualdad ante la ley.
Ni la libertad individual y colectiva se ha ampliado por la descentralización política y administrativa, ni tampoco se han incrementado los grados de libertad si atendemos a aspectos económicos, y aquellos otros que han permitido aflorar las diversas personalidades sociales de las comunidades, lo han hecho en forma artificial y desigual, ya que las interpretaciones de las normas estatales que regulan el ejercicio de los derechos ciudadanos han sido muy diferentes según el color político de los diversos gobiernos autonómicos receptores de la competencia interpretativa y receptadores de los fondos a esos fines destinados, fondos que sistemáticamente se han venido gastando en otras cosas más lucrativas para los políticos autonómicos que en facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Nada que comentar respecto a la asunción de las competencias sobre Justicia tras los recientes ejemplos de arbitrariedad, si no prevaricación, que tribunales tan superiores como amigables con los virreyes regionales practican. Y de solidaridad e igualdad ante la ley baste solo citar como ejemplos de opacidad al oculto estatuto catalán, ese que Zp prometió no tocar, y al nuevo y no cuantificado acuerdo de financiación autonómica.
Todo este conjunto de actuaciones no ha llevado más democracia a la ciudadanía, ya que el simple hecho de poder votar a los tres niveles de gobiernos que configuran el Estado, no significa que el grado de participación ciudadana en la toma de decisiones que a su vida afectan sea mayor, ya que la “profiláctica” separación entre políticos y ciudadanos solo acepta la proximidad entre ellos un día cada cuatro años, permitiendo constatar el interesado distanciamiento de la llamada clase política, -clase que ninguna tiene-, respecto a los que dicen que somos los dimanantes de todo poder, el pueblo.
Así, de espaldas a los intereses generales, de espaldas a los ciudadanos, el actual gobierno central practica con el mayor de los descaros el más infame y analfabeto despotismo, siempre orientado a favorecer a los poderosos y a extraer de los que menos tienen los impuestos que soportan su acción comercial.
No hace muchos días reproduje aquí un artículo de Juan Fco. Martin Seco que finalizaba preguntándose lo siguiente: “¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un Gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?"
Entiendo que más repudiable que ese reiterado cohecho es que se haya extendido como normal y aceptable que la prioridad de quien gobierna es mantenerse en el poder y que esta conveniencia arrase, cual riada destructora, los valores constitucionales que debieran soportar todo el proceder democrático.
Por ello, cuando las llamadas matemáticas parlamentarias logran exiliar a los más altos valores democráticos, los ya citados libertad, justicia, solidaridad e igualdad ante la ley; cuando ese sistema y la silente sociedad que tal situación sostiene, consideran como normal que el único ente nacional capacitado para aplicarlos, el Gobierno de la nación, se dedique a trocear derechos, malvenderlos entre muy distintos mercaderes y a, en consecuencia, jibarizar el estado; cuando tan anómalo proceder se acepta como normal, es que la estructura estatal, los diferentes gobiernos y sus respectivas administraciones no cumplen con el fin primero que la ley les asigna, servir a sus ciudadanos. Y todo estado que no sirva a sus ciudadanos podrá ser calificado como a los detentadores del poder les plazca. Como ellos quieran, menos democrático.

LA ANOREXIA ESTATAL (II)

Una vez que todos los que desde cualquier gobierno, presente y pasado, han comprobado lo conveniente que es a sus intereses personales el reducir las competencias de la Administración General del Estado, -ya que tal reducción es proporcional a la disminución de los riesgos que ha de soportar todo gestor público que desde el desconocimiento y la mediocridad tenga que afrontarlos-, todos los que han tenido presencia en algún Consejo de Ministros han coincidido en centrifugar competencias y presupuesto.

Desde que se aprobó esta Constitución y su corrosivo título VIII se ha venido practicando desde las mas altas instancias políticas y administrativas españolas una permanente línea de comportamiento que ha conducido a esta residual “confederación de autonomías españolas”, -lo que antes denominábamos España-, a la creación y el inmediato aposentamiento de una cultura de la fragmentación política y administrativa que opuesta al antaño impresentable centralismo españolista, -mas habría que decir franquista-, ha inoculado en la ciudadanía que la dispersión de competencias públicas, la cesión de dineros y tributos a las autonomías, la perdida de la capacidad normativa que afecta a derechos individuales y colectivos básicos, y con todo ello la capacidad para interpretar leyes estatales y su aplicación territorial, es algo natural y consustancial a la democracia. Y no es así.

Se supone que cualquier gobierno nacional, sea cual sea la estructura del estado que haya de ser gobernado, federal, centralista o como es el caso español, confederal, ya que no otra cosa que un eufemismo es eso de estado autonómico, se supone que la principal razón de ser de ese gobierno es el establecer unas pautas de comportamiento social en los muy diversos aspectos que presiden la vida diaria de los ciudadanos y entidades que componen esa sociedad.

Y se supone que todo ello se habría de hacer desde el prisma que ideológicamente identifique a los que legítimamente hayan sido elegidos para acometer la gobernación de un país.Lo que no cabe como aceptable es que los gobiernos renuncien a la implantación en todo el ámbito social y territorial, por este orden, de aquellos principios que rigen la ley máxima que en los sistemas democráticos presiden su quehacer.

Así, hoy, en este estado suyo de las autonomías, la desigualdad ante las leyes es mas que evidente. No solo por el comprobado hecho de que según sea el justiciable el trato recibido es distinto, sino lo que es mucho peor, porque las propias leyes establecen explícitamente diferencias entre los derechos de unos ciudadanos de un territorio y los de otros. El caso del trato fiscal a vascos y navarros es especialmente insultante para el resto de los sujetos pasivos de este país.

Es por lo anterior que la mayor renuncia a la que han procedido los gobiernos democráticos españoles es a la obtención de la argamasa política que da solidez a un estado, sea federal o confederal, el sentimiento de pertenencia a un país de aquellos ciudadanos que se sienten tratados con igualdad y creciente justicia por el sistema que ellos mismos respaldan.

Hoy en España apenas restan ápices de ese sentimiento, y, desgraciadamente, allá donde se da, ese sentimiento de nación está impregnado del tufo totalitario que la morriña franquista le presta.

Nadie desde gobierno central alguno ha dedicado ni un minuto de nuestro tiempo,-nuestro ya que se o pagamos-, a pensar cuál ha de ser el limite final de los repartos competenciales entre los tres escalones del Estado, y lo que es más importante, qué repercusiones tienen los al parecer inacabables deseos de obesidad administrativa y presupuestaria de las comunidades autónomas.

Nadie en esos gobiernos parece haber reparado en la imposibilidad de ejercitar ni la igualdad, ni la equidad, ni tan siquiera la posibilidad ciudadana de recibir y ejercitar en igualdad de trato los derechos que la Constitución les ampara sea cual sea el lugar territorial en que se encuentre.Y como rectificar es de aprendices de sabios, rectificaré inmediatamente.

Cuando afirmo que nadie ha pensado sobre lo anterior, yerro, ya que tras poner en un plato de la balanza tales pensamientos y en el otro las conveniencias personales y de gremio, todos los gobiernos que en España han sido desde el año 78, todos se han inclinado por construirse un estado mega-cefálico en cuanto a volumen de las administraciones y de las instituciones que a los políticos cobijan, al tiempo que propiciaban un estado micro-corporal en lo que al ejercicio de los derechos de ciudadanía respecta, llevando hasta su total anulación la difusión y aplicación de los valores de libertad, igualdad y justicia que la Constitución contempla.

Es por ese coincidente proceder de los diversos gobiernos centrales que, de forma creciente y desde 1978, en España se renunció a la construcción de una nación unida y diversa, equilibrada, justa, solidaria, orgullo de todos sus nacionales y digna en el respeto de los foráneos.

Fue esa renuncia de la clase política española la que ha conseguido tanto crecimiento económico, desastrosamente repartido, cuanta corrupción institucionalizada hoy a todos nos identifica más allá de nuestras fronteras.

Pareciera que ya nada hay en común en este país. Ni las aguas, ni las costas, ni los impuestos, ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, ni la legislación laboral, ni las normas que regulan aspectos tan concretos como el derecho al aborto, a la asistencia social en situación de dependencia y tantos otros ejemplos que todos sufrimos y que son los que permiten que los que debieran de gobernar vivan en el mas placido mundo de sus privilegios, mientras que el resto de los ciudadanos vemos como su egocentrismo y su premeditada omisión conducen, vía hechos, a la desaparición de una histórica nación.

En mi, supongo que, informado pesimismo, solo temo que la inercia histórica nos conduzca a soluciones tan traumáticas como las de antaño. Me temo que el péndulo histórico al que tan acostumbrado es el proceder hispánico, nos conduzca al otro extremo centrípeta tan insensato como este centrifugo que ahora nos imponen, extremos que, tanto uno como otro, impiden la democracia y anulan los derechos de ciudadanía

LA ANOREXIA ESTATAL

Hasta los que en épocas de vacas gordas reniegan del Estado, -los mismos que a sus ubres acuden cuando llegan las flacas-, saben de su imprescindible permanencia como esqueleto de cualquier país para el funcionamiento mas o menos afinado de la sociedad que tal estado rija.
En el extremo opuesto, los totalitarismos estatales, todos de derechas, se han distinguido por imponer una estructura estatal que agobia, acosa e inunda todos los ámbitos de la sociedad civil haciéndose omnipresente en todos los niveles, desde el ejercicio del mas individual derecho ciudadano al libre pensamiento al proceder colectivo que como el gran hermano de Huxley todo controla.
Entre los estados anoréxicos, que ni los derechos mínimos de salud educación, trabajo y vejez aseguran a sus ciudadanos y los que todo menos la libertad, dicen conceder a los suyos, están aquellos otros que provenientes de culturas sociales de equilibrio y equidad, se están dando, unos más que otros, a un adelgazamiento estatal exactamente equivalente a la obesidad creciente de los intereses de las grandes corporaciones.
Así, cuando tal tendencia llega a países como España, país sin tradición democrática, - lo de la transición era solo ansias de libertad-, se da la paradoja, de que aun contando con una ley fundamental casi calcada de la alemana, nuestros políticos, en vez de desarrollarla y aplicarla respecto a los derechos básicos que en ella se contemplan, se han limitado a desarrollar aquellas áreas de actuación que más interesan a los poderes económicos, los cuales consienten en que los políticos extiendan administrativamente su territorio de dominación, dando cobijo, bajo presupuestos públicos, a cada vez mayor número de ociosos militantes que son alojados en una administración pública cada vez más extensa pero que cada vez presta directamente menos servicios.
Incluso aquellos que partían ideológicamente de posiciones supuestamente más proclives a defender un estado fuerte, se percatan de que para cubrir su principal objetivo personal y colectivo como clase política, vivir tranquilos, lo que han de hacer es tener el menor grado de exposición a la exigencia de responsabilidades que la ley contempla, para lo cual tomaron decidida pero discretamente dos determinaciones.
Una, asegurarse, en reciproco pacto con el sistema judicial, una serie de privilegios exclusivos, para que en caso de que les llegasen mal dadas las cosas, poder evadirse de lo que para el resto de los ciudadanos supondría asumir penalizaciones legales.
Y dos, reducir los espacios de competencia estatal, para que así, el ejercicio de la dirección y gestión de la correspondiente administración sea cada vez mas menguante, tanto cuanto reducidas quedarían sus responsabilidades y con ellas sus posibilidades de acabar mal.
Por todo ello es por lo que, todos los que de la política viven, tienden a reducir la dimensión del estado, privatizando servicios, aunque estos, una vez privatizados, resulten mas caros de mantener y de peor calidad para los que los reciben.
De forma complementaria, si no nuclear, en el mismo platillo de su trucada balanza, en tales privatizaciones, en tales adelgazamientos estatales, podemos encontrar la otra poderosísima razón para que unos y otros así procedan. La asignación, casi siempre arbitraria, de la prestación de esos servicios a quienes desde el sector privado ven como así, por gracia del “gestor” de turno, su enriquecimiento queda por largo tiempo asegurado.
Y todos sabemos que la ley de Hooke establece que a toda fuerza de acción de le opone otra de reacción de igual magnitud y sentido opuesto. O dicho a las claras, que no hay toma sin daca o que nadie da besos de balde. Pero esta es otra en la que ya entraremos, porque como todos sabemos, en esto de la corrupción hay “correa” para todos.

(La foto que ilumina este post es de Eduardo Juan a quien felicito por su buen hacer con la luz).

LO QUE DICEN OTROS

LA QUIEBRA DEL ESTADO por Juan Fco. Martín Seco. Publicado en "Público" el 22/6/09.

"La crisis económica está obligando a un gran número de países a incrementar significativamente su déficit y endeudamiento público. Mientras sea para salvar entidades financieras y ayudar a las empresas, todo el mundo guarda silencio, nadie protesta, pero antes o después habrá quien se pregunte si esta situación es tolerable y hasta qué límite pueden aumentar los desequilibrios presupuestarios.
¿Un Estado puede quebrar? Parece que California está a punto de hacerlo. ¿Pero es un buen ejemplo? Creo que no. Las dificultades por las que pasan sus finanzas públicas tienen su razón de ser en el hecho de que, con anterioridad, sus políticos se han cerrado toda salida, limitando considerablemente su capacidad fiscal. Redujeron los gravámenes sobre el patrimonio y aprobaron la Proposición 13, consistente en que cualquier incremento de impuestos precisa el acuerdo de dos terceras partes de las dos cámaras, lo que convierte el objetivo en poco menos que imposible.
Hoy, la gran totalidad de los estados desarrollados cuentan con suficientes recursos para poder alejar cualquier fantasma de quiebra, siempre que estén dispuestos a aprovechar su potencialidad fiscal, muy dañada en la mayoría de ellos por años y años de neoliberalismo económico. Conviene no olvidar que la contrarrevolución deReagan-Thatcher comenzó por la reforma impositiva y Bush ha sabido ser un digno sucesor.España viene sufriendo, desde el año 1988, varias contrarreformas fiscales que han deteriorado progresivamente la suficiencia y equidad impositiva. Pero ese potencial existe, la presión fiscal está seis puntos por debajo de la media de la Europa de los Quince. Sólo se trata de que quiera usarse. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado recientemente que subir los impuestos no le parece una buena idea. La razón: que sólo el 4% de los contribuyentes declaran rentas superiores a los 60.000 euros anuales.
Conviene hacer varias observaciones. Primero, los 60.000 euros corresponden a la base imponible, que no es exactamente igual que la renta. En ocasiones existe una gran diferencia. Segundo, un 4% de contribuyentes puede representar y de hecho representa, un porcentaje mucho mayor de la renta nacional dada la enorme desigualdad que se da en su distribución. Tercero, una reforma fiscal no tiene por qué limitarse a subir el tipo marginal del IRPF; existen otros muchos aspectos a considerar, tales como el trato de favor que reciben las rentas de capital, el impuesto de patrimonio eliminado últimamente o la desaparición del régimen de transparencia fiscal, con lo que se permite que los más ricos eludan el impuesto mediante el sistema de imputar sus ingresos a sociedades.
Cuarto y último, una familia puede tener una capacidad económica considerable si confluyen en ella varias rentas, aunque cada una de las ellas esté por debajo de los 60.000 euros. La riqueza y la pobreza son siempre relativas. Para ese millón de parados sin ninguna prestación y para muchos jubilados, la mayoría de los que tributan por renta pueden parecerles unos potentados".

70 AÑOS, 56 ASESINATOS

Después de 70 años de uno de los mas horribles crímenes colectivos perpetrado por la dictadura franquista, 56 asesinatos, pareciera que permanece el sectarismo de entonces, casi en estúpido estado de guerra.
Mientras unos dicen recordar a las trece rosas, trece jóvenes trabajadoras, las más de ellas afiliadas a las Juventudes Socialistas Unificadas, otros, también por su lado dicen recordar a los suyos, los 43 claveles, fusilados unos minutos antes en las tapias del cementerio de la Almudena.
Este cinco de agosto se han llenado las paginas, las de papel y las electrónicas, de reseñas de aquellos que desde los partidos residuales, PSOE y PCE, -nada en común con los que antaño-, ahijaron a los asesinados, adueñándose de forma tan instantánea como mediática e interesada de la vida y la muerte de aquellos que hoy repudiarían su proceder político y social.
Las trece rosas eran unas jóvenes trabajadoras concienciadas y comprometidas políticamente en la defensa de unos ideales y de un estado democrático en guerra con la opresión y los dogmatismos. Eran trece jóvenes que militando nueve de ellas en las Juventudes Socialistas Unificadas, tres en el PCE y una de ellas sin adscripción política alguna, sufrieron la sinrazón de un fascismo tan analfabeto, desalmado y asesino cuan católico, apostólico y romano decían y dicen ser. Jóvenes que de su adscripción habían hecho un compromiso político por el que se mantuvieron en una organización clandestina a la que sus dirigentes, contando con los medios necesarios, ya habían abandonado huyendo de la represión que ellas afrontaron.
Se puede entender que a todos, todos y todas, los asesinados por la mas negra de las españas, se les homenajee, y que ese homenaje lleve uncido el rechazo a la muerte impuesta y a los asesinos a sueldo, lo que no entiendo es que se apropien de esas muertes aquellos que hoy, en la “normalidad” democrática, serían rechazados por los sujetos del homenaje.
Como entender si no, que el actual PSOE, situado en las mas complaciente derecha capitalista se sume a estos homenajes cuando los principios de aquella organización juvenil eran “la defensa diaria de los intereses de la juventud trabajadora, la educación en el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, la capacitación de los jóvenes obreros para fortalecer y desarrollar la organización y luchar en la vanguardia de la juventud, agrupándola contra el fascismo y por la victoria del socialismo”.
No cabe desde mi punto de vista mas falsedad e hipocresía histórica. Hoy y ayer.
La hipocresía de hoy no es necesario demostrarla por evidente, -ahí están los hechos del zapaterismo para con los jóvenes españoles-, pero es que entonces, cuando en agosto del 39 fueron fusilados estos y estas ciudadanas, ya el PSOE había dado instrucciones para el abandono de la JSU por parte de aquellos jóvenes a los que como partido político controlaban, es decir que para cuando se produce el masivo asesinato, 5 de agosto de 1939, el PSOE ya había traicionado lo pactado en 1936 cuando se fusionaron las organizaciones juveniles del PCE y del propio PSOE.
Si antaño la supuesta radicalización de los “jusos” fue el motivo aducido por el entonces socialista PSOE para traicionar a la organización surgida al inicio de la guerra, ¿que no haría hoy este PSOE de Zp si alguna organización similar mantuviese no ya aquellos principios ajustados y necesarios a las circunstancias de aquella época, sino si solo se limitasen a propugnar y defender criterios de igualdad, libertad, verdad y justicia social?.
Por eso, ayer, muchos de los que, ya muy mayores, asistían al homenaje, no entendían que pintaban allí gente como Leire Pajin y Tomás Gómez. Gente que, con los limites que les impone el actual sistema, también toman represalias hacia quienes ellos, unilateralmente, declaran desafectos a su régimen.

LA BANCA AL SERVICIO DE "SU" PAIS

LAS PYMES SOLVENTES SE QUEDAN SIN CREDITO por Eduardo Segovia. Publicado en El Confidencial el 2-8-09 (Extracto)
"En las presentaciones de resultados de las últimas dos semanas, los principales bancos y cajas de ahorros han insistido en que todos ellos siguen dando crédito a los clientes "solventes" (en la época del boom esta puntualización no se hacía). Pero habría mucho que discutir sobre esta afirmación, a la luz de miles de casos de pequeñas y medianas empresas que no consiguen financiación para cubrir sus necesidades básicas, o bien la consiguen con unas condiciones inasumibles, mientras que grandes inmobiliarias cuya solvencia no es real logran refinanciar su deuda sin problemas. Algo que empieza causar verdadera indignación en los colectivos de pymes, indignación que no hace sino crecer con la clara preferencia de las entidades por invertir en deuda pública en vez de dar crédito.
"La operativa de la banca es la siguiente", explica una fuente perfectamente conocedora del asunto: "En cuanto una pequeña empresa tiene un impago, aunque sea un cliente de toda la vida, es un sálvese quien pueda, todo el mundo huye despavorido como si tuviera la peste. Pero en el caso de los promotores, como la banca está harta de comerse activos, les dan una línea de crédito para que al menos paguen los intereses de la deuda y darles bola durante dos años a ver si se arregla esto y pueden volver a pagar". Para justificar esto, se supone que el promotor aporta garantías adicionales, normalmente suelos con muy poco o nulo valor. Es decir, niega el crédito a los solventes y con los insolventes amplía el riesgo todavía más, con otro crédito sobre el crédito moroso. Justo lo contrario de lo que pregona.
La casuística es enorme y afecta a todas las entidades, aunque en mayor medida a las más grandes. Pequeños empresarios -dueños de tiendas, de bares, de empresas de servicios, de peluquerías, etc.- que son clientes de toda la vida de su entidad y que se han encontrado con que, justo en el momento en que lo están pasando peor por la caída de las ventas y por la dificultad para cobrar las facturas que les deben-, el banco le corta el grifo. No puede pagar las nóminas, ni a los proveedores, ni a Hacienda, ni a la Seguridad Social. Y si quiere reabrir su línea de crédito, la entidad le mete un diferencial estratosférico frente al Euribor o le obliga a poner más garantías: el local donde desarrolla la actividad si es suyo; y si no, su propia vivienda.
En la mayoría de los casos, se trata de gente honrada y solvente que no se ha retrasado jamás en el pago de sus cuotas, que está al día con sus impuestos y cotizaciones, que normalmente tiene contratados más productos de la entidad -planes de pensiones, fondos de inversión, seguros...- y que nunca ha dado motivos al banco o caja para que le consideren "sospechoso". Pero da igual. El argumento es que ahora el departamento de riesgos ya no aprueba las operaciones que se hacían antes (en provincias es muy socorrido echar la culpa a "Madrid") y que la financiación se ha encarecido mucho para el banco, por lo que no tiene más remedio que pedir más garantías y trasladar el coste del dinero al cliente. Pocas veces se alude a que el euribor está en mínimo histórico o a que los bancos tienen barra libre para conseguir todo el dinero que quieran del BCE al 1%.
Ahora bien, todo esto no rige si se trata de un promotor inmobiliario. En las últimas semanas hemos visto a las grandes inmobiliarias que siguen vivas anunciar muy orgullosas la refinanciación de su deuda, lo que les quita la presión de la quiebra durante un par de años; la última en anunciarlo ha sido Realia, hace unos días, y antes que ella fueron AISA, Afirma, Reyal Urbis, Renta corporación o San José, y se mantienen las conversaciones para intentar salvar a la que tiene la situación más delicada: Nozar. En otros casos, la refinanciación no ha sido posible y los bancos se han quedado con la promotora: Colonial o Metrovacesa.
"La banca se ha dado cuenta de que provocar el concurso de acreedores no es bueno para nadie, y ha aprendido de los errores de Hábitat o Martinsa. Ahora es mucho más proclive para hablar, negociar y dar hilo a la cometa antes que tener que provisionar de golpe deudas millonarias. Porque estas provisiones destrozarían la cuenta de resultados justo cuando llega la segunda oleada de morosidad, y a más de una la pueden poner al borde del precipicio", explican en una consultora. Otra cosa es que, muy probablemente, dentro de dos años el problema no se habrá resuelto y será todavía más grave. Pero ésta es la estrategia por la que han optado el sector, el Gobierno y el Banco de España: no reconocer los problemas, ir aguantando como se pueda y confiar en que las cosas se arreglen solas.
Al final, todo se resume en una frase muy socorrida en el sector: "Si le debes al banco 100.000 euros, tienes un problema; si le debes 100 millones, el que tiene un problema es el banco".

ESCANDALO Y HEDOR

Lean Vds. lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre el término escándalo:
"~ activo. 1. m. Dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual del prójimo".
Es para mi esta la acepción que más le cuadra al escándalo que dos señores, que pasan por ser jueces pero más son amigos de un encausado, han provocado en este agosto español, porque lo del hedor, así las "amistades", es incuestionable.
Sea cual sea la acepción que elijan de entre las que la Academia nos brinda, corta se ha de quedar si, hablando de escándalos, pasásemos de contemplar el provocado por el archivo del “cohecho no delictivo” de Camps y sus amiguitos del alma, a, ampliando el ángulo de análisis, repasar los hechos de corrupción que de forma generalizada ocurren y se silencian en este menguante país nuestro.
No teman, que no haré un exhaustivo repaso a todas la corrupciones existentes por mi conocidas, tan solo recordaré que los que hoy dicen estar escandalizados por la posible prevaricación judicial, tanto o más deberían estarlo por el permanente estado de cohecho, prevaricación, dolo e ilegal enriquecimiento que la inmensa mayoría de los que de la política viven practican permanentemente, tanto de forma individual como colectiva y partidaria.
Multitud de casos de municipios con sus alcaldes acusados de corrupción, muchos de esos casos ya con sentencia firme, infinidad de sucesos menores todos conocidos por los vecinos de miles de pueblos en los que el nepotismo y la arbitrariedad acaban aposentándose con naturalidad entre sus ciudadanos.
Comunidades autónomas enfangadas en diversas formas de corrupción y chantajes, desde la madrileña, crisol de todas las corrupciones, urbanismo, espionaje, nepotismo, prevaricación, cohecho y tantos delitos más con los que, miren por donde, los sacrificados y muy profesionales jueces madrileños aun no han conseguido que un solo alcalde o concejal del oficial partido de la derecha haya acabado en la cárcel.
Y el resto de esas sanguijuelas estatales, las comunidades autónomas sin distinción de color político, en la misma situación. Enladrilladas tanto cuanto los corruptores hayan pagado a los administradores públicos, y de paso, por aquello de la diversificación de mercados, chantajeando algunas de ellas a los gobiernos centrales, esos que de sus particulares conveniencias políticas han hecho necesidad política nacional y han institucionalizado y dado por bueno que las llamadas matemáticas parlamentarias sean un estúpido eufemismo del mercado persa en que, con nuestro dinero, han convertido lo que dejó de el ser centro de la mas alta representación ciudadana, el Parlamento Nacional.
Ha calado tanto en el alma ciudadana su proceder, su corrupto proceder, que ya nadie se escandaliza mas que con banalidades, que tienen tanto de delictivas como de folletín, -reality les llaman hoy-, por el comportamiento personal de los presuntos delincuentes mas o menos aforados.
Nadie se escandaliza de que nunca jamás se haya hecho balance general o particular del patrimonio de algún cargo público tras su salida de la política, a pesar de que existe un registro obligado de bienes e intereses para los que nos representan, registro que por supuesto es secreto, no vaya a ser que nos enteremos, bien de lo que unos acumularon antes de permitirse el lujo de pasarse a la política y el incremento que está les añadió, o de lo tiesos que estaban otros, antes, que no después, de exprimir los frutos prohibidos de la política, frutos que a lo que se ve son consentidos judicialmente si el político supuestamente delincuente cuenta con amigos hasta en el infierno de la nunca depurada judicatura.
Es tal el grado de alejamiento ciudadano de la degradada y apestosa práctica política actual, y tan grande la influencia que este proceder ha extendido en la sociedad española, que son miles los ciudadanos, de las mas diversas condiciones sociales, que no solo no sienten repugnancia por el proceder de los que de la política se lucran, es que, en contra de la mas elemental ética ciudadana, los envidian, y cada día se oye más aquello de…”que no me den, que solo me pongan donde haya”.

Mientras unos se alejan asqueados, otros, de forma indecente, solo envidian el no poder convertirse en nuevos atracadores de lo publico, y así, esta nación, en contra de lo que decían los profetas del desastre interesado, no se rompe, “solo” se corrompe.

LA ETICA, LA ESTETICA Y EL CODIGO PENAL.

Tengo para mi que el más escaso sentido ético habría de prohibir a quien lo posea que ningún otro pueda establecer, no ya jurídicamente, ni tan siquiera mentalmente, alguna relación entre cualquier decisión administrativa de carácter económico y la percepción de algo mas sustancial que un agradecimiento verbal por parte del administrado.
Decía hace solo dos días que estaba al caer el archivo del caso de los trajes del figurín Camps y su otro amiguito del alma, el postinero Costa. Y como los que dictan sentencias están a lo que están, no han permitido que me equivoque en mi augurio. Han demostrado que la justicia está al servicio del poderoso y que muy distinto hubiese sido el trato si el perceptor de los trajes, relojes y demás lujosa quincalla hubiese sido un anónimo funcionario hipotecado.
Dejo para los juristas la interpretación evasiva de lo que legalmente se pueda argüir en torno a este autentico fallo de ese Tribunal Superior de…..eso del País Valençia. Ni me importan sus razones, ni el conjunto de ellas por fundamentadas en la ley que pudieran estar, ya que ni aun así pueden sustituir, y menos de forma ejemplarizante, al básico concepto ético que todo ciudadano de bien tiene a este respecto.
Si algo queda claro en este, como en otros muchos casos en los que los poderosos se ven involucrados, es que tiene mas peso la estética, la de los trajes y las de los trajeados, que el injusto adefesio jurídico que con este tipo de proceder obligan a vestirse a todo un país.

Me pregunto si en el Código penal o civil, vaya Vd. a saber que uno es de ciencias, está perfectamente tipificada la prevaricación “apropiada”, porque de ser así, alguien, quizás, pudiera y/o debiera confeccionarles también jurídicamente un traje a rayas a estos ejemplares en riesgo de extensión.

LO QUE DICE....J.FCO. MARTIN SECO

"Financiación autonómica" por Juan Francisco Martín Seco
"Con la financiación autonómica ocurre como con las reformas fiscales: el Gobierno de turno se empeña en repetir que todos ganan. Lo cual no es cierto en ninguno de los dos casos. Siempre se utiliza el mismo truco, olvidarse del coste de oportunidad, aunque éste, que duda cabe, existe. En las reformas fiscales es evidente que los recursos empleados en reducir los impuestos o bien se cubren incrementando otros o reduciendo bienes y servicios públicos. La ganancia o pérdida para cada uno dependerá de cómo se haya distribuido la reducción del gravamen y del uso y necesidad que se tenga de los servicios del Estado. Normalmente, ganan los de arriba y pierden los de abajo.
En la financiación autonómica, el hecho de que el saldo que obtengan todas las Comunidades sea positivo sólo implica más poder para los políticos locales, pero no necesariamente un mayor bienestar para toda la sociedad. El incremento de recursos para las Comunidades se cubre con fondos del Gobierno central, es decir, de todos los ciudadanos. Todos costeamos esas mayores aportaciones, y -según se distribuyan- los ciudadanos de cada Comunidad ganarán o perderán dependiendo de si el beneficio es mayor que el coste o viceversa.
Es por tanto de suma importancia que la distribución se realice con la máxima objetividad y que quien distribuya no esté sometido a coacción o a posibles sobornos. Nuestro sistema está viciado en el inicio, desde el momento que en el Congreso se asientan partidos nacionalistas y regionalistas interesados exclusivamente en su Comunidad y que prescinden abiertamente del interés general. Si el Gobierno central no posee mayoría absoluta, se ve forzado a buscar el apoyo de alguno o algunos de esos partidos minoritarios que tan sólo se lo prestarán a condición de que se beneficie a sus regiones frente al resto.
Hablamos de posible cohecho, lo cual es lógico, en cuanto nos enteramos de que un político o un funcionario con capacidad de decidir reciben un regalo de un contratista, pero ¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un Gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?"