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La controversia sobre cómo salir de la crisis está servida pero en lo que no hay discrepancias es en que el origen de la misma ha sido el mantenimiento y el apoyo gubernamental a la construcción como principal agente de actividad económica.
No es imputable al zapaterismo el origen del ladrillismo y de los pelotazos inmobiliarios que durante años inflaron el ego de especuladores y comisionistas haciéndonos sentir que éramos los reyes del mambo económico mundial, pero si se le ha de cargar en el debe del cadáver zapaterista, en su inmenso debe, el mantener, apoyar y promover una actividad que impedía poner firmes soportes de desarrollo sostenido y sostenible para el futuro.
Así, la planificación territorial fue orillada antes los intereses locales de fáciles ingresos y rápidas ganancias, se despreciaron actividades generadoras de empleo y valores añadidos permanentes y todo se supeditó a los intereses de los poderosos del ladrillo.
De otra parte, la política de infraestructuras públicas se contagio de la falsa grandilocuencia que los temporales ingresos fiscales originados por la construcción residencial generaban al Estado, por lo que se acometieron obras absolutamente desmesuradas cuando no absurdas y condenadas al fracaso.
52 aeropuertos en España cuando en Alemania hay 8, puertos deportivos en cada pueblo costero cuando España es el país con la relación más baja de entre las europeas de embarcaciones de recreo por kilómetro de costa, y el nº uno en km de líneas de alta velocidad cuando eso sí, tenemos la red de carreteras libres más obsoleta y menos cuidada de la E-15.
¿Que demuestran estos intencionados desatinos? La servidumbre de la gestión política a favor de los intereses de los poderosos del dinero, la corrupción generalizada que esas actitudes han originado y el consiguiente desamparo de la inversión en el mantenimiento del estado de bienestar.
En paralelo, tal frenesí ladrillista ha tenido como indeseable acompañante un daño tal al medio ambiente que será imposible recuperar lo perdido. Ciudades invivibles, eriales convertidos en colmenas de viviendas fantasmagóricas en perdidas estepas, semi-desiertos consumiendo ingentes cantidades de agua a fin de ofrecer el espejismo de praderas de golf y costas absolutamente arrasadas por la fiebre de la especulación.
Las leyes urbanísticas locales y autonómicas pisoteadas y mercadeadas por corruptores y corruptos, la ley de costas ignorada, cuando no simplemente aplastada vía hechos con el consentimiento de todas las administraciones, los vertidos, incontrolados, la gestión del agua sometida a intereses de empresas sin escrúpulos y de servidores públicos venales y los ríos y mares en trance de ver como desaparece la vida de su seno.
Si el futuro se acabase concretando en esos cuadros de oscuridad y agobio con la que nos lo pintan cada día más películas de ciencia ficción, hemos de aceptar que el zapaterismo ha asfaltado un buen trecho del camino que conduce a tan tétrico futuro.
En ocasiones, al zapaterismo se le ha asociado el término estupidez como calificativo del resultado de una acción política que pretendía lo contrario de lo deseado y una de esas ocasiones en las que ha estado y está más que merecida esa asociación es con el resultado obtenido en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Es ejemplo de estupidez digna de mención lo sucedido con una buena, necesaria y aplaudible idea por la cual el estado en su obligación por velar por la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos se ocupe de aquellos que por edad o por enfermedad o por ambas circunstancias se ven altamente disminuidos en sus capacidades físicas, de forma tal que precisan de ayuda de otros y/o rehabilitación síquica o física.
Esta magnífica idea se concretó en una ley que nació con errores tales que han condicionado y condicionan el autentico fin de la misma. Esta ley nació con el tremendo error de encomendar a las comunidades autónomas la aplicación de la misma, estableciéndose a posteriori una formula de reparto de los costes por la cual quedaba en manos de los gobiernos autonómicos la decisión final de reconocer individualmente el grado de dependencia de los ciudadanos de su región y de aplicar las ayudas, variadas y no solo económicas, que en la Ley se contemplan.
De este inmenso error, -se rehuyó el atender la dependencia de forma centralizada a fin de asegurar la igualdad en las calificaciones y en las ayudas, como se hace con las pensiones-, se ha llegado, como no podía ser de otra forma, a la impresentable situación actual, situación que de forma resumida conjuga desatención a la mayoría de los dependientes, desigualdad en las ayudas, no aplicación de las mismas a pesar de haber sido reconocidos los derechos individuales por los correspondientes servicios de calificación y finalmente suspensión en el pago de las prestaciones escudados los politicos en la situación de crisis económica.
La comunidades autónomas del PP no ocultan el boicot a la aplicación de la ley, las autonomías gobernadas por el Psoe, -ya solo Andalucía-, acumulan retrasos incontables en el reconocimiento y en el pago. De las primeras, muchas se niegan a pagar aduciendo la falta de pago de la parte que debía aportar el gobierno de la nación, este aduce que son ellas las que tienen que adelantarlo y como resultado de todo este lio de camarote de los hermanos Marx, los ciudadanos dependientes siguen sin poder ejercer el derecho de acceso a unos servicios y ayudas que la ley debiera proporcionarles.
Si no fuera suficiente lo anterior para “botar” a estos incompetentes zapateristas, unos y otros han optado por generalizar solo la ayuda económica por asistencia de tercera persona, de tal manera que aquellos que la reciben, los menos, ven como no pueden acceder a los servicios de rehabilitación y recuperación junto al resto de sus conciudadanos dependientes, por la sencilla razón de que esos servicios no existen, ya que nadie, ni de una administración ni de otra, se han ocupado de la que es la centralidad de la razón de ser de la ley, habilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos dependientes rebajar su nivel de dependencia.
Ya ven como una buena idea, un buen mecanismo de ampliación del estado del bienestar, se convierte en otro elemento más de diferencia en el ejercicio de los derechos ciudadanos según se viva en una región u otra, al tiempo que se comprueba, otra vez, como los derechos básicos se someten a vaivenes económicos y a voluntades particulares y políticas que debieran estar sometidas al mandato de la ley.
Que este país jamás ha tenido una política industrial digna de tal nombre es más que sabido ya que aquí siempre se ha confundido interesadamente política industrial con política de subvenciones a la industria, pero desde que al ministerio de Industria llegó el intermoneytario y fracasado pretendiente a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, esa política industrial de subvenciones a amigos se transformó en un mercadillo persa en el cual todo el presupuesto público y el cada vez mas escuálido presupuesto de los ciudadanos se puso a disposición de las eléctricas.
Si en los últimos años España consiguió despuntar en algún sector industrial ese fue en el de las energías renovables y especialmente en las fotovoltaicas, hasta el punto de ser punteros a nivel mundial la tecnología y los componentes aquí desarrollados. Pero quizás por facilitar estas tecnologías la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros pudiéramos, al menos en parte, “independizarnos” de los oligopolios eléctricos, es por lo que desde el Ministerio se cortocircuitó tal posibilidad derruyendo el avance conseguido al suspender las ayudas a las fotovoltaicas y concentrándolas en las eólicas que son propiedad de las FECSA, Endesa e Iberdrola, con el único propósito de engordar y mantener el dominio de estas sobre una clientela cautiva y maltratada.
Si antes de la llegada de este tiburón de las comisiones el precio de la luz subía una vez al año, desde que implantó sus reales posaderas en el ministerio, don Miguel Sebastián Gascón ha ido efectuando “actualizaciones” de la factura eléctrica, primero cada seis meses y ahora cada trimestre.
Y nada de tener en cuenta la inflación o el coste de la producción, no, don Miguel se inventó un mecanismo por el cual las propias eléctricas pujan trimestralmente por el precio del kilovatio que ellas mismas producen y lo resultante de su puja nos lo aplican en la factura de la luz a los cautivos y no sé hasta qué punto imbéciles consumidores.
Permítanme en este punto una odiosa comparación. En Francia la factura eléctrica se desglosa atendiendo al porcentaje de producción mensual de la energía según su origen, ya que no les cuesta lo mismo producir un Kw de electricidad hidráulico, que térmico o nuclear. Pues aquí no, aquí lo único que cuenta es lo que quieren ganar los oligopolios.
Y como todo tiene una explicación, la que sigue no sé si corresponde a la realidad, pero me afanaré en comprobar lo que me cuentan, que la agencia de intermediación de don Miguel es la que efectúa casi en exclusiva las operaciones de capital de esas compañías eléctricas a quienes el ministro trata con tan especial y continuada delicadeza y atención.
Eso sí, don Miguel, al menos ha intentado que el consumo eléctrico se modere y disminuya, pues como todos podemos recordar, y recordaremos por mucho tiempo, dedicó una millonada de euros a comprar y posteriormente repartir, unas bombillas de bajo consumo que nadie ha visto por ningún lado. Claro que para compensar la disminución del consumo eléctrico que esas fantasmales bombillas le acarrearían a sus queridas eléctricas, don Miguel, se ha gastado otra millonada en subvencionar el desarrollo y fabricación de cochecitos eléctricos que al igual que las bombillas deben estar almacenados en una cuarta o quinta dimensión….de los atracos oficiales.
No olviden Vds. la siguiente predicción: el 21 de noviembre de 2013, el día en que se cumplirán los dos años que la ley establece como periodo en el cual no se pueden desarrollar actividades privadas que hayan tenido relación con la actividad oficial de don Miguel como ministro de industria, ese mismo día pasará a formar parte del consejo de administración de alguna de las eléctricas a las que tan bien trata con nuestro dinero. ¡Al tiempo!
Muchos son los hechos que evidencian el envilecimiento de la política en España y el consiguiente desapego y desprecio que hacia ella sienten los más de los ciudadanos. Muchos casos y formas de corrupción, -que en días sucesivos traeré al recuerdo casi saturado de desvergüenzas de los políticos-, inundan estos ocho años de infamia nacional, pero entiendo que lo más grave es la naturalidad con la que se mezcló la acción política con los negocios desde el primer hálito del zapaterismo allá por el año 2000.
Ese mismo año, en Madrid se rumoreo por muchos un supuesto pelotazo, al parecer acaecido en lo que entonces era terreno rustico en San Sebastián de los Reyes y que por las buenas artes de José Luis Balbás, embajador de Pepiño en Madrid, fue recalificado de forma rauda, obteniéndose unas plusvalías de más de mil millones de pesetas que, a decir de algunos, fueron a parar a arcas próximas a la recientemente elegida cúpula del Psoe. Dicen.
Sin constancia documental de tal hecho, lo traigo a colación como feble ejemplo, pero ejemplo a la postre, de cómo desde el nacimiento del zapaterismo anidó en el acerbo colectivo de entonces, sin que tal degeneración acarrease consecuencia o critica alguna para los aludidos, el morganático matrimonio de la política zapateriana con los negocios.
Inacabable sería la lista de aquellos que de la política hicieron medio de enriquecimiento, de desclasamiento, de acumulación y de vía de transito a posiciones políticas diametralmente opuestas a las que venden y vendían a sus autistas seguidores.
Taguas y su conocida intermediación desde la Oficina Económica de presidencia del gobierno a favor de empresas constructoras que poco después le pusieron al frente de su asociación patronal y al frente también de una multimillonaria retribución que por abundante que es, es un pálido reflejo de lo que debieron recibir los agradecidos ladrilleros.
Los enjuagues y líos y posteriores beneficios de don Carlos Arenillas, a la sazón esposo de doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo ministra de Educación, Política Social y Deporte en el gobierno de Zp de 2006 a 2009, y protegido de Miguel Sebastián ya que fueron socios cofundadores del grupo CIMD y de Intermoney, que primero fue nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y después presidente de la misma tras maniobrar en contra de su presidente, Manuel Conthe, por unas supuestas discrepancias sobre política industrial, o lo que es lo mismo pero en cristiano, subvenciones y ayudas a tales o cuales amigos y uso de información privilegiada para operar en bolsa.
Subiendo escalones en los niveles de responsabilidad los casos de Solbes y de González han sido y son dos paradigmas de inversión política a medio plazo.
Me explico. Tanto Solbes como González fueron adalides de la deriva derechista del Psoe y de sus gobiernos hacia políticas económicas que diesen plena satisfacción a lo que hoy llaman mercados, es decir, el conjunto de tiburones empresariales que entienden el patriotismo en función del caudal de dineros publicos que les llegan.
Así, Solbes, tras pelear arduamente contra los intereses económicos defendidos por el PP, intereses que pretendían que ENDESA fuese semi-regalada a los alemanes, consiguió que la empresa nacional de electricidad fuese semi-regalada a los amigos de Berlusconi, a ENEL empresa nacional italiana de electricidad, la cual y a los dos años y un día después de cesar como ministro de Economía y Hacienda, y rompiendo una norma centenaria, nombró a Pedro Solbes consejero de ENEL, siendo el primer extranjero que entraba a formar parte de tal consejo.
Lo de González no es muy distinto de lo de Solbes y por ser de sobra conocido no lo glosaré, pero si recordaré sus relaciones con Gas Natural, empresa de la Caixa y con Carlos Slim, magnate mejicano y especulador internacional, relaciones que se quiera o no son siamesas de las de Aznar con Murdoch y también con Gas Natural.
Si fuesen pocos estos escasos ejemplos me permito dirigirles a Vds., amables lectores, a la web del Congreso de los Diputados a fin de que puedan acceder a la declaración de bienes e intereses de los trescientos cincuenta padres de la patria. Allí podrán establecer la distancia económica y patrimonial que les separa a Vds. de ellos.
Esa debiera ser la exacta distancia que debiera haber entre cada uno de nosotros, gente de izquierda, y ellos el próximo día 20 de noviembre.
En todo lo relacionado con la justicia, o por ser más exacto, con lo relacionado con el sistema judicial, el Psoe ha actuado como actuó el franquismo, dejando en manos de los entonces llamados “cristianos”, -ahí está el presidente de tribunal supremo-, el poder de interpretar las leyes y el poder de organizarse de forma absolutamente corporativa, sin tener que dar cuentas a nadie y facilitando que sus miembros pudieran ejercer aquello tan franquista de responder solo ante dios y la historia.
La supuesta y cacareada independencia judicial no solo ha brillado por su ausencia sino que como nunca la dependencia, la supeditación de los cargos judiciales ha sido, y es, total y absoluta respecto de los partidos políticos. Desde la composición del tribunal constitucional, hasta la composición de tribunal supremo pasando los nombramientos del consejo general del poder judicial y acabando con el tribunal de excepción que es la audiencia nacional, todos esos puestos han sido ocupados por designados por los partidos políticos, de ahí los escándalos judiciales producidos al arrimar en exceso el ascua partidaria a sentencias impresentables que les afectaban.
Si a lo anterior sumamos una creciente tendencia por la cual los tribunales son ágiles y atentos con los poderosos, -en quince días revocaron una sentencia de cancelación de pago de una hipoteca por dación de la vivienda-, esos mismos tribunales se eternizan cuando quienes acuden a reclamar justicia son ciudadanos de a pie, por no hablar de las prevaricaciones, dolo y persecuciones judiciales efectuadas por los jueces mas ultraderechistas a quienes el consejo general del poder judicial, dada su composición, mima y respalda hasta el punto de perseguir a uno que era de los suyos, Garzón, por haberse atrevido a poner en marcha lo establecido en la inicial ley de la memoria histórica, persecución que ha contado con el silencio cómplice y culposo del cobarde progresismo zapaterista.
En temas de relaciones exteriores les aseguro que voy a hacer un esfuerzo de contención ya que conocí directamente las oscuras y lesivas maniobras de la actual ministra contra el que ha sido uno de los pocos aciertos en la selección de personal que tuvo Zp, Miguel Ángel Moratinos.
Es por ello que solo recordaré la continuidad de las relaciones exteriores en la línea de actuación franquista que respecto a la Republica Árabe Saharaui Democrática está teniendo este gobierno y esta su frívola ministra, quien ha pasado de exhibir pegatinas pro-saharauis en su pechera a ignorar los compromisos que Zp adquirió en su momento con la RASD, vendiéndose en cuerpo y alma a los encantos del sátrapa del sur.
Huelga el mencionar la total y absoluta entrega de los intereses de los españoles, rayana en la traición, a los intereses de todo aquel que sobre la mesa ha puesto algo más que un euro. Ante Estados Unidos, sumisión y obediencia y dos guerras, ante Francia y Alemania negocios y concesiones y ante Marruecos una curiosa mezcla de entrega y displicencia. En resumen, diplomacia de tercera regional y negocios privados de primera.