EL ATRACO NACIONAL

No hace mucho, allá por mediados de diciembre, la ministra delegada de la banca en el consejo de ministros, doña Elena Salgado, afirmó sin rubor alguno que todas las demandas de la patronal estaban incluidas en la Ley de Economía Sostenible. Y no mentía.
A punto de acabar este primer mes del año, los trabajadores ya han podido comprobar cómo la subida de las retenciones mensuales por el IRPF se ha comido, y con creces, las raquíticas actualizaciones de sus salarios, al igual que la inmensa mayoría de los pensionistas que han visto así reducidas sus disponibilidades liquidas mensuales.
Mañana viernes 29 de enero, el consejo de ministros aprobará la ampliación de la edad de jubilación desde los 65 años actuales a los 67, lo cual condena a todos los componentes de las generaciones de trabajadores de menos de 50 años a tener que trabajar al menos dos años más para poder obtener el 100 % de la pensión pública entonces existente.
Se espera que para dentro de unos meses las partes representadas en el pacto de Toledo, gobierno, sindicatos y patronal, hayan acordado una nueva reforma del sistema de pensiones por la cual y para no variar, se procederá al establecimiento de una ampliación del plazo de tiempo que servirá de referencia para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. De tal forma se obtendrán unas pensiones más bajas que las actuales en cuantías que fluctuarán entre el 20 y el 40 % según sea la ampliación que finalmente se establezca.
De esas futuras reuniones también se espera una rebaja en las cotizaciones sociales, pero que nadie se llame a engaño, solo serán rebajadas las cuotas patronales. Y para dar cumplida cuenta de la afirmación de la ministra de Economía y Hacienda, la antigua militante de Bandera Roja, sra. Salgado, en no mucho tiempo se procederá a reformar el mercado de trabajo, eufemismo que siempre ha ocultado una nueva desregulación laboral que ha aportado a la clase trabajadora española mas precariedad e inseguridad económica.
Finalmente, la guinda gubernativa a este histórico ataque coordinado de gobierno, oposición, patronal y sindicatos al sistema de protección social español ha sido la reiteración de otro atraco al mismo.
Cuando a pesar de los pesares, la Seguridad Social ha terminado el año 2009 con más de 8.500 millones de superávit, el mismo consejo de ministros que mañana se reunirá, destinará solo 2000 millones de euros al fondo de reserva, apropiándose de los restantes 6500 millones y destinándolos a lo que se ha venido en llamar la acción económica discrecional del gobierno. En plata, a gastarlo en lo que quieran. O mejor dicho, en lo que les ordenen sus amos los banqueros españoles, elogiados hoy hasta el empalago por Zp en el parlamento europeo.
Claro que como siempre que tales hechos suceden, y no tendrían por qué repetírnoslo, es por mantener y reforzar el sistema de protección social y cumplir aquello tan bonito de hacer más por los que menos tienen e impedir que la crisis la paguen los que no la han provocado.