¿IMPOTENCIA O TRAICION?

Aunque han transcurrido unas semanas desde su publicación, sigue vigente el análisis que Michel Rocard hace en el artículo que sigue. Lo tituló “El impotente poder de la socialdemocracia europea”, y aunque no comparto que la situación política europea se deba a impotencia sino a desidia y dejación, si no mera y simple traición de los partidos socialdemócratas a su añeja identidad, estimo que merece la pena conocer su visión.
"A primera vista, la democracia social europea parece estar en crisis. El desplome de Gordon Brown en el Reino Unido, la brutal conmoción de la recesión económica de España, las dificultades para renovar la dirección socialista en Francia, el desplome de la coalición de centro izquierda en Italia y las graves luchas intestinas dentro del PSD alemán son, todos ellos, ejemplos de la aparente incapacidad de la socialdemocracia para aprovechar la oportunidad, que la actual crisis financiera debería brindar, de ejercer una mayor influencia.
Pero la simultánea aparición y el carácter palmario de esos problemas son menos importantes de lo que parecen. Los errores o torpezas en el gobierno no son exclusivos de la izquierda: Bélgica está paralizada por la amenaza de ruptura, Austria sigue intentando consolidar una improbable coalición conservadora, Polonia está esforzándose por lograr un equilibrio estable para sus numerosos impulsos reaccionarios y el Presidente de Francia está alcanzando niveles de impopularidad sin precedentes.
Dos factores ayudan a explicar las incertidumbres europeas actuales: en primer lugar, la crisis económica y financiera internacional, que estamos superando bastante lentamente; en segundo lugar, la forma como los medios de comunicación están presentándola. A la combinación de los dos es, a mi juicio, a la que se debe la sensación de impotencia que está afectando ahora a toda Europa y puede parecer que caracteriza a la socialdemocracia en particular.
Al informar sobre la crisis, los medios de comunicación han insistido demasiado en la situación financiera y no han prestado la atención suficiente a la marcada desaceleración del crecimiento económico, pero es la recesión económica la que vuelve a todos los países desarrollados menos resistentes a las conmociones financieras resultantes del problema de las hipotecas de riesgo elevado y de los planes de préstamos mixtos a los que se recurre después para diluir los riesgos que entraña la deuda de aquéllas. De hecho, la combinación de incertidumbres bancarias, crecimiento más lento, mayor riesgo de desempleo y trabajo precario es la causante de la debilidad política que ahora vemos en el Reino Unido, España, Italia y otros países.
En eso estriba un problema ideológico real. En la segunda mitad del siglo XX se produjo la victoria de la economía de mercado sobre la economía colectivista. La izquierda, que antes había recurrido a Marx, quedó desorientada. Incluso la socialdemocracia, que era una excelente reguladora del capitalismo, en particular en Escandinavia, se quedó muda en la controversia entre keynesianos y monetaristas y éstos vencieron en todo el mundo desarrollado. El principio aceptado actualmente es el de que los mercados se equilibran óptimamente, sea cual fuere su estado, lo que quiere decir que ninguna intervención o regulación gubernamental sería eficiente ni deseable.
La crisis actual es un castigo severo por ese inmenso error intelectual. No sólo el declive de las regulaciones sociales y financieras antes aceptadas se refleja en la relativa, pero importante, reducción en los treinta últimos años de los ingresos procedentes de los salarios como porcentaje del PIB –y, por tanto, el gasto de los consumidores– en todos los países desarrollados, sino que, además, la abolición deliberada de los controles permite al sector bancario hacer lo que le plazca. Aun así, a juzgar por la mayoría de las informaciones de los medios de comunicación, las crisis paralelas de las hipotecas de riesgo elevado y de los planes de préstamos mixtos, que están paralizando las finanzas mundiales, son enteramente atribuibles a la “inmoralidad” de los bancos y en modo alguno se deben a un fracaso sistémico.
Dicho de forma sencilla, la desregulación, la privatización, la reducción de los servicios públicos y la conversión de los ingresos en el centro de la gestión de las empresas son fenómenos que vienen bien a demasiadas personas. A consecuencia de ello, la batalla política para recuperar el sentido del interés general –de las reglas y del equilibrio– será larga y dura. Lo que también está claro, aun cuando no se reconozca lo suficiente, es que dicha batalla será primordialmente de carácter intelectual: se debe devolver la legitimidad a la idea de que debe haber ciertas reglas fundamentales y organismos públicos de regulación.
Ésa debe ser la tarea de los socialdemócratas.... pero ahí es donde aprieta el zapato. Nosotros, los socialdemócratas, ya no podemos reñir esas batallas, porque el problema no es sólo ideológico, sino también cultural. Los medios de comunicación han dejado de ser comentaristas y han pasado a ser participantes que han secuestrado la política con imaginería lingüística. Ya sea accidental o intencionadamente, los medios de comunicación eligen solo las batallas que ofrecen el espectáculo más vistoso: choques de personalidades, violencia y represión, luchas por la identidad nacional y disputas sobre actitudes morales y sexuales. Para los medios de comunicación contemporáneos, las controversias técnicas sobre políticas carecen de interés, porque el auditorio que se interesa por ellas es limitado.
Por ejemplo, en la preparación de su próximo congreso, el Partido Socialista francés ha sucumbido a esa realidad. Ya sabemos que habrá fuegos artificiales de los medios de comunicación, pero se hablará poco de regulación económica. El caso de España, donde un gobierno competente y respetado está cargando con toda la culpa de una crisis financiera que comenzó en otras partes, es idéntico. En lugar de centrarse en la crisis exclusivamente, no cesa de agitarse delante de los medios de comunicación. Todo lo que amenace la estabilidad gubernamental vende periódicos y espacio publicitario, al tiempo que complica la resolución de los problemas subyacentes.
Dicho con la mayor sencillez, un sistema en el que los medios de comunicación se comportan así coloca no sólo la economía, sino también la democracia, en riesgo”.

LA CORRUPCIÓN MENTAL

El pasado día 24 publicó Carlos Sánchez en ”El Confidencial” un artículo que bajo el título de “Mas ética y democracia contra los abusos del poder y del mercado” trata lo que considero que son los cimientos de la corrupción política del sistema democrático, la transposición de los intereses colectivos por los intereses particulares o de grupo y la consiguiente justificación pública de tal degeneración.

“Los miembros de una sociedad en la que exista una sólida ética del trabajo tendrán más bienestar material que los de una sociedad en donde esa ética sea débil o no exista”. Así comienza un delicioso opúsculo publicado en 1995 por el Premio Nobel James M. Buchanan, en el que reflexiona sobre el papel de la ética en el progreso económico.
Buchanan, como se sabe, es el referente principal de la llamada teoría de la elección pública, que viene a ser una especie de viaje al interior de los factores que explican el funcionamiento del Estado. El economista estadounidense parte de una hipótesis para su trabajo. El funcionario público se comporta como un ser racional, y, por lógica, tenderá a sacar el máximo provecho de su cargo. Por lo tanto, hará todo lo que esté en su mano para ser reelegido, ya que está convencido de que su continuidad es la mejor garantía para el funcionamiento correcto de las cosas. Llegará, por lo tanto, al extremo de buscar primero el interés propio, y, en segundo lugar, el interés general, toda vez que éste dependerá de su propia reelección. Un caso práctico puede explicar mejor que nada esta teoría.
En la segunda mitad de 2007, antes de que la crisis de liquidez se desatara con una virulencia inusitada, la economía española dio los primeros síntomas claros de entrar en la fase descendente del ciclo económico. En particular, como consecuencia del enfriamiento del mercado inmobiliario, que durante los ocho años anteriores había sido el motor del crecimiento. Esa información era pública, y, por lo tanto, susceptible de ser interpretada en términos analíticos. Los gobernantes, sin embargo, optaron por callar esa verdad incómoda, y en su lugar hicieron ver a los ciudadanos que las cosas iban mejor de lo que sugerían los indicadores macroeconómicos adelantados. El incentivo que explica su comportamiento, en este caso, era ganar las elecciones, y eso puede explicar el error en el diagnóstico que se expuso a la opinión pública. Antepusieron, por lo tanto, su interés propio frente al interés general.
Imaginemos una situación parecida en un centro hospitalario. Un médico sabe que su paciente tiene cáncer, pero dentro del plan de productividad aparece una disposición que vincula su bonus anual al descenso en el número de cánceres diagnosticados, toda vez que eso demostraría que son eficaces los sistemas de prevención puestos en funcionamiento en el propio hospital.
El galeno, si se comporta racionalmente como un agente económico, tenderá a desdramatizar la enfermedad en los casos más inciertos, lo cual será una verdadera faena para el interesado, que estará de frente contra el cáncer cuando se observe el error. Claro está, salvo que la ética del galeno diga lo contrario. Entonces, el médico librará una batalla contra sus propios intereses, y si se mueve por criterios éticos eso le llevará a decir la verdad, aunque vaya contra su cuenta corriente.
Este esquema de pensamiento es inimaginable en el sistema político. El estímulo de la ética no aparece en el ordenamiento jurídico, probablemente porque por definición no puede estar tasada, y eso puede explicar mejor que nada determinados comportamientos de las élites políticas. La teoría de la elección pública niega que la autorregulación sea suficiente para evitar casos de abuso de poder, y de ahí que se proponga la articulación de mecanismos de fiscalización eficientes con mayor participación de los ciudadanos. En una palabra, mayor democracia. Pero también mayor ética en aras de lograr mayor progreso económico. La verdad ayuda a afrontar antes los problemas, por lo que las medicinas son más eficaces.
¿Alimenta nuestro sistema político esos dos principios? No parece que sea así. La actual crisis económica -no sólo en España- tiene mucho que ver con la ausencia de mecanismos de control, pero no sólo a través de los órganos reguladores. La experiencia más reciente ha demostrado, precisamente, que el incentivo del supervisor es la reelección y el mantenimiento de su estatus social y político, lo que les hace permeables a la influencia del poder. No hace falta enumerar los casos en los que los reguladores atienden a sus propios intereses en lugar del interés general. Y de ahí que sea necesaria una nueva reflexión sobre el papel de los supervisores en un mundo globalizado más allá del tópico que vincula mejor regulación con mayor número de leyes. A lo mejor con sólo avanzar en la ética sería suficiente para acabar con muchos estropicios.

CUESTION DE PELOTAS

El mismo día en el que el gurú Gabilondo denuncia que a él, en su propia cara, el pinocho Zp le mintió. El mismo día en el que el déficit del Estado se va hasta los 14.060 millones de euros. El mismo día que nos anuncian que los precios públicos de los trenes subirán un 6 %, más del doble que la pensión de jubilación media. El mismo día que vemos como, los amos de Zp, la banca, tratan a los que menos tienen robándole casi la mitad de lo que tenía depositado un afortunado inmigrante hindú. El mismo día en que nos hemos podido enterar como le bajan el IRPF a los banqueros del 43% al 18 %, ese mismo día, hoy, nos hemos enterado que los arsenales de la Guardia Civil de Madrid necesitan reabastecerse, para lo cual convocan un concurso público para la compra de 100.000 pelotas de goma.
En efecto, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, cuyo máximo responsable es Francisco Javier Velázquez, ha convocado un concurso público para el suministro de 100.000 "bolas de caucho antidisturbios" a la Guardia Civil, que serán utilizadas en la Comunidad de Madrid, "para la disolución de masas agresivas como paso inmediatamente anterior a la carga policial".
El Ministerio del Interior ha presupuestado un coste de 0,99 euros por cada pelota de goma, por lo que el precio del lote completo ascenderá a casi 100.000 euros, que serán abonados en dos anualidades.
Ante esto, caben desde mi punto de vista solo dos opciones, una: dar razón a quienes consideran que la conflictividad social va a incrementarse de forma exponencial y provocar que, en menos de lo que Zp encuentra pasta para los banqueros, las gasten con nosotros antes de rendirse, y dos, la opción más lógica, reformar el contrato y comprar no más de mil balas de goma, pues con ese número sería suficiente para contener a todos los banqueros y ladrilleros; con esa cifra, yo me comprometería a tenerlos a raya, ya que no otros son los que provocan la conflictividad económica, laboral y social.
Claro que después de leer el otro día las declaraciones de Fernández Ordoñez, el cual se retrata al decir que lo que está pasando es que “los consumidores no consumen, los empresarios no contratan, los inversores no invierten y los bancos no prestan”, y por decirlo así nada debería sorprendernos ya.
Tal y como lo expone, hemos de pensar que para este señor, esta es la secuencia de responsabilidades en el alterado funcionamiento de las finanzas, de donde se deduce que si esa secuencia se la planteásemos al revés, tal cual ha sucedido, el alterado sería él. Precisamente él, que está donde está para regular el adecuado funcionamiento social y económico de las finanzas españolas ya que estas, hasta que Zp no diga lo contrario, tienen la consideración de un servicio público, la banca, de ahí la razón de ser de su cargo. Dos buenas pelotas de goma reservaba yo para este.

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No he sido capaz de encontrar un calificativo para lo que han aprobado al alimón el Psoe de Zapatero y el PP de Rajoy. Ni vergonzoso, ni indecente, ni miserable son calificativos que de forma suficiente describan la infamia que acaban de cometer desde la legalidad de un sistema cada vez mas anti social, cada día mas enemigo de los ciudadanos, a cada instante mas inhumano.
Cuando unos proponen y muchos aprueban la ampliación del periodo de “retención” de los inmigrantes “ilegales” de 40 a 70 días y encima los medios de comunicación alaban los incrementos de seguridad que tal determinación lleva consigo, no he podido evitar retrotraerme a las casi clandestinas lecturas que por los años sesenta y setenta devorábamos sobre como actuaba el nazismo y sus medios de comunicación, los cuales justificaban retenciones de judíos, gitanos, moros y otras razas “inferiores”, pero entonces lo llamaban “internamientos”. Más tarde, en esa misma linea de degeneracion linguistica, a las salas donde los gaseaban las llamaban duchas colectivas.
Hoy, cuando la prostitución del lenguaje es masiva y general, y por ello, como mantuvo George Orwell, estamos en la antesala del autoritarismo, solo cabe acudir al diccionario para a estos filo-fascistas llamarlos como nos dé la gana a cada uno de los que nos sintamos solidarios con los que eligen ser “retenidos” antes que muertos de hambre.
Y es que hoy hay que ser coherentes con nuestra historia, con nuestros emigrantes y con aquellos que, con más dificultades sociales, económicas y políticas que Zp hoy y aquí, actuaron de forma bien diferente. Me estoy acordando de don Lázaro Cárdenas y de su esposa doña Amalia, recientemente fallecida, en el Méjico de 1939 y 40, que se jugaron el tipo, su prestigio, su patrimonio y su futuro ayudando a los que necesitaban solo una mano amiga para iniciar alli una nueva vida, porque de nuevo aquí, esta vez a los inmigrantes del sur, le es negada tal posibilidad por los herederos sanguíneos y políticos de los del fuhrer, del caudillo y del duce.
Antaño, Don Lázaro y doña Amalia, se ganaron el respeto y la más alta dignidad que la historia les otorga a quienes hacen de la solidaridad y la proximidad al más débil la razón de ser de su existencia, dignidad que esa misma historia, la que enorgullece a la raza humana, la única existente, negará a estos inhumanos mequetrefes.
No sé si nos abocarán a otra noche de los cristales rotos, pero como sé que antes o despues, segun Brech, vendrán a por mi, que tengan por seguro que me tendrán enfrente y preparado.

Aunque confieso que me gustaría no estar solo.

LOS MADOFFs IBERICOS

Cuando el mundo mundial se está llevando las manos a la cabeza por la estafa que el “ilustre” yankee ha cometido, nada menos que 50.000 millones de dólares, unos 37.000 millones de euros, más de seis billones de pesetas, de los cuales más de 2.500 millones de euros son de otros “ilustres” banqueros españoles y sus mas “ilustres” clientes, cuando tal sucede, yo, hoy y aquí demostraré humildemente que en cuantías parecidas y desde una sola fuente de recursos económicos, dos “madoffs” ibéricos nos han timado a todos los trabajadores españoles más de 26.700 millones de euros.
Se ha convenido desde largo tiempo que los costes sociales que las empresas soportan al tener que cooperar al sostenimiento del sistema de la Seguridad Social española son costes sociales que se asocian al salario de cada uno de los trabajadores y por ello esas aportaciones se han considerado como salario diferido o indirecto, por lo tanto el conjunto de los ingresos que por cuotas ingresa la Seguridad Social son ingresos imputables a los trabajadores en alta o situación asimilada a ella, es decir, esos dineros son dineros de los trabajadores.

Ni qué decir tiene que las antes llamadas cuotas obreras son de directa y clara titularidad laboral y que sumadas a las anteriores componen al 99% los ingresos economicos del sistema de la Segurirdad Social español.
Pues bien, si el sistema de la Seguridad Social presenta anualmente superávits, y lo viene haciendo en los ultimos ocho años, resultado este de haber más ingresos que gastos y de una gestión que habría de ser envidia de muchos "privados" en eficacia y austeridad, esos superávits deberían integrarse totalmente en las arcas del sistema o ser devuelto a los que tales cantidades aportaron, los trabajadores. Pero no.
En el año 2000, reinando don Aznar, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, fondo que pretendía, y dicen que sigue pretendiendo, ser un seguro económico para el mantenimiento de las prestaciones del sistema de protección social en el caso de que pudieran venir malos tiempos para los ingresos de la Seguridad Social, acudiendo los gestores del sistema a esta hucha solo en caso de necesidad, por ser aquella su única y exclusiva razón de ser y para esa exclusiva finalidad.
Desde entonces los gobiernos Aznar y Zp han venido aportando al Fondo de Reserva, mediante decisión del Consejo de Ministros, cantidades variables, todas ellas con cargo a los superávits anuales de las cuentas de la Seguridad Social.
Hasta aquí todo más o menos correcto, pero la cosa empieza a fallar cuando de lo que se trata es ver que ha pasado y qué está pasando con el total de los dineros de los superávits habidos de entonces acá, de ver que ha pasado con la diferencia existente entre lo aportado al Fondo y el total de los superávits habidos cada uno de los años que van del 2000 al 2007, ambos inclusive.
En el ultimo informe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a las Cortes Generales, año 2007, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.mtas.es/es/destacados/SEGURIDADSOCIAL/31122007FRSSINFORMECOMPLETO.pdf, se puede comprobar que el total de los superávits habidos en tal periodo de tiempo, del año 2000 al año 2007, alcanza la cifra de 67.709 millones de euros, mientras que las cantidades aportadas al Fondo de Reserva procedentes de esos excedentes suman 40.973 millones de euros, o sea, que, si restamos ambas cifras habremos de concluir que más de 26.736 millones de euros han desaparecido, no figuran en el fondo de reserva y ni que decir tiene que tampoco aparecen en los bolsillos de los trabajadores, los que los aportaron de forma obligatoria, y que a dia de hoy, nadie dice a que se han destinado, aunque muchos nos tememos a qué.
Por lo tanto, primera conclusión, a los trabajadores de este país, los gobiernos de Aznar y de Zp les han "birlado" la insignificante cantidad de 26.736 millones de euros, casi 4,5 billones de pesetas.
Segunda y más curiosa conclusión, mientras que el gobierno de Aznar en el periodo 2000-2003 “distrajo” de los superávits de la Seguridad Social 12.247 millones de euros, el "progresista" gobierno de Zp en el periodo 2004-2007 nos ha “distraído”, “derivado”, “sustraído” o “minorado”, a gusto del lector, nada más y nada menos que 14.489 millones de euros.
Por todo lo anterior, es motivo de “orgullo” para esta cleptocrácia, que si bien en cuestiones “económico-financieras-piramidales” los yankees nos llevan ventaja, en el “sierramoreneo” patrio de los dineros públicos, aquí tenemos alumnos pero que muy espabilados. Les quitan el dinero a los pobres para darselo a los ricos. ¡Centristas y socialdemocratas!.