JUGANDO CON LOS PARADOS

Mientras que durante los meses pasados el gobierno de Zp se mostraba comprensivo y complaciente con aquellos que con una mano firmaban despidos y con la otra tomaban ayudas públicas mil millonarias, ahora, cuando el paro amenaza con nuevos incrementos y con ser su tumba política, nos dicen de forma reiterada en la primera parte expositiva del Real Decreto de Protección por Desempleo e Inserción, (BOE de 15 de agosto), que están preocupadísimos por los parados que hayan agotado todas las prestaciones y ayudas ordinarias, decidiéndose así a articular unas medidas por las cuales quizás se gasten hasta 345 millones de euros en atender con 421,79 euros al mes a estos trabajadores en paro.
En esa misma introducción explicativa llama la atención, por no contemplarse ese dato en el articulado, que, una vez determinada la duración del Programa PRODI, seis meses, entre las razones para prorrogar o finalizar la aplicación de las medidas en él contempladas, el gobierno, único competente para adoptar tales decisiones, ha de tener en cuenta si el paro, a nivel estatal, supera o no el 17 % de la población activa, lo cual, “sensu contrario” cabe ser interpretado de forma que si el paro registrado bajase de tal cuantía el Programa PRODI podría ser suspendido. No se olvide este detalle, ya que, a mi entender, este es el gran objetivo oculto del gobierno, reducir artificialmente las listas de desempleo.
El conjunto del articulado del Decreto tiene unas características que a quien no conozca el proceder del Sistema de Empleo Público Estatal y los diferentes 17 sistemas autonómicos de Empleo podría llegar al convencimiento de lo acertado y meritorio de este esfuerzo gubernamental. Nada más lejos de la realidad.
Como todos han dicho ya, este Programa excluye de forma intencionada a los más antiguos parados, ya que, por el momento, solo está dirigido a los que agoten todas las prestaciones y ayudas con posterioridad al día 1 de agosto presente. En segundo lugar el gobierno habilita 345 millones de euros, (art. 11.2.2), para las ayudas que puedan concederse en estos seis meses de supuesta vigencia del Programa, -1 agosto 2009-31 enero 2010-, lo cual significa que de la fácil división entre el importe total previsto y el acumulado semestral de las ayudas individualizadas, 421,79 euros al mes por beneficiario, obtendremos que, en el mejor y más numeroso de los casos, los 345 millones dan para atender a 136.323 trabajadores, cifra muy lejana a los publicitados 350.000 trabajadores en paro que los medios pro-gubernativos han difundido que serían los beneficiarios.
Ni que decir tiene que se incompatibiliza la percepción de esta ayuda extraordinaria con la percepción de cualquiera otra sea esta estatal, autonómica o municipal. Lo cual puede llevar al riesgo de que allá donde las instrucciones no estén claras, y no lo están, o el conocimiento y el nivel de profesionalidad de los funcionarios no sea el debido,- y se está forzando la maquina en ese nivel a fin de que personal sin la capacitación suficiente ejerza funciones que no le están atribuidas por falta formación profesional adecuada-, algún trabajador pierda ayudas más duraderas a cambio de esta nueva, de igual cuantía pero de más inmediata percepción.
La improvisación, derivada de las prisas y de la incompetencia, llega al punto de no contemplar una larga casuística que facilite una labor homogénea a los funcionarios del Servicio Nacional de Empleo. Así, cabe preguntarse ¿qué le sucedería a un trabajador que agotase todas las prestaciones y ayudas a mediados del próximo enero? Teniendo en cuenta que el programa, en caso de no ser prorrogado, finaliza el día 31 de ese mes. ¿Tendría ayudas por seis meses? ¿El itinerario de inserción laboral duraría esos quince días restantes? Como ven, una tomadura de pelo para todos los intervinientes y para los posibles y probables afectados.
A lo largo de todo el Decreto se insiste de forma reiterada y machacona en la obligatoriedad por parte del aspirante a percibir las ayudas a seguir lo que llaman “itinerarios de inserción laboral”, -lo que sin eufemismos llamamos cursos de formación, esos en los que se han especializado y por los que cobran los sindicatos-, itinerarios que siendo competencia de las comunidades autónomas, a día de hoy nadie sabe en que han de consistir y lo que es mucho más determinante, quien y como financia la realización de los mismos en el difícil caso de que las comunidades tengan capacidad operativa para desarrollarlos y controlarlos.
Hay en este extremo dos puntos que centran no solo las sospechas de inoperancia y falsedad que todo el decreto exhala. La ya citada falta de asignación de recursos por parte de las comunidades autónomas y la generalizada seguridad de que tan gran insistencia en la obligatoriedad de realizarlos, siquiera sea de forma nominal, conduzca a que los tales itinerarios solo lleven a que la administración de Zapatero se dote de argumentos legales como para considerar que todos los trabajadores que estén realizando, real o supuestamente, tales itinerarios, sean trabajadores ocupados y por lo tanto excluibles de las listas de paro, ya que no hemos de olvidar la práctica diaria por la cual alguien que cobre por haber trabajado solo dos horas a la semana por cuenta ajena es considerado a todos los efectos como trabajador ocupado y en forma alguna se le incluye en las listas de paro registrado.
Este es a mi entender el gran objetivo del decreto, conseguir reducir el número de componentes de las listas del paro por el previsible y seguro aumento del desempleo que en los meses de otoño se da, con crisis o sin crisis, en las regiones más turísticas de España, haciéndolo con trabajadores en paro, a los que “ocupando” en esos itinerarios a cambio de una miserable ayuda podrían desalojar de sus cada día más falseadas estadísticas.
Si a esta sospecha, adobada por su insistencia, se le suma el anárquico proceder de los 17 sistemas autonómicos de empleo, -los competentes para asignar claves de inclusión o separación de las listas del desempleo-, y que los datos que configuran la estadística nacional del paro registrado por los servicios estatales de empleo los centralizan empresas privadas que por tal labor cobran de la administración, acabamos teniendo un coctel que salvo transparencia y homogeneidad en la forma de actuar, tiene de todo, y todo ello envuelto en un rancio sabor a mentira y falsedad.
Así la situación, los gobiernos regionales adictos a la causa de Zp actuarán de manera muy diferente de aquellos otros que debiéndose al PP, pondrán más dificultades para excluir de sus listas de paro a los que con itinerarios de inserción laboral o sin ellos seguirán realmente parados.
A día de hoy y teniendo ya una semana de experiencia en la aplicación de esta nueva nube de propaganda y humo zapateriano, los funcionarios de los servicios estatales de empleo están comenzando a afirmar que esta propaganda solo va a servir para ayudar a algunos africanos provenientes del régimen agrario o a trabajadores procedentes del PER, lo cual no está mal, pero de ahí a ventear que están preocupados por las consecuencias del despido masivo de trabajadores, hay cuando menos el mismo abismo que media entre lo que a este fin van a destinar, 345 millones de euros, y los noventa mil millones más que tienen preparados para seguir protegiendo a sus amigos los banqueros.
P.D. real: Ante la cada vez más evidente tomadura de pelo que las medidas del Decreto representan para los trabajadores parados, los trabajadores públicos de los Servicios de Empleo están empezando a reclamar la adopción de medidas de seguridad física.

LO QUE DICE……JUAN LUIS CEBRIAN

Es llamativo que algún antiguo presidente de Telefónica se lamente de la pelea de Cebrian y Roures, -ambos progresistas, según ese solanaceo bloguero-, y no se lamente de la denuncia que el primero de ellos hace sobre el proceder, pudiera ser que inconstitucional y prevaricador, del gobierno sebastianero.
En más de una ocasión he expresado aquí mis diferencias con la línea editorial que, sobre todo en temas económicos y sociales, mantiene el grupo Prisa. Aun así su claro y antiguo compromiso con los procedimientos democráticos hace que me decante por sus opciones y en contra de advenedizos que, con dineros públicos concedidos por quienes están a la vez en el consejo de ministros y en los consejos de empresas así beneficiadas, dicen ser los nuevos progresistas que este país necesita. Progresistas que al igual que sus benefactores solo conciben tal progreso si este afecta positivamente a sus bolsillos.
Es por ello por lo que a continuación adjunto el enlace con el artículo que bajo el titulo “Un desatino” Juan Luis Cebrián publicó ayer en “El País”. Él da cumplida cuenta de la filosofía política, económica, legal y procedimental del zapaterismo, o más en concreto de lo que impulsa al zapaterismo, el ansia de rápido enriquecimiento del “sebastianismo” que no duda en retorcer argumentos y leyes con tal de llevar el agua de los beneficios políticos, mediáticos y económicos a los molinos de este régimen de mentiras y abusos.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/desatino/elpepuopi/20090821elpepiopi_12/Tes

A MODO DE APERITIVO

Muchos lo saben pero nadie lo dice. El pasado día 14, de forma absolutamente anómala, por la fecha, se reunió el consejo de ministros para dar salida, en plena desconexión ciudadana por las vacaciones estivales, a dos decretos de la más infame factura.
Uno de ellos, el llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, el destinado según se expone en la exposición de motivos a no dejar sin protección económica a aquellos que permaneciendo desempleados no tengan ingresos por una determinada cuantía. Es el decreto que tanta polvareda ha levantado, aun en agosto, y que premeditadamente deja fuera del ámbito de cobertura a aquellos trabajadores que permanecen parados tras haber agotado todas las prestaciones y subsidios antes del día 1 de agosto, fecha de comienzo de la aplicación de los efectos en él contemplados.
El otro infame decreto es aquel por el que, a imitación del “muy progresista” don Francisco Álvarez Cascos, (recuérdese la “guerra del futbol”), se regala en exclusiva nacional la explotación, por el sistema de televisión digital terrestre codificada y de pago, de los derechos televisivos del futbol a una determinada cadena, la que casualmente es propiedad de los amigos de Zp, la regida, entre otros, por el antiguo jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno y actual marido de la ministra de defensa doña Carmen Chacón.
Y como estas cosas los progresistas de la red ni las mientan, no sé si por rubor, -lo dudo-, o por premeditado “olvido”, se hace más que conveniente y necesario que en este humilde blog se pongan más de un punto sobre las interesadísimas íes “progresistas”.
Así, y comenzando por el decreto del PRODI (Protección por Desempleo e Inserción) me propongo demostrar las mentiras y las falacias que contienen y que se concretarán, si los apesebrados sindicalistas no lo remedian, en un robo, timo y/o engaño económico a muchos de los trabajadores que teniendo derecho a este subsidio pueden perder otras ayudas más duraderas y mejor dotadas económicamente.
Igualmente demostraré que la verdadera y única intención que alberga este decreto es disminuir las listas del paro en la época en que anualmente más crece por la finalización de la ocupación estacional veraniega.
La cita es el próximo domingo, día en el que una vez más demostraré que el zapaterismo es mentira, engaño, abuso del más débil, pleitesía al más fuerte y enriquecimiento interesado de sus amigos.

SE HACE SABER

Se hace saber que el próximo domingo, día 23 de agosto, a eso de las doce de la mañana, y en este mismo sitio, se procederá, sin permiso de la autoridad, y aunque el tiempo lo quiera impedir, a la demostración de que el nuevo subsidio de paro el llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, (PRODI), puede ser un robo manifiesto a muchos de los trabajadores en paro y una estafa a la ciudadanía en general, y que tiene como único fin el aligerar artificialmente las listas de parados, para lo cual cuentan con la complicidad de los sindicatos, de los medios de comunicación y de la oposición.

LA ANOREXIA ESTATAL (III)

No merece la pena hacer un repaso histórico de todo lo que los diversos gobiernos han venido cediendo a las comunidades autónomas a cambio de casi nada positivo para la ciudadanía.
Y no la merece ya que ha de estar en la memoria colectiva, si no la puntual articulación legal de tales concesiones, sí los efectos prácticos que sobre los derechos colectivos e individuales ha tenido este resquebrajamiento del estado unitario.
No estoy en condiciones de calcular cual ha sido el coste económico y financiero que, para las arcas públicas, ha tenido, tiene y me temo que seguirá teniendo la creciente vampirización de la Administración General del Estado por parte de las comunidades autónomas. Por el contrario si estoy en condiciones de afirmar, como cualquiera otro que quiera hacerlo, que el coste que está teniendo el llamado proceso autonómico español es inasumible e irreparable desde el punto de vista de los más clásicos valores sociales.
El coste es políticamente inasumible si se parte de la convicción de que la política, sea cual sea la óptica desde la que se contemple, ha de estar al servicio de los ciudadanos, y es evidente que el proceso de centrifugación política, económica, y administrativa casi nada ha aportado a la calidad de vida de los ciudadanos españoles y si mucho a la creciente clase política autonómica y partidaria. Menos aun ha cooperado a la implantación de los valores que han de soportar cualquier estructura estatal en democracia, libertad, justicia, solidaridad, e igualdad ante la ley.
Ni la libertad individual y colectiva se ha ampliado por la descentralización política y administrativa, ni tampoco se han incrementado los grados de libertad si atendemos a aspectos económicos, y aquellos otros que han permitido aflorar las diversas personalidades sociales de las comunidades, lo han hecho en forma artificial y desigual, ya que las interpretaciones de las normas estatales que regulan el ejercicio de los derechos ciudadanos han sido muy diferentes según el color político de los diversos gobiernos autonómicos receptores de la competencia interpretativa y receptadores de los fondos a esos fines destinados, fondos que sistemáticamente se han venido gastando en otras cosas más lucrativas para los políticos autonómicos que en facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Nada que comentar respecto a la asunción de las competencias sobre Justicia tras los recientes ejemplos de arbitrariedad, si no prevaricación, que tribunales tan superiores como amigables con los virreyes regionales practican. Y de solidaridad e igualdad ante la ley baste solo citar como ejemplos de opacidad al oculto estatuto catalán, ese que Zp prometió no tocar, y al nuevo y no cuantificado acuerdo de financiación autonómica.
Todo este conjunto de actuaciones no ha llevado más democracia a la ciudadanía, ya que el simple hecho de poder votar a los tres niveles de gobiernos que configuran el Estado, no significa que el grado de participación ciudadana en la toma de decisiones que a su vida afectan sea mayor, ya que la “profiláctica” separación entre políticos y ciudadanos solo acepta la proximidad entre ellos un día cada cuatro años, permitiendo constatar el interesado distanciamiento de la llamada clase política, -clase que ninguna tiene-, respecto a los que dicen que somos los dimanantes de todo poder, el pueblo.
Así, de espaldas a los intereses generales, de espaldas a los ciudadanos, el actual gobierno central practica con el mayor de los descaros el más infame y analfabeto despotismo, siempre orientado a favorecer a los poderosos y a extraer de los que menos tienen los impuestos que soportan su acción comercial.
No hace muchos días reproduje aquí un artículo de Juan Fco. Martin Seco que finalizaba preguntándose lo siguiente: “¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un Gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?"
Entiendo que más repudiable que ese reiterado cohecho es que se haya extendido como normal y aceptable que la prioridad de quien gobierna es mantenerse en el poder y que esta conveniencia arrase, cual riada destructora, los valores constitucionales que debieran soportar todo el proceder democrático.
Por ello, cuando las llamadas matemáticas parlamentarias logran exiliar a los más altos valores democráticos, los ya citados libertad, justicia, solidaridad e igualdad ante la ley; cuando ese sistema y la silente sociedad que tal situación sostiene, consideran como normal que el único ente nacional capacitado para aplicarlos, el Gobierno de la nación, se dedique a trocear derechos, malvenderlos entre muy distintos mercaderes y a, en consecuencia, jibarizar el estado; cuando tan anómalo proceder se acepta como normal, es que la estructura estatal, los diferentes gobiernos y sus respectivas administraciones no cumplen con el fin primero que la ley les asigna, servir a sus ciudadanos. Y todo estado que no sirva a sus ciudadanos podrá ser calificado como a los detentadores del poder les plazca. Como ellos quieran, menos democrático.