
Cuando una empresa de comunicación se convierte en empresa de convicción tras haber recorrido un largo trecho de su devenir al lado de la izquierda moderada española y se mantiene así a pesar de la traición que esa izquierda está cometiendo contra sus votantes, esa empresa no solo traiciona su pasado, traiciona también a sus lectores.
Hoy, en un gesto más de prepotencia editorial, los de Miguel Yuste se lanzan a anticipar lo que debe ser la línea de actuación política de sus compadres “progresistas”, y nos “informan” sobre el déficit de la sanidad pública española intentando justificar con ello las medidas que se “deben” poner en marcha.
En este tiempo en el que el dinero subyuga y suplanta a los gobiernos, los medios de comunicación, -empresas capitalistas al fin y al cabo-, y los mercenarios que en ellos escriben al dictado, emulan a sus acreedores y pretenden suplantar a los que como obligación tienen la de pensar y la de actuar en defensa de lo público.
Durante el aznarato y durante esta época de zapaterismo justificaron y respaldaron el crecimiento de la burbuja del ladrillo, silenciaron el riesgo que asumía la banca española por no arriesgar su endeudamiento. Defendieron el injusto reparto de la riqueza y las regresivas reformas fiscales. Con constancia digna de mejor empeño consiguieron que fracasase la negociación colectiva que durante más de dos años mantuvieron sindicatos y patronal. Silenciaron la utilización interesada de fondos publicos para ocultar la crisis que amenazaba la permanencia en el gobierno de sus protegidos. Reclamaron con la misma fuerza y argumentos que la patronal la reforma laboral. Defienden la reforma de las pensiones cual si de una aseguradora y no un medio de comunicación se tratase y finalmente hoy se lanzan, -no sé si por impulso propio o inducidos por las oscuras fuerzas de la política y de los negocios-, a demandar otra reforma, por supuesto a la baja, del sistema sanitario español.
Ya nadie defiende los derechos constitucionales. Ni el derecho constitucional al trabajo, ni el derecho constitucional a un sistema fiscal justo, ni el derecho constitucional a una pensión de jubilación digna, ninguno de ellos tiene valedor alguno en el campo de la política y en el de los medios.
Hoy, desde El País atacan el derecho que todos por igual tenemos al acceso a una sanidad pública de calidad, ya que quien debiera defenderla, la ex ministra de sanidad, ha sido la primera en atacarla lanzando a los cuatro vientos la necesidad-conveniencia del copago y hablando de déficit económico de la sanidad cuando nunca nadie en ningún lugar del mundo relaciona servicios publicos universales con déficits o superávits, ya que es de cajón y por todos sabido que el pago de los gastos originados por el ejercicio ciudadano de esos derechos se realiza vía impuestos, y que en caso de ser necesario lo que hay que hacer es subirlos, nunca reducir o anular las prestaciones a las que constitucionalmente se tiene derecho.
A nadie se le oculta que para capital y progresistas quedan por “reformar” el derecho a la educación y el de la atención a los dependientes. Estoy seguro que no pasará mucho tiempo sin que editorialicen sermoneándonos sobre la imperiosa necesidad de “reformarlos”, eso sí, esas reformas las harán por nuestro bien, que ellos son los que auténticamente saben lo que nos conviene a este conjunto de millones de ciudadanos españoles a los que aun no les ha rebosado su vaso de paciencia. Aun.