EUROPA, RAPTADA

Muchos de los jóvenes que del progresismo han hecho su “lei motiv” puede que estén hoy algo confusos sobre la realidad que Europa es hoy a efectos políticos, económicos y sociales. Pero pudiera ser que no.
Esos jóvenes no pudieron sentir allá por los finales del franquismo y comienzos de la transición la esperanza que para todo demócrata suponía esa distante realidad que ya entonces era Europa, la entonces Europa de los doce.
Esa Europa era el mas amplio y consolidado remanso de libertades, tanto colectivas como individuales. Era esa Europa el campo de juego en el que el capital y el trabajo, con las lógicas tensiones de intereses contrapuestos, dirimían, con reglas compartidas, el equilibrio entre la codicia de unos y las ansias de igualdad de otros.
Hoy ya no es así. Hoy la variopinta Europa de veintisiete países, -no sé si veintisiete naciones-, está acabando de derruir los criterios de igualdad en el bienestar que en el pasado propugnaban para todos sus integrantes.
No cabe olvidar el gran apoyo e impulso que la solidaridad europea, traducida en copiosas ayudas económicas, ha prestado al desarrollo y avance del bienestar social en España, pero del mismo modo no cabe olvidar el uso torticero que la clase política española sin distinción alguna han hecho con sus interpretaciones de directivas europeas que, en su aplicación española, han sido las excusas que los enemigos de los estados fuertes han utilizado para adelgazar hasta la anorexia al estado español al tiempo que favorecían los negocios particulares en las privatizaciones de sectores públicos rentables.
Desde las empresas nacionales eléctricas a las petroquímicas, las de distribución, las de transporte de viajeros, la línea aérea de bandera y tantísimas otras que han acabado en manos de los amigos de los políticos de turno, los que escudados en supuestas imposiciones emanadas del parlamento europeo nos han mentido sobre la obligatoriedad de debilitar al nuestro Estado, mientras que en Francia Electricité de France sigue prestando servicio bajo la titularidad estatal, en Italia el ENI no solo no ha desaparecido como aquí lo hizo el INI, en Alemania la titularidad estatal de empresas de la mas diversa condición y funcionamiento permanece incólume. Tan solo en Gran Bretaña y en España, con gobiernos de todo signo, han dilapidado lo que era de propiedad colectiva malbaratando empresas y servicios públicos, lo cual ha supuesto un inmediato encarecimiento de lo que los ciudadanos recibían y un acusado descenso de la calidad de esos mismos servicios.
Hoy cuando en la mas profunda crisis del capital internacional los estados se han rendido a sus exigencias, la institución supranacional mas prestigiosa, la Unión Europea, parece seguir por la senda del liberalismo desregulador.
De extracción sindical, ministro de trabajo en el primer gobierno de Felipe González, Joaquín Almunia, actual comisario europeo de economía, ha dicho alto y claro que España ha de reducir su déficit presupuestario reformando sanidad y pensiones publicas.
No es necesario explicar que entienden los que nos gobiernan por reformar sectores públicos que forman los cada vez mas escuálidos pilares del raquítico estado del bienestar español, con mirar hacia atrás se puede comprobar la retracción del mismo. Lo que si es conveniente y necesario es recuperar la fuerza social que oponga a la tontuna política de la izquierda actual europea la fuerza de los valores que en el reciente pasado lograron poner limites a la codicia y a la injusticia que el capital lleva en sus genes.
Así, la tasa Tobin debiera dejar de ser un espantajo que solo se agita verbalmente sin que jamás sea aplicada a las transacciones especulativas y deslocalizadoras del capital internacional.
Del mismo modo, la izquierda real europea, en paralelo a la exigencia de que los países miembros no presenten desequilibrios presupuestarios superiores al tres por ciento anual, esa izquierda, habría de imponer la exigencia por la cual ninguno de esos países pudiera tener mas del seis por ciento de sus trabajadores en paro, sancionando el despido de trabajadores de empresas con resultados económicos positivos tras ser estos oficialmente auditados, y puesto que los defensores de la libertad de mercados, los mismos que defienden la intervención estatal cuando las cosas les van mal, dicen ser acérrimos de la libre competencia, debieran ellos ser los primeros en propugnar la no intervención de los dineros públicos en empresas o sectores con problemas derivados de la negativa gestión empresarial.
Algunos dirán que lo anterior son cánticos celestiales o lejanas utopías, otros quizás se molesten en descalificar mentalmente estas propuestas o al proponente, muchos otros ni tan siquiera repararán en la realidad que cada día les afecta a ellos y a todos sus conciudadanos y los más se preguntarán donde está la izquierda europea que sea capaz de ser verdaderamente de izquierda y solidariamente europea.
La respuesta a esa pregunta la sabemos todos, esa izquierda no existe, por lo que el futuro de la antigua Europa, aquella que despertaba esperanzas en España hace treinta años, hoy, de ella, solo cabe esperar actuaciones parecidas a la directiva de las sesenta y cinco horas de trabajo semanal o la llamada directiva de la vergüenza, la que crea y legaliza el internamiento y expulsión de los que arriesgan su vida en el trayecto a cambio de una oportunidad de comer y sobrevivir.
La pequeña posibilidad de que el tratado de Lisboa fuese finalmente rechazado por la valiente actitud de algunos países europeos ha sucumbido ante las trampas antidemocráticas de la burocracia institucional a sueldo de las grandes corporaciones. Ya no es posible aquella Europa que soñaron los fundadores del Club de Roma, ni la que los que entendemos que Europa ha de ser el mas amplio espacio de bienestar social, de libertad y de igualdad con el que poder obsequiar al resto del mundo.
En esta ocasión a Europa no la ha raptado Zeus para gozar de ella y tener hijos, en esta ocasión la han raptado los bárbaros del dinero que quieren hacer de todos sus habitantes prisioneros de su codicia.