LA ANOREXIA ESTATAL (III)

No merece la pena hacer un repaso histórico de todo lo que los diversos gobiernos han venido cediendo a las comunidades autónomas a cambio de casi nada positivo para la ciudadanía.
Y no la merece ya que ha de estar en la memoria colectiva, si no la puntual articulación legal de tales concesiones, sí los efectos prácticos que sobre los derechos colectivos e individuales ha tenido este resquebrajamiento del estado unitario.
No estoy en condiciones de calcular cual ha sido el coste económico y financiero que, para las arcas públicas, ha tenido, tiene y me temo que seguirá teniendo la creciente vampirización de la Administración General del Estado por parte de las comunidades autónomas. Por el contrario si estoy en condiciones de afirmar, como cualquiera otro que quiera hacerlo, que el coste que está teniendo el llamado proceso autonómico español es inasumible e irreparable desde el punto de vista de los más clásicos valores sociales.
El coste es políticamente inasumible si se parte de la convicción de que la política, sea cual sea la óptica desde la que se contemple, ha de estar al servicio de los ciudadanos, y es evidente que el proceso de centrifugación política, económica, y administrativa casi nada ha aportado a la calidad de vida de los ciudadanos españoles y si mucho a la creciente clase política autonómica y partidaria. Menos aun ha cooperado a la implantación de los valores que han de soportar cualquier estructura estatal en democracia, libertad, justicia, solidaridad, e igualdad ante la ley.
Ni la libertad individual y colectiva se ha ampliado por la descentralización política y administrativa, ni tampoco se han incrementado los grados de libertad si atendemos a aspectos económicos, y aquellos otros que han permitido aflorar las diversas personalidades sociales de las comunidades, lo han hecho en forma artificial y desigual, ya que las interpretaciones de las normas estatales que regulan el ejercicio de los derechos ciudadanos han sido muy diferentes según el color político de los diversos gobiernos autonómicos receptores de la competencia interpretativa y receptadores de los fondos a esos fines destinados, fondos que sistemáticamente se han venido gastando en otras cosas más lucrativas para los políticos autonómicos que en facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Nada que comentar respecto a la asunción de las competencias sobre Justicia tras los recientes ejemplos de arbitrariedad, si no prevaricación, que tribunales tan superiores como amigables con los virreyes regionales practican. Y de solidaridad e igualdad ante la ley baste solo citar como ejemplos de opacidad al oculto estatuto catalán, ese que Zp prometió no tocar, y al nuevo y no cuantificado acuerdo de financiación autonómica.
Todo este conjunto de actuaciones no ha llevado más democracia a la ciudadanía, ya que el simple hecho de poder votar a los tres niveles de gobiernos que configuran el Estado, no significa que el grado de participación ciudadana en la toma de decisiones que a su vida afectan sea mayor, ya que la “profiláctica” separación entre políticos y ciudadanos solo acepta la proximidad entre ellos un día cada cuatro años, permitiendo constatar el interesado distanciamiento de la llamada clase política, -clase que ninguna tiene-, respecto a los que dicen que somos los dimanantes de todo poder, el pueblo.
Así, de espaldas a los intereses generales, de espaldas a los ciudadanos, el actual gobierno central practica con el mayor de los descaros el más infame y analfabeto despotismo, siempre orientado a favorecer a los poderosos y a extraer de los que menos tienen los impuestos que soportan su acción comercial.
No hace muchos días reproduje aquí un artículo de Juan Fco. Martin Seco que finalizaba preguntándose lo siguiente: “¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un Gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?"
Entiendo que más repudiable que ese reiterado cohecho es que se haya extendido como normal y aceptable que la prioridad de quien gobierna es mantenerse en el poder y que esta conveniencia arrase, cual riada destructora, los valores constitucionales que debieran soportar todo el proceder democrático.
Por ello, cuando las llamadas matemáticas parlamentarias logran exiliar a los más altos valores democráticos, los ya citados libertad, justicia, solidaridad e igualdad ante la ley; cuando ese sistema y la silente sociedad que tal situación sostiene, consideran como normal que el único ente nacional capacitado para aplicarlos, el Gobierno de la nación, se dedique a trocear derechos, malvenderlos entre muy distintos mercaderes y a, en consecuencia, jibarizar el estado; cuando tan anómalo proceder se acepta como normal, es que la estructura estatal, los diferentes gobiernos y sus respectivas administraciones no cumplen con el fin primero que la ley les asigna, servir a sus ciudadanos. Y todo estado que no sirva a sus ciudadanos podrá ser calificado como a los detentadores del poder les plazca. Como ellos quieran, menos democrático.