JUGANDO CON LOS PARADOS

Mientras que durante los meses pasados el gobierno de Zp se mostraba comprensivo y complaciente con aquellos que con una mano firmaban despidos y con la otra tomaban ayudas públicas mil millonarias, ahora, cuando el paro amenaza con nuevos incrementos y con ser su tumba política, nos dicen de forma reiterada en la primera parte expositiva del Real Decreto de Protección por Desempleo e Inserción, (BOE de 15 de agosto), que están preocupadísimos por los parados que hayan agotado todas las prestaciones y ayudas ordinarias, decidiéndose así a articular unas medidas por las cuales quizás se gasten hasta 345 millones de euros en atender con 421,79 euros al mes a estos trabajadores en paro.
En esa misma introducción explicativa llama la atención, por no contemplarse ese dato en el articulado, que, una vez determinada la duración del Programa PRODI, seis meses, entre las razones para prorrogar o finalizar la aplicación de las medidas en él contempladas, el gobierno, único competente para adoptar tales decisiones, ha de tener en cuenta si el paro, a nivel estatal, supera o no el 17 % de la población activa, lo cual, “sensu contrario” cabe ser interpretado de forma que si el paro registrado bajase de tal cuantía el Programa PRODI podría ser suspendido. No se olvide este detalle, ya que, a mi entender, este es el gran objetivo oculto del gobierno, reducir artificialmente las listas de desempleo.
El conjunto del articulado del Decreto tiene unas características que a quien no conozca el proceder del Sistema de Empleo Público Estatal y los diferentes 17 sistemas autonómicos de Empleo podría llegar al convencimiento de lo acertado y meritorio de este esfuerzo gubernamental. Nada más lejos de la realidad.
Como todos han dicho ya, este Programa excluye de forma intencionada a los más antiguos parados, ya que, por el momento, solo está dirigido a los que agoten todas las prestaciones y ayudas con posterioridad al día 1 de agosto presente. En segundo lugar el gobierno habilita 345 millones de euros, (art. 11.2.2), para las ayudas que puedan concederse en estos seis meses de supuesta vigencia del Programa, -1 agosto 2009-31 enero 2010-, lo cual significa que de la fácil división entre el importe total previsto y el acumulado semestral de las ayudas individualizadas, 421,79 euros al mes por beneficiario, obtendremos que, en el mejor y más numeroso de los casos, los 345 millones dan para atender a 136.323 trabajadores, cifra muy lejana a los publicitados 350.000 trabajadores en paro que los medios pro-gubernativos han difundido que serían los beneficiarios.
Ni que decir tiene que se incompatibiliza la percepción de esta ayuda extraordinaria con la percepción de cualquiera otra sea esta estatal, autonómica o municipal. Lo cual puede llevar al riesgo de que allá donde las instrucciones no estén claras, y no lo están, o el conocimiento y el nivel de profesionalidad de los funcionarios no sea el debido,- y se está forzando la maquina en ese nivel a fin de que personal sin la capacitación suficiente ejerza funciones que no le están atribuidas por falta formación profesional adecuada-, algún trabajador pierda ayudas más duraderas a cambio de esta nueva, de igual cuantía pero de más inmediata percepción.
La improvisación, derivada de las prisas y de la incompetencia, llega al punto de no contemplar una larga casuística que facilite una labor homogénea a los funcionarios del Servicio Nacional de Empleo. Así, cabe preguntarse ¿qué le sucedería a un trabajador que agotase todas las prestaciones y ayudas a mediados del próximo enero? Teniendo en cuenta que el programa, en caso de no ser prorrogado, finaliza el día 31 de ese mes. ¿Tendría ayudas por seis meses? ¿El itinerario de inserción laboral duraría esos quince días restantes? Como ven, una tomadura de pelo para todos los intervinientes y para los posibles y probables afectados.
A lo largo de todo el Decreto se insiste de forma reiterada y machacona en la obligatoriedad por parte del aspirante a percibir las ayudas a seguir lo que llaman “itinerarios de inserción laboral”, -lo que sin eufemismos llamamos cursos de formación, esos en los que se han especializado y por los que cobran los sindicatos-, itinerarios que siendo competencia de las comunidades autónomas, a día de hoy nadie sabe en que han de consistir y lo que es mucho más determinante, quien y como financia la realización de los mismos en el difícil caso de que las comunidades tengan capacidad operativa para desarrollarlos y controlarlos.
Hay en este extremo dos puntos que centran no solo las sospechas de inoperancia y falsedad que todo el decreto exhala. La ya citada falta de asignación de recursos por parte de las comunidades autónomas y la generalizada seguridad de que tan gran insistencia en la obligatoriedad de realizarlos, siquiera sea de forma nominal, conduzca a que los tales itinerarios solo lleven a que la administración de Zapatero se dote de argumentos legales como para considerar que todos los trabajadores que estén realizando, real o supuestamente, tales itinerarios, sean trabajadores ocupados y por lo tanto excluibles de las listas de paro, ya que no hemos de olvidar la práctica diaria por la cual alguien que cobre por haber trabajado solo dos horas a la semana por cuenta ajena es considerado a todos los efectos como trabajador ocupado y en forma alguna se le incluye en las listas de paro registrado.
Este es a mi entender el gran objetivo del decreto, conseguir reducir el número de componentes de las listas del paro por el previsible y seguro aumento del desempleo que en los meses de otoño se da, con crisis o sin crisis, en las regiones más turísticas de España, haciéndolo con trabajadores en paro, a los que “ocupando” en esos itinerarios a cambio de una miserable ayuda podrían desalojar de sus cada día más falseadas estadísticas.
Si a esta sospecha, adobada por su insistencia, se le suma el anárquico proceder de los 17 sistemas autonómicos de empleo, -los competentes para asignar claves de inclusión o separación de las listas del desempleo-, y que los datos que configuran la estadística nacional del paro registrado por los servicios estatales de empleo los centralizan empresas privadas que por tal labor cobran de la administración, acabamos teniendo un coctel que salvo transparencia y homogeneidad en la forma de actuar, tiene de todo, y todo ello envuelto en un rancio sabor a mentira y falsedad.
Así la situación, los gobiernos regionales adictos a la causa de Zp actuarán de manera muy diferente de aquellos otros que debiéndose al PP, pondrán más dificultades para excluir de sus listas de paro a los que con itinerarios de inserción laboral o sin ellos seguirán realmente parados.
A día de hoy y teniendo ya una semana de experiencia en la aplicación de esta nueva nube de propaganda y humo zapateriano, los funcionarios de los servicios estatales de empleo están comenzando a afirmar que esta propaganda solo va a servir para ayudar a algunos africanos provenientes del régimen agrario o a trabajadores procedentes del PER, lo cual no está mal, pero de ahí a ventear que están preocupados por las consecuencias del despido masivo de trabajadores, hay cuando menos el mismo abismo que media entre lo que a este fin van a destinar, 345 millones de euros, y los noventa mil millones más que tienen preparados para seguir protegiendo a sus amigos los banqueros.
P.D. real: Ante la cada vez más evidente tomadura de pelo que las medidas del Decreto representan para los trabajadores parados, los trabajadores públicos de los Servicios de Empleo están empezando a reclamar la adopción de medidas de seguridad física.