8ª RAZON PARA “BOTARLOS”: LA LEY DE DEPENDENCIA

En ocasiones, al zapaterismo se le ha asociado el término estupidez como calificativo del resultado de una acción política que pretendía lo contrario de lo deseado y una de esas ocasiones en las que ha estado y está más que merecida esa asociación es con el resultado obtenido en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Es ejemplo de estupidez digna de mención lo sucedido con una buena, necesaria y aplaudible idea por la cual el estado en su obligación por velar por la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos se ocupe de aquellos que por edad o por enfermedad o por ambas circunstancias se ven altamente disminuidos en sus capacidades físicas, de forma tal que precisan de ayuda de otros y/o rehabilitación síquica o física.
Esta magnífica idea se concretó en una ley que nació con errores tales que han condicionado y condicionan el autentico fin de la misma. Esta ley nació con el tremendo error de encomendar a las comunidades autónomas la aplicación de la misma, estableciéndose a posteriori una formula de reparto de los costes por la cual quedaba en manos de los gobiernos autonómicos la decisión final de reconocer individualmente el grado de dependencia de los ciudadanos de su región y de aplicar las ayudas, variadas y no solo económicas, que en la Ley se contemplan.
De este inmenso error, -se rehuyó el atender la dependencia de forma centralizada a fin de asegurar la igualdad en las calificaciones y en las ayudas, como se hace con las pensiones-, se ha llegado, como no podía ser de otra forma, a la impresentable situación actual, situación que de forma resumida conjuga desatención a la mayoría de los dependientes, desigualdad en las ayudas, no aplicación de las mismas a pesar de haber sido reconocidos los derechos individuales por los correspondientes servicios de calificación y finalmente suspensión en el pago de las prestaciones escudados los politicos en la situación de crisis económica.
La comunidades autónomas del PP no ocultan el boicot a la aplicación de la ley, las autonomías gobernadas por el Psoe, -ya solo Andalucía-, acumulan retrasos incontables en el reconocimiento y en el pago. De las primeras, muchas se niegan a pagar aduciendo la falta de pago de la parte que debía aportar el gobierno de la nación, este aduce que son ellas las que tienen que adelantarlo y como resultado de todo este lio de camarote de los hermanos Marx, los ciudadanos dependientes siguen sin poder ejercer el derecho de acceso a unos servicios y ayudas que la ley debiera proporcionarles.
Si no fuera suficiente lo anterior para “botar” a estos incompetentes zapateristas, unos y otros han optado por generalizar solo la ayuda económica por asistencia de tercera persona, de tal manera que aquellos que la reciben, los menos, ven como no pueden acceder a los servicios de rehabilitación y recuperación junto al resto de sus conciudadanos dependientes, por la sencilla razón de que esos servicios no existen, ya que nadie, ni de una administración ni de otra, se han ocupado de la que es la centralidad de la razón de ser de la ley, habilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos dependientes rebajar su nivel de dependencia.
Ya ven como una buena idea, un buen mecanismo de ampliación del estado del bienestar, se convierte en otro elemento más de diferencia en el ejercicio de los derechos ciudadanos según se viva en una región u otra, al tiempo que se comprueba, otra vez, como los derechos básicos se someten a vaivenes económicos y a voluntades particulares y políticas que debieran estar sometidas al mandato de la ley.