Cualquiera diría que el personal está absolutamente colocado con las anfetaminas que regala el capital, fulbol, playa, etc. etc. Se cierra el mes de junio con los valores democráticos tan a la baja como los bursátiles, y todo el espectro mediático coincide, sin excepción alguna, en calificar la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid como una huelga salvaje.
Todos los medios, prensa escrita, diarios digitales, radios y cadenas de Tv, al unísono, sin distinción alguna, cual si fueran todos siervos de la misma abultada cartera, todos ponen sus altavoces al servicio de las restricciones democráticas, al servicio del programa de alineamiento y supeditación que hace ya años, sin prisas pero sin pausas, nos están aplicando.
Nadie de entre los que tienen aun en vigor el disfrute de poder opinar, o la obligación de decir lo que el amo quiere, nadie, se ha molestado lo mas mínimo en explicar a la ciudadanía las razones por las que se ha convocado esta huelga. Nadie ha dicho nada sobre la tomadura de pelo de la lideresa Aguirre, quien siguiendo las instrucciones de aquellos que la consideran cojonuda, da por roto el convenio colectivo en vigor para Metro de Madrid y determina que los trabajadores de esta empresa pública son asimilables a los funcionarios publicos y por lo tanto les aplicará los recortes que el zapaterismo aplica a los suyos.
Basan su argumentación, aquellos que a la lideresa respaldan, en que al ser trabajadores que prestan un servicio público han de ser objeto del mismo tratamiento que los funcionarios, obviando que por esa regla de tres los proveedores de oxigeno clínico a los hospitales o los trabajadores de las contratas de limpiezas de los municipios, o los mismos taxistas, también habrían de ser considerados como prestadores de servicios públicos básicos de carácter general y por lo tanto también reos de recorte salarial.
Pero no es lo más impresentable esa estúpida argumentación, lo auténticamente rechazable es el conjunto y coordinado ataque que el sistema, medios de comunicación servidores del poder económico y clase política, efectúa a uno de los pocos derechos constitucionales que aun se puede ejercer en este castigado país, el derecho de huelga.
Los poderosos están logrando que sedimente en la conciencia colectiva que es más importante el derecho a ir en metro al trabajo que el propio derecho al trabajo y el derecho a la huelga, derechos ambos instalados en la Constitución, causa esta por la cual quieren acabar con ellos.
Nada dicen de la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional al trabajo por parte de más de cinco millones de trabajadores despedidos en los últimos años. Nada dicen de los miles de ciudadanos que, habiendo podido ejercer el derecho constitucional de acceder a una vivienda, ahora se ven sin vivienda y sin dinero ya que ha prevalecido el abuso bancario sobre el derecho constitucional. Nada dicen del retroceso que en la calidad de vida de millones de pensionistas futuros efectuarán los progresistas tras violentar la tutela efectiva del estado para con los más débiles impuesta por la constitución. Nada en resumen dicen sobre las continuas y constantes violaciones constitucionales que en el ámbito de los derechos ciudadanos se vienen extendiendo desde el propio día 6 de diciembre de 1978.
En cambio, vocean hasta el aturdimiento de los dispuestos a aturdirse, que no hay derecho a que violen su derecho a ir al trabajo en Metro. Quieren huelgas sin huelguistas, quieren huelgas sin piquetes, quieren huelgas que ni por asomo puedan extender la imagen de que trabajo y capital siguen teniéndoselas firmes. Quieren que nada de lo que pueda provenir de aquellos que estiman como sus siervos cuestione y menos aun limite su omnímodo poder.
Y como los progresistas están con ellos que nadie se extrañe en comprobar cómo regulan el derecho a huelga y lo restringen a parados y pensionistas, a los cuales, por supuesto el correspondiente pagador, el ministerio de trabajo les deducirá del subsidio o de la pensión la parte correspondiente por el tiempo en el que hayan holgado.
Y no estoy muy seguro que esto último sea una broma. De lo que si voy estando seguro es que quizás cambie de opinión de aquí al 29 de septiembre.
Todos los medios, prensa escrita, diarios digitales, radios y cadenas de Tv, al unísono, sin distinción alguna, cual si fueran todos siervos de la misma abultada cartera, todos ponen sus altavoces al servicio de las restricciones democráticas, al servicio del programa de alineamiento y supeditación que hace ya años, sin prisas pero sin pausas, nos están aplicando.
Nadie de entre los que tienen aun en vigor el disfrute de poder opinar, o la obligación de decir lo que el amo quiere, nadie, se ha molestado lo mas mínimo en explicar a la ciudadanía las razones por las que se ha convocado esta huelga. Nadie ha dicho nada sobre la tomadura de pelo de la lideresa Aguirre, quien siguiendo las instrucciones de aquellos que la consideran cojonuda, da por roto el convenio colectivo en vigor para Metro de Madrid y determina que los trabajadores de esta empresa pública son asimilables a los funcionarios publicos y por lo tanto les aplicará los recortes que el zapaterismo aplica a los suyos.
Basan su argumentación, aquellos que a la lideresa respaldan, en que al ser trabajadores que prestan un servicio público han de ser objeto del mismo tratamiento que los funcionarios, obviando que por esa regla de tres los proveedores de oxigeno clínico a los hospitales o los trabajadores de las contratas de limpiezas de los municipios, o los mismos taxistas, también habrían de ser considerados como prestadores de servicios públicos básicos de carácter general y por lo tanto también reos de recorte salarial.
Pero no es lo más impresentable esa estúpida argumentación, lo auténticamente rechazable es el conjunto y coordinado ataque que el sistema, medios de comunicación servidores del poder económico y clase política, efectúa a uno de los pocos derechos constitucionales que aun se puede ejercer en este castigado país, el derecho de huelga.
Los poderosos están logrando que sedimente en la conciencia colectiva que es más importante el derecho a ir en metro al trabajo que el propio derecho al trabajo y el derecho a la huelga, derechos ambos instalados en la Constitución, causa esta por la cual quieren acabar con ellos.
Nada dicen de la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional al trabajo por parte de más de cinco millones de trabajadores despedidos en los últimos años. Nada dicen de los miles de ciudadanos que, habiendo podido ejercer el derecho constitucional de acceder a una vivienda, ahora se ven sin vivienda y sin dinero ya que ha prevalecido el abuso bancario sobre el derecho constitucional. Nada dicen del retroceso que en la calidad de vida de millones de pensionistas futuros efectuarán los progresistas tras violentar la tutela efectiva del estado para con los más débiles impuesta por la constitución. Nada en resumen dicen sobre las continuas y constantes violaciones constitucionales que en el ámbito de los derechos ciudadanos se vienen extendiendo desde el propio día 6 de diciembre de 1978.
En cambio, vocean hasta el aturdimiento de los dispuestos a aturdirse, que no hay derecho a que violen su derecho a ir al trabajo en Metro. Quieren huelgas sin huelguistas, quieren huelgas sin piquetes, quieren huelgas que ni por asomo puedan extender la imagen de que trabajo y capital siguen teniéndoselas firmes. Quieren que nada de lo que pueda provenir de aquellos que estiman como sus siervos cuestione y menos aun limite su omnímodo poder.
Y como los progresistas están con ellos que nadie se extrañe en comprobar cómo regulan el derecho a huelga y lo restringen a parados y pensionistas, a los cuales, por supuesto el correspondiente pagador, el ministerio de trabajo les deducirá del subsidio o de la pensión la parte correspondiente por el tiempo en el que hayan holgado.
Y no estoy muy seguro que esto último sea una broma. De lo que si voy estando seguro es que quizás cambie de opinión de aquí al 29 de septiembre.
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