NEGOCIANDO

Hay dos acepciones del verbo negociar que el diccionario de la RAEL define de las siguientes maneras, acepción nº 3, “Tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal” y acepción nº 4, “Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro”. Todos sabemos que sindicatos y gobierno llevan reunidos más de tres días en maratonianas sesiones, en las que se negocia la reforma del sistema de pensiones público. Igualmente todos sabemos que cuando se negocia sobre algún tema se han de dar al menos dos condiciones, en cada una de las partes enfrentadas, una, ser titular legítimo del bien o derecho sobre el que se negocia, y dos, partir de la predisposición de ceder, en parte o en todo, en pro de un acuerdo que a todos beneficie.
Si como muestra de buena disposición aceptamos que ambas partes comulgan con la acepción nº 4 del diccionario de la RAEL y negocian sobre asuntos publicos procurando su mejor logro, hemos de analizar si gobierno y sindicatos son titulares legítimos del bien social que son las pensiones públicas, y, desde la perspectiva que aporta el pasado reciente, hay que concluir que ni unos ni otros son titulares, ni tan siquiera legítimos representantes de los derechos de los trabajadores y pensionistas.
En el pasado reciente tanto el gobierno como los sindicatos se han distinguido por consentir y silenciar el continuo ataque que el sistema de la seguridad social ha venido soportando. Ha sido un ataque silencioso que ha consistido primero en aparentar como necesario e imprescindible la separación de las fuentes de financiación del sistema, determinar que se pagaba con ingresos procedentes de la fiscalidad general y qué otros gastos se financiaban exclusivamente con ingresos de la propia seguridad social.
Así, aprovechando un tiempo en el que los superávits eran crecientes generaron una formula tan engañosa como perecedera. Crearon el fondo de reserva de la seguridad social el cual se dotaba con fondos procedentes de los superávits anuales y procedieron a vocear con el apoyo de sus medios de convicción la maravillosa idea, la idea que demostraba cuanto se ocupaban por el futuro de nuestras pensiones.
Lo que silenciaban es que habían convenido todos, PP, el padre de la idea, Psoe y sindicatos, la formula por la cual al cabo de diez años más de ciento catorce mil millones de euros han pasado de las manos de la seguridad social a las manos de los respectivos gobiernos que en esta década han atracado a los trabajadores españoles.
De los ciento catorce mil millones de euros solo sesenta y dos mil fueron destinados al fondo de reserva, por lo que el resto, cincuenta y dos mil millones han acabado, probablemente en eso que ahora llaman dotación para el ejercicio de las políticas económicas discrecionales del gobierno, o sea, vaya usted a saber en manos de qué banqueros y cajeros han terminado esos dineros que eran de los trabajadores españoles.
Pero no quedó ahí el atraco, los sesenta y dos mil millones de euros que teóricamente están en el fondo de reserva se han ido realmente a financiar otros gastos de los presupuestos generales del estado ya que más del noventa por ciento de esos fondos hoy día son papelitos, llámense, letras, bonos u obligaciones del estado español, deuda pública española y el resto se ha invertido en deuda extranjera. En resumen que si hiciese falta dinero para pagar pensiones el gobierno tendría que vender aprisa y corriendo esos “papelitos” o emitir otros para que la seguridad social pudiera hacer frente a sus obligaciones.
¿Qué han aprendido los negociadores de este atraco continuado? Muchas cosas. Que la seguridad social española es la empresa de más y mejores rendimientos económicos, incluso en época de crisis como la actual en la que supera los beneficios de los cuatro grandes de la banca española. Han aprendido que si en época de crisis la S. Social sigue dando beneficios, con bajar las pensiones,- y no otra cosa es ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora y ampliar la edad laboral-, los superávits crecerán y con ello sus disponibilidades. Y finalmente han aprendido que aprovechando la crisis se puede atemorizar a una sociedad desestructurada y a una clase trabajadora dividida e insolidaria que temerosa por su futuro debe orientar sus ahorros a “planes de pensiones” privados que realmente son ahorro a largo plazo tan mal retribuido que son los únicos planes de pensiones que en el mundo pierden valor y que además son maltratados fiscalmente cuando son rescatados.
Si todo esto ha venido y viene sucediendo con la mayor naturalidad, hasta el punto de no ser puesto en cuestión por nadie, ni en el campo político ni en el sindical, y otros datos, como es la evolución a la baja de los tipos aplicados a las cotizaciones de las empresas, avalan lo sistemático y compartido del ataque al sistema de protección social español, la legitimidad de los negociadores brilla por su ausencia ya que es más que evidente que ninguna de las partes, en este asunto público, está procurando su mejor logro.
Y si ninguna de las partes, por sus hechos, está legitimada para negociar y alcanzar el mejor logro que, por ser público, a todos beneficie, cualquier cesión ahondará en el mismo sentido sus saqueadoras actuaciones precedentes.
Con todo ello es más que evidente que los que gobierno y sindicatos están haciendo es tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal, y ante esta realidad los trabajadores españoles han de preguntarse lo siguiente, ¿Hasta qué punto hay que llegar para que cese el ataque a nuestros derechos? ¿Tiene límites la desvergüenza de unos y la avaricia de otros? ¿Qué no estamos dispuestos a perder?