EL ESTADO DE DERECH”A”

Tras más de treinta años de apariencia democrática, -partidos políticos, sindicatos de clase, elecciones periódicas y medios de comunicación plurales-, se vienen apreciando desde hace algún tiempo los limites impuestos al sistema por los mismos poderes que entonces nos impusieron la llamada transición.
De entonces acá las estructuras políticas, económicas, sindicales, administrativas y militares del franquismo han pasado por una transformación mas o menos intensa y/o adecuada a los principios de una democracia liberal pero en nuestro caso una democracia liberal otorgada.
Fue entonces evidente la rápida transformación de los estamentos políticos franquistas, ya que la simple aparición de los partidos políticos de izquierda obligó a los residuos activos del franquismo a cobijarse en partidos políticos claramente derechistas pero con apariencia democrática.
De forma igualmente rápida y eficaz los sindicatos de clase comenzaron, ya desde la legalidad, a ejercer el papel de fuerza representativa de los trabajadores y contrapuesta al poder del empresariado.
Mas lentamente pero no con menos impulso y decisión las estructuras administrativas del estado se adaptaron a la nueva división constitucional del estado democrático, y el ejercito, el gran y poderoso reducto del franquismo mas atrabiliario, aun con pulsos al poder civil, acabó por aceptar al sistema y a los legítimos gobernantes del país.
No se puede omitir que en el inicial impulso democrático de la transición, el no tan fallido golpe de estado del 23-F, introdujo en el posterior recorrido hacia la democracia un poderosísimo freno. Freno que ha logrado que treinta y dos años mas tarde se estén cuestionando y reduciendo derechos civiles, tanto individuales como colectivos, y otros derechos de carácter esencialmente económico contemplados en la constitución, ni tan siquiera se han comenzado a desarrollar.
Así las cosas, hemos llegado a un punto en el que ya es innegable que los dos sectores que permanecen incólumes a la reforma democrática, los dos ámbitos que permanecen impermeables a los cada vez mas reducidos o impracticables principios democráticos, son el poder económico y el judicial.
Del primero baste recordar que el 80 % del PIB español está en manos de solo cien familias, y que esas cien familias siguen actuando de idéntica forma con la que con el dictador actuaban y hacían negocios.
Hoy, cuando el poder económico y financiero español se niega a ejercer la labor social de financiar la actividad empresarial nacional con tal de no aflorar las perdidas que el exceso de “ladrillo” les ha provocado, siguen teniendo a los presupuestos generales del estado como algo propio que se reparte y trocea de la misma forma que antaño, en cacerías y lujosos comederos.
Esta concepción por la cual se sienten dueños del dinero publico, es la que, con la generalizada corrupción de todos los que están y viven de la política, -unos corruptos activos y otros pasivos o consentidores-, les está llevando a reducir día a día los espacios de participación y decisión democráticos y a la practica anulación de derechos ciudadanos que una muy aceptable constitución contempla, pero que vigilados esos derechos por un tribunal constitucional politizado, abúlico y ausente de los problemas de la ciudadanía, solo velan, al igual que sus designadores, por su permanencia en tan alto estatus jurídico, social y económico.
Y como las fronteras entre lo económico y lo jurídico no existen sino todo lo contrario, hemos llegado al ultimo reducto intocado del franquismo.
No merece la pena el analizar la permanencia en el poder judicial de la totalidad del estamento judicial franquista en los años de la transición. Tampoco, por sabido, merece extenderse sobre las formas de acceso a la carrera judicial y el control que sobre él ejercen determinados nombres de santones judiciales franquistas, o sus descendientes, y alguna asociación claramente antisistema.
No es necesario recordar como la politización de los máximos órganos judiciales del país están corrompidos desde su origen al ser sus componentes simples representantes de corrompidos e interesados partidos políticos.
Lo que si hay que destacar y decir en voz bien alta es que con estos dos grandes poderes, el económico y el judicial, prácticamente intactos, mayoritariamente regidos por franquistas y por lo tanto renuentes a cualquier atisbo de avance social, no es de extrañar que suceda lo que hoy, sin asombro alguno, estamos contemplando, que aquel o aquellos que han osado solo investigar la corrupción política y económica actual, que han osado solo adentrarse en la practica de la Ley de la memoria histórica, acabarán como antaño los disidentes del franquismo, ante el TOP, el tribunal de orden publico, el cual estaba también encargado de reprimir a la masonería y al comunismo.
Hoy, con otra denominación pero con el mismo espíritu de cruzados, han “reconstruido” su Bastilla y se aprestan a aplicar a un colega díscolo las medidas que estimen necesarias para recordar que con las cosas de su comer no se juega. Hoy se puede decir mas alto pero no mas claro de cómo lo hace Jiménez Villarejo en “El País”, “la extrema derecha ha sometido al tribunal supremo” y “Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro”
Llevaba razón Guerra cuando dijo, hace tiempo, que Montesquieu había muerto, lo malo es que aquel “asesinato”, -la politización de la judicatura-, ha dado lugar a que los socialistas de hoy, los zapateristas, respalden, defiendan y coloquen en los puestos de más alta alcurnia judicial a los jueces mas derechistas. Así les va.