EL ESTADO DE LAS MENTIRAS

A estas alturas nadie parece cuestionar uno de los factores que dicen ser de los mas preocupantes de la crisis económica y social a la que nos han arrastrado los que con ella se están forrando de nuevo. Ese factor, segun la ortodoxia del capital, es el déficit y la deuda pública, y como nadie lo cuestiona, es conveniente relativizar esos dogmas y si es posible, que lo es, situarlos en el lugar que les corresponde, que no es otro que ese cajón de manipulaciones orientadas a exprimir a los que menos tienen, y con el fruto de ese expolio seguir favoreciendo a los poderosos de siempre.
De forma muy sintética hay que saber que el déficit de las administraciones públicas españolas está compuesto por el sumatorio del correspondiente a los ayuntamientos, por los de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, por el de la Administración General del Estado.
Sabido lo anterior, ya se está en condiciones de separar la paja del grano, y poder afirmar que la cifra global que se agita como “culpa” del dispendio en el gasto gubernamental, hay que imputarla a los gestores de las tres patas de banco citadas, los cuales, unos y otros, acuden a la emisión de deuda pública para así financiar los gastos contemplados en sus deficitarios presupuestos anuales.
A las que estamos se conoce que la cifra total de la deuda publica española alcanza los 475402 millones de euros que se reparten de la siguiente forma: Deuda de los Ayuntamientos, 34594 millones, que representan el 3,3 % del PIB. Deuda de las Comunidades Autónomas, 86280 millones, que representan el 8,2% del PIB y que asignada a cada una de ellas supone que la gestión de los gobiernos autonómicos regidos por el PSOE han generado una deuda de 47035 millones, el 54,52 % del total, y los gobiernos autonómicos del PP han generado deuda por el resto, 39245 millones que equivalen al restante 45,48 % del total de la deuda autonómica.
Finalmente la AGE es responsable de mantener a 31 de diciembre de 2009 una deuda viva por valor de 354528 millones de euros, el 33,76 % del PIB.
En esta situación, que hay que decir que estas cifras nos sitúan como el país en que la deuda publica con relación al PIB es la mas baja del conjunto de los países de la UE de los quince, y que aun así, el poder de manipulación del capital ha llegado al punto de convencer a la inmensa mayoría de la población de que este nivel de deuda publica, y más aun el venidero, que la incrementará, obliga a reducir gastos sea quien sea el gestor gubernativo de los dineros públicos.
Ni que decir tiene que la presión del capital está exclusivamente orientada a reducir solo gasto social, ya que como ayer mismo hemos podido comprobar, todo lo que sea gasto en obras y ladrillo es calurosamente aplaudido por los que despiden a los trabajadores y a la vez exigen menos gasto en prestaciones por desempleo y pensiones. Estos patriotas son los mismos que ocultan que la deuda privada que sus empresas y la banca española mantienen con prestamistas internacionales supera los 2,5 billones de euros, (un 2, un 5 y detrás once ceros, o en pesetas, 416 billones), es decir más de cinco veces la totalidad de la deuda publica, esa que según los amos de la patria es la que genera todos sus males, silenciando que es esa, su particular deuda, la que provoca las dudas internacionales sobre la solvencia de España, ya que cualquiera con dos dedos de frente sabe que generando desempleo y reduciendo salarios y prestaciones sociales, muy difícilmente se puede incentivar la demanda y el consumo interno para que la actividad económica alcance niveles adecuados y que esta a su vez genere ingresos fiscales y capitalización suficiente como para que empresas y bancos amorticen sus propias deudas, ya que como es tradicional para el empresariado español, -salvadas la escasas y honrosas excepciones-, eso de competir a nivel internacional solo lo saben hacer a base de salarios de miseria.
Pero lo mas catastrófico de esta situación es que parece que políticos y agentes sociales hayan acordado que antes muertos que racionales, y se disponen a reducir gasto social de los presupuestos públicos, derivando estos supuestos ahorros a gasto en ladrillo que al parecer es lo único que en este país saben hacer.
De no ser así no se explica cómo desde la mas elemental racionalidad económica, para ellos es compatible subir el IVA y hacer desaparecer el Impuesto sobre el Patrimonio, cómo se puede defender la necesidad de aumentar los ingresos fiscales cuando se suprimen los impuestos aplicables a las fusiones de bancos y cajas, cómo entender su rechazo a la corrupción que les invade manteniendo una carga fiscal sobre las grandes fortunas, las famosas Sicav´s, del 3 %, cuando un mileurista soporta un IRPF del 18 %.
Me pregunto si don Luciano Varela o algún otro supremo juzgador, ayudado por algún sindicato no fascista, podría iniciar la instrucción de algún supuesto caso de prevaricación económica y financiera de los padres de la patria.