LA IGUALDAD ANTE LA LEY PARA LAS DERECHAS

Es más que sabido que cualquier pensionista del sistema público tiene absoluta y radicalmente prohibido por ley la percepción de más de una pensión de ese sistema así como tener otros ingresos por el desarrollo de cualquier actividad laboral.
Igualmente es conocido uno de los principios básicos de cualquier estado de derecho en los que la ley ha de ser igual para todos, o bien por pasiva y según establece el Artículo 14 de la Constitución que dice “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”.
Pero tan conocido como los anteriores preceptos legales es el hecho de que ante la ley, ante la justicia y ante el poder legislativo, los españoles se clasifican, en lo que a igualdad se refiere ante las leyes que regulan la protección social del sistema público de pensiones, en españoles de a pie, a quienes hay que controlar y vigilar ya que son proclives al abuso y al fraude, y en aquellos otros españoles que habiendo conseguido instalarse en la política, legislan en su propio interés adjudicándose excepciones y privilegios que al resto de sus conciudadanos niegan, castigando sin piedad a aquellos que osan en su precariedad aprovechar migajas que el sistema deja escapar por agujeros o corruptelas legales.
El pasado martes 12 de julio, en el Congreso de los Diputados, ERC osó presentar una iniciativa tendente a reducir, que no anular los privilegios de que gozan los ex-presidentes de gobierno, del Congreso y del Senado en lo referido a indemnizaciones cuando cesan en el cargo y las pensiones extraordinarias que cobran cuando llegan a la edad de jubilación, pretendiendo hacer incompatible la percepción de tal pensión, unos 80.000 euros al año, con la percepción de salarios por actividad laboral o profesional.
Los republicanos catalanes proponían que los ex-presidentes del Gobierno y los del Congreso y el Senado puedan percibir durante un período equivalente a la mitad del tiempo que hayan ejercido el cargo, y como mínimo durante una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual correspondiente al cargo que han ejercido, recordando su portavoz que las leyes en las que se basa el Estatuto de los ex-presidentes son preconstitucionales y defendió su iniciativa como una propuesta "higiénica y ejemplarizante" en unos momentos en los que se acusa a los políticos de padecer el "síndrome de la clase preferente" y de disfrutar de determinados privilegios.
Votaron a favor de que la iniciativa se tramitase los diputados de ERC, de UPyD e IU. Ni que decir tiene que votaron en contra los partidos mayoritarios de la derecha, es decir, Psoe y PP, por lo que la proposición ni tan siquiera fue tomada en consideración a fin de que pudiera ser debatida en el Pleno.
Cuando el travestismo político obtiene un nuevo impulso, y quienes disfrazados de neo socialdemócratas actúan diciendo ser sensibles a lo que los ciudadanos en la calle manifiestan, la realidad de su política antidemocrática y elitista, esa política que solo atiende a sus intereses de clase privilegiada y corrupta, nos vuelve a demostrar que mienten, que no nos representan y que los cánticos de este sirénido fosilizado por el fango que en treinta años de degeneración del sistema se han acumulado en su conciencia, son solo eso, canticos embriagadores que tratan de embaucar a quienes solo ven y oyen aquello que quieren ver y oír, mientras cierran ojos y oidos a la realidad de un sistema corrompido por quienes debieran defenderlo y mantenerlo impoluto.