Ayer afirmaba que la sociedad española, a efectos constitucionales, estaba a la altura de 1978 cuando hace 32 años aprobamos la Constitución, y con tal afirmación me volvía a equivocar.
Hoy, al contrario que hace 32 años, la sociedad española no tiene sueños colectivos. Entonces la sociedad española, de forma mayoritaria, compartía una ilusión como pocas veces se ha dado en nuestra historia de lucha por la libertad, por empezar a ser como el resto de los europeos, por comenzar a construir un país policromo, plural pero unido, justo e igualitario, orgulloso de su pasado y al tiempo aprendiz de sus grandes errores. Hoy hace 32 años que compartíamos un sueño de libertad, hoy solo soñamos con poseer.
De aquel sueño, de aquella ilusión colectiva hemos pasado a una situación en la que las apariencias democráticas están sujetas, sometidas y las más de las veces ahogadas por los intereses de los grupos de poder, esos grupos de opresión, económicos y políticos, que impiden el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en el texto constitucional mientras que solo favorecen y potencian la imposición, la dependencia económica y laboral de los trabajadores, la injusticia fiscal y la extensión de los privilegios entre los de su misma casta.
Hoy social, política, laboral y económicamente los trabajadores de este país, y con ellos los pensionistas y los jóvenes están en condiciones mucho peores que entonces.
Y si negativo es el balance del transcurso de más de tres décadas, pésimo es el horizonte que a esas capas sociales se les dibuja. En lo individual, ya disfrutamos de unas condiciones de trabajo y salarios decimonónicos, la precariedad se extiende en cuanto a seguridad laboral y económica, se reducen y privatizan los emergentes sistemas publicos de protección social, y la clase politica aumenta la presión fiscal sobre los que menos tienen mientras la aligera sobre los poderosos que aseguran su futuro.
No hay quien, desde la izquierda, pretenda poner coto a la desmesura e irracionalidad de un estado multi-elefantiasico, un estado que maltrata a sus ciudadanos oprimiéndolos económica y laboralmente cuando el grado de dispendio y malversación de todos los componentes del estado, -administración central, autonomías y ayuntamientos-, alcanza cotas vergonzantes ya que carece de todo sentido político, económico y social.
Hoy, en una situación de excepcionalidad constitucional, los progresistas, como antaño sus predecesores pactaron con el dictador Primo de Rivera, pactan con el dictado del dinero y someten a los trabajadores españoles a la más dura injusticia del desempleo y la miseria.
En esta situación de excepcionalidad constitucional que pretenden prorrogar a fin de dar cobertura de orden público a la catarata de “reformas” que, mas aun, oprimirán a los trabajadores, se da otra cruel paradoja que pone de manifiesto en qué clase de democracia estamos.
Cuando un gobierno comatoso provoca con sus decretos la ruptura de un convenio colectivo laboral y por lo tanto se hace reo de la reacción de los afectados, ese gobierno abusa de su autoridad y decreta un estado de anormalidad constitucional con el único fin de hacerse con el respaldo de aquellos sectores sociales más obtusos y más proclives al ordeno y mando.
Ese gobierno, hoy, día de la constitución, se jacta de haber doblado el brazo a un colectivo de trabajadores al cual viene denigrando desde hace meses, y se ufana de exigirles responsabilidades por los daños que su reacción laboral haya causado.
Este gobierno, con tal actitud, está demostrando que aun siendo en origen un gobierno legitimo, de facto, su calculada provocación, su frio cotejo de réditos a obtener entre un sector envidioso y obcecado de ciudadanos y su abuso de posición de fuerza, le calificarían ante una sociedad libre, bien informada y madura políticamente como un gobierno ilegitimo y antidemocrático, retirándoles su apoyo y colocándolos en el rincón de la historia que corresponde a los transformistas políticos y a los dictadorzuelos disfrazados.
Sin tener que recurrir a parábolas bíblicas, estos no están en condiciones éticas de exigir responsabilidad a nadie, ya que son ellos los directos responsables del desastre económico, político y social en que en seis cortos años han provocado con su degenerado actuar.
Estamos mucho peor que hace treinta y dos años. Entonces la sociedad española creía saber lo que quería y se movilizaba para conseguirlo, hoy parece que esa parte de la sociedad pudiente, la que puntualmente, solo puntualmente parece ser defendida por este gobierno, solo se moviliza en los puentes y en las vacaciones para disfrutar de su superioridad económica respecto a aquellos que no tienen disponibilidades económicas, ni ayudas estatales, ni tan siquiera la consideración de ciudadanos amparados por una constitución que hoy celebran aquellos que el resto del año se dedican a pisotear los más dignos sentimientos que aquella España ilusionada en ella estamparon.
Tenemos que retomar la lucha contra la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y la opresión. Tenemos que recuperar la ilusión que como pueblo nos han hecho perder. Tenemos que priorizar igualdad y justicia social sobre bienestar y riqueza injustamente repartida. Esa es la lucha de futuro. Si no, no lo alcanzaremos.
Hoy, al contrario que hace 32 años, la sociedad española no tiene sueños colectivos. Entonces la sociedad española, de forma mayoritaria, compartía una ilusión como pocas veces se ha dado en nuestra historia de lucha por la libertad, por empezar a ser como el resto de los europeos, por comenzar a construir un país policromo, plural pero unido, justo e igualitario, orgulloso de su pasado y al tiempo aprendiz de sus grandes errores. Hoy hace 32 años que compartíamos un sueño de libertad, hoy solo soñamos con poseer.
De aquel sueño, de aquella ilusión colectiva hemos pasado a una situación en la que las apariencias democráticas están sujetas, sometidas y las más de las veces ahogadas por los intereses de los grupos de poder, esos grupos de opresión, económicos y políticos, que impiden el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en el texto constitucional mientras que solo favorecen y potencian la imposición, la dependencia económica y laboral de los trabajadores, la injusticia fiscal y la extensión de los privilegios entre los de su misma casta.
Hoy social, política, laboral y económicamente los trabajadores de este país, y con ellos los pensionistas y los jóvenes están en condiciones mucho peores que entonces.
Y si negativo es el balance del transcurso de más de tres décadas, pésimo es el horizonte que a esas capas sociales se les dibuja. En lo individual, ya disfrutamos de unas condiciones de trabajo y salarios decimonónicos, la precariedad se extiende en cuanto a seguridad laboral y económica, se reducen y privatizan los emergentes sistemas publicos de protección social, y la clase politica aumenta la presión fiscal sobre los que menos tienen mientras la aligera sobre los poderosos que aseguran su futuro.
No hay quien, desde la izquierda, pretenda poner coto a la desmesura e irracionalidad de un estado multi-elefantiasico, un estado que maltrata a sus ciudadanos oprimiéndolos económica y laboralmente cuando el grado de dispendio y malversación de todos los componentes del estado, -administración central, autonomías y ayuntamientos-, alcanza cotas vergonzantes ya que carece de todo sentido político, económico y social.
Hoy, en una situación de excepcionalidad constitucional, los progresistas, como antaño sus predecesores pactaron con el dictador Primo de Rivera, pactan con el dictado del dinero y someten a los trabajadores españoles a la más dura injusticia del desempleo y la miseria.
En esta situación de excepcionalidad constitucional que pretenden prorrogar a fin de dar cobertura de orden público a la catarata de “reformas” que, mas aun, oprimirán a los trabajadores, se da otra cruel paradoja que pone de manifiesto en qué clase de democracia estamos.
Cuando un gobierno comatoso provoca con sus decretos la ruptura de un convenio colectivo laboral y por lo tanto se hace reo de la reacción de los afectados, ese gobierno abusa de su autoridad y decreta un estado de anormalidad constitucional con el único fin de hacerse con el respaldo de aquellos sectores sociales más obtusos y más proclives al ordeno y mando.
Ese gobierno, hoy, día de la constitución, se jacta de haber doblado el brazo a un colectivo de trabajadores al cual viene denigrando desde hace meses, y se ufana de exigirles responsabilidades por los daños que su reacción laboral haya causado.
Este gobierno, con tal actitud, está demostrando que aun siendo en origen un gobierno legitimo, de facto, su calculada provocación, su frio cotejo de réditos a obtener entre un sector envidioso y obcecado de ciudadanos y su abuso de posición de fuerza, le calificarían ante una sociedad libre, bien informada y madura políticamente como un gobierno ilegitimo y antidemocrático, retirándoles su apoyo y colocándolos en el rincón de la historia que corresponde a los transformistas políticos y a los dictadorzuelos disfrazados.
Sin tener que recurrir a parábolas bíblicas, estos no están en condiciones éticas de exigir responsabilidad a nadie, ya que son ellos los directos responsables del desastre económico, político y social en que en seis cortos años han provocado con su degenerado actuar.
Estamos mucho peor que hace treinta y dos años. Entonces la sociedad española creía saber lo que quería y se movilizaba para conseguirlo, hoy parece que esa parte de la sociedad pudiente, la que puntualmente, solo puntualmente parece ser defendida por este gobierno, solo se moviliza en los puentes y en las vacaciones para disfrutar de su superioridad económica respecto a aquellos que no tienen disponibilidades económicas, ni ayudas estatales, ni tan siquiera la consideración de ciudadanos amparados por una constitución que hoy celebran aquellos que el resto del año se dedican a pisotear los más dignos sentimientos que aquella España ilusionada en ella estamparon.
Tenemos que retomar la lucha contra la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y la opresión. Tenemos que recuperar la ilusión que como pueblo nos han hecho perder. Tenemos que priorizar igualdad y justicia social sobre bienestar y riqueza injustamente repartida. Esa es la lucha de futuro. Si no, no lo alcanzaremos.
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