LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN ESPAÑA

En la denodada lucha que el zapaterismo mantiene contra los privilegios de algunas castas de trabajadores insolidarios, -esos que durante miles de horas trabajadas y cobradas han velado por que todos los que vuelan regresen a tierra sin percances-, se afanan estos días de estado de alarma en luchar contra los que no comprendemos que las pensiones del futuro se defienden bajándolas, y accediendo a ellas más tarde.
Por eso, y a fin de dar el ejemplo que su alta alcurnia les exige y exhibiendo la carga que su voluntario sacrificio les impone han determinado que las reformas venideras de las pensiones públicas, aquellas que ellos también cobran de fondos aportados por los trabajadores, no les sean de aplicación.
Así, su solidaridad queda puesta de manifiesto al comparar solo dos de las muchas y ofensivas situaciones que su interpretacion de la ley depara a los trabajadores o a sus representantes, situaciones de indecencia politica y social que se dan y se mantienen sin reaccion alguna en esta podrida democracia.

Cuando un trabajador necesita haber cotizado al menos quince años para obtener el 50 % de la pensión que le correspondería, un diputado o senador, un representante del pueblo, con haber sido dueño de un acta durante siete años, tiene derecho al 80 % de la pensión. Del mismo modo, mientras que a un trabajador se le exige haber cotizado durante 35 años para, tras cumplir los sesenta y cinco años, obtener el 100 % de la pensión que le corresponda según lo que haya cotizado, a una cualquiera de sus señorías, el sistema por ellos establecido, solo les exige haber estado calentando escaño durante doce años para cobrar la totalidad de la pensión máxima de la seguridad social cuando alcance los sesenta años de edad.
Me pregunto dónde está el fiscal general del estado y donde están y qué hacen todos y cada uno de los miembros del tribunal constitucional y el defensor del pueblo, cuando 614 padres de la patria están violando sistemáticamente el artículo 14 de la Constitución Española que dice: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.