DESMONTANDO MENTIRAS (y II)

En el enlace que sigue (http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43090), Vicent Navarro da cumplida cuenta de la falacia mas extendida respecto a la “necesaria” reforma de las pensiones. La falsedad por la cual la mayor esperanza de vida de la población española hará que dentro de cincuenta años, -nada más y nada menos-, el sistema de protección publico quiebre.
En ese recomendable articulo se desmonta el castillo de mentiras que desde las conveniencias del gobierno y las apetencias del capital han difundido como artificial y falso sustento de sus pretensiones, y aprovechando la desinformación generalizada sobre este tema y usando datos y estudios tendenciosamente manipulados, parecen estar consiguiendo que cale en algunos sectores de la población la aceptación de unas medidas que son exclusivamente imposiciones del capitalismo nacional y de sus aliados los especuladores financieros internacionales.
Ya no cabe ninguna duda sobre esta afirmación. El propio Zp, en la reciente reunión con los sindicatos, confesó que las medidas restrictivas que pretenden aplicar a las pensiones publicas están únicamente concebidas para calmar a los mercados internacionales que las reclaman como exclusivo mecanismo de disminución del gasto publico.
En esta situación, desmontada la excusa del crecimiento de la esperanza de vida como causa inicial de un incremento desmesurado de nuevos perceptores de pensiones y confesada la ignominia de a quienes atiende preferentemente este gobierno, deja de ser imprescindible, pero no innecesario, el plantear una de las grandes ausencias que incluso los que desde el primer momento se han opuesto a la reforma parecen olvidar o lo que sería peor silenciar y ocultar, que el sistema de protección social español cuenta como todos los presupuestos con dos grandes apartados, los gastos y los ingresos.
Pareciera que estando solo interesados en disminuir el gasto, en reducir las pensiones, solo cupiera tal medida si de mantener la estabilidad económica y financiera del sistema de protección social se tratara, por lo que una vez más se demuestra su categoría de miserables mentirosos, ya que si realmente quisieran mantenerlo actuarían sobre los ingresos del sistema, sobre las dos fuentes de financiación del mismo, las cuotas patronales, sistemáticamente reducidas en los últimos años, las cuotas obreras, que por el contrario jamás se han revisado a la baja, y las aportaciones del Estado que vía impuestos y durante toda la historia de la Seguridad Social, -excepción hecha de los años 2001 a 2009, época de superavits-, se han venido aportando para que la Seguridad Social pudiera cumplir con los fines que la Ley de asigna.
Cabe en este punto recordar una decisión política en las antípodas de las que pretende tomar Zp. Fue la adoptada por Felipe González en 1983, época de crisis política y económica, y que como todos sabemos consistió en universalizar los derechos de protección social y sanitaria a todos los ciudadanos españoles.
Esa medida, corazón de la socialdemocracia, supuso de un día para otro el multiplicar por dos el presupuesto de la Seguridad Social y multiplicar por cinco el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, pero como el sentido de la coherencia política y de la justicia social dominaban en aquel entonces tanto en el gobierno como en el conjunto de la sociedad española, la consiguiente subida de cuotas y de impuestos solo obtuvo el rechazo de los que siempre han rechazado la acción protectora del Estado, de los que siempre han defendido la ley de la selva, la ley del mas fuerte en aspectos económicos, esos mismos que hoy, a su neoconservadurismo, añaden con tanta incoherencia como desvergüenza sus demandas de subvenciones y ayudas públicas.
Por todo lo anterior hay que exigir, sea cual sea el gobierno de derechas que suframos, que nos digan la verdad, que el sistema de protección social ha de ser intocable, y que de ser necesario aportar fondos estatales para su mantenimiento tienen al alcance de su mano el aflorar hasta un 26 % del PIB que en la economía sumergida dicen los inspectores fiscales que hay en la actualidad. De esta forma, quizás, pudiera evitarse el tener que emitir deuda publica este año 2010 por valor de 211.500 millones de euros, que, a las que estamos, aun no nos han dicho a qué destinarían esos recursos así captados.
Aunque es verdad que somos cada vez más los que no necesitamos que nos digan por qué y para quienes se endeudan. Tras sus mentiras sobre la jibarización de las pensiones, sus intenciones están clarísimas. Mas dinero para sus amos, que los paganos parece que aguantamos sumisos lo que nos echen.