El año 2009 se ha caracterizado por dos parámetros que están condicionando el presente y el inmediato futuro de los españoles. De un lado los empresarios españoles nos han obsequiado con un millón más de parados sin que esos que llaman interlocutores sociales, los sindicatos, hayan presentado la mas mínima reacción. De otra parte la masiva ayuda económica y financiera que el gobierno ha prestado y sigue prestando a la banca, especialmente a la banca gestionada por políticos, las cajas de ahorros, ha provocado que el estimado déficit presupuestario del año pasado, cifrado en el 3,5 haya escalado hasta el 9,7 % y que la deuda viva del estado español haya pasado del 43 % del PIB al 52 %, lo cual pone de relieve tanto la cuantía de las ayudas como a quienes las han destinado.
En sentido contrario hay que destacar que el sistema de protección social español alcanzó en ese mismo año de 2009 un superávit de mas de 8.500 millones de euros, de los cuales solo 2.600 fueron destinados al fondo de reserva de la Seguridad Social, lo cual pone de manifiesto dos aspectos nada secundarios, uno, la buena gestión económica, y dos, la capacidad del sistema de protección público para resistir y presentar resultados mas que saneados en los años más duros de la crisis, a pesar de que por la acción del empresariado español, la Seguridad Social cuente con cuatro millones menos de cotizantes.
Así las cosas y tras una constante y costosa campaña de propaganda multilateral, han llegado a la conclusión de que la situación requiere del concurso de todas las fuerzas políticas y sociales.
Es obligado preguntarse la razón por la cual, a los dos años de desatarse la crisis y tras haber alcanzado los cinco millones de parados, consideran que es ahora el momento oportuno de que aparecer toda la clase política ante la ciudadanía como unos sensatos y serios patriotas que orillan sus intereses partidarios con tal de superar la crisis y recobrar el impulso económico perdido.
Y antes de responder a tan importante cuestión hay que recordar un hecho que es demostrativo de la renacida potencia del capital especulativo nacional e internacional. Ha sido el ataque contra la deuda pública española que, coordinado por los capitalistas especuladores internacionales y sirviéndose de la gran banca nacional, provocaron que el diferencial entre los intereses que el estado español ha de pagar por sus bonos a diez años alcanzase un record respecto al bono alemán que sirve de referencia. En otras palabras, los especuladores dijeron al gobierno español lo siguiente, “O aplicáis las recetas que el FMI y la OCDE os están indicando, u os hacemos imposible la permanencia en el euro y hundimos vuestra economía”
En resumidas cuentas tratan de imponernos, con el beneplácito de la clase política y empresarial española, una serie de medidas que por su alto contenido antisocial, -reducción de las pensiones, desregulación del mercado de trabajo, reducción de la dimensión del estado y especialmente disminución del gasto social destinado a sanidad, educación y protección social-, pudieran provocar reacciones sociales como las que ya se están dando en Grecia.
Así las cosas, y en la perspectiva de que a la grave situación económica se pudiera sumar una situación social explosiva que les desestabilizase sus codiciosos planes de futuro, es por lo que estos atemorizados e incapaces zapateristas han propagado la supuesta necesidad de un pacto político y económico que fuese suscrito por todas las fuerzas políticas, ya que no se atreven a afrontar desde su supuesta identidad de izquierda aquellas medidas que la mas elemental racionalidad política y económica aconseja, una reforma fiscal auténticamente progresista que dote al Estado de los recursos necesarios para que mantenga y aumente la seguridad económica y laboral de los trabajadores y la seguridad económica de quienes, por edad, dependen en exclusiva del sistema de protección social público.
En esta situación, no hay razones para confiar en que este gobierno, -ni ningún otro, dado el panorama político español-, actuará en defensa de los intereses de los ciudadanos, de ahí su temor a ser definitiva y mayoritariamente descubiertos como lo que auténticamente son, siervos del capital, por lo que tratan de confundirse entre el resto de la clase política y así diluir la imputación ciudadana, que en exclusiva les correspondería, de promover medidas antisociales, las cuales disfrazadas de necesidad bajo el manto de la coincidencia política por razones patrióticas, serán convertidas en bandera para defender al sistema, y la enarbolarán sin complejos para desactivar cualquier conato de respuesta social.
Sus medios nos dirán que no hay otras opciones, que no puede equivocarse en el diagnostico y el tratamiento de la crisis toda la clase política española, usaran el miedo para imponernos sus intereses, pero hemos de tener muy claro y siempre presente que, también ahora, nos están mintiendo absolutamente todos los que defienden el pacto político y social.
En sentido contrario hay que destacar que el sistema de protección social español alcanzó en ese mismo año de 2009 un superávit de mas de 8.500 millones de euros, de los cuales solo 2.600 fueron destinados al fondo de reserva de la Seguridad Social, lo cual pone de manifiesto dos aspectos nada secundarios, uno, la buena gestión económica, y dos, la capacidad del sistema de protección público para resistir y presentar resultados mas que saneados en los años más duros de la crisis, a pesar de que por la acción del empresariado español, la Seguridad Social cuente con cuatro millones menos de cotizantes.
Así las cosas y tras una constante y costosa campaña de propaganda multilateral, han llegado a la conclusión de que la situación requiere del concurso de todas las fuerzas políticas y sociales.
Es obligado preguntarse la razón por la cual, a los dos años de desatarse la crisis y tras haber alcanzado los cinco millones de parados, consideran que es ahora el momento oportuno de que aparecer toda la clase política ante la ciudadanía como unos sensatos y serios patriotas que orillan sus intereses partidarios con tal de superar la crisis y recobrar el impulso económico perdido.
Y antes de responder a tan importante cuestión hay que recordar un hecho que es demostrativo de la renacida potencia del capital especulativo nacional e internacional. Ha sido el ataque contra la deuda pública española que, coordinado por los capitalistas especuladores internacionales y sirviéndose de la gran banca nacional, provocaron que el diferencial entre los intereses que el estado español ha de pagar por sus bonos a diez años alcanzase un record respecto al bono alemán que sirve de referencia. En otras palabras, los especuladores dijeron al gobierno español lo siguiente, “O aplicáis las recetas que el FMI y la OCDE os están indicando, u os hacemos imposible la permanencia en el euro y hundimos vuestra economía”
En resumidas cuentas tratan de imponernos, con el beneplácito de la clase política y empresarial española, una serie de medidas que por su alto contenido antisocial, -reducción de las pensiones, desregulación del mercado de trabajo, reducción de la dimensión del estado y especialmente disminución del gasto social destinado a sanidad, educación y protección social-, pudieran provocar reacciones sociales como las que ya se están dando en Grecia.
Así las cosas, y en la perspectiva de que a la grave situación económica se pudiera sumar una situación social explosiva que les desestabilizase sus codiciosos planes de futuro, es por lo que estos atemorizados e incapaces zapateristas han propagado la supuesta necesidad de un pacto político y económico que fuese suscrito por todas las fuerzas políticas, ya que no se atreven a afrontar desde su supuesta identidad de izquierda aquellas medidas que la mas elemental racionalidad política y económica aconseja, una reforma fiscal auténticamente progresista que dote al Estado de los recursos necesarios para que mantenga y aumente la seguridad económica y laboral de los trabajadores y la seguridad económica de quienes, por edad, dependen en exclusiva del sistema de protección social público.
En esta situación, no hay razones para confiar en que este gobierno, -ni ningún otro, dado el panorama político español-, actuará en defensa de los intereses de los ciudadanos, de ahí su temor a ser definitiva y mayoritariamente descubiertos como lo que auténticamente son, siervos del capital, por lo que tratan de confundirse entre el resto de la clase política y así diluir la imputación ciudadana, que en exclusiva les correspondería, de promover medidas antisociales, las cuales disfrazadas de necesidad bajo el manto de la coincidencia política por razones patrióticas, serán convertidas en bandera para defender al sistema, y la enarbolarán sin complejos para desactivar cualquier conato de respuesta social.
Sus medios nos dirán que no hay otras opciones, que no puede equivocarse en el diagnostico y el tratamiento de la crisis toda la clase política española, usaran el miedo para imponernos sus intereses, pero hemos de tener muy claro y siempre presente que, también ahora, nos están mintiendo absolutamente todos los que defienden el pacto político y social.
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