INDIGNACION, PREOCUPACION, TEMOR Y PANICO (II)

Cualquiera que haya leído el documento que aprobó el Consejo de ministros habrá podido diferenciar dos partes, la primera dedicada a intentar justificar el recorte de pensiones ya expuesto, a identificar a los trabajadores autónomos como los grandes defraudadores del sistema de pensiones publico y a establecer un mecanismo de excepcionalidad para que los directivos de las empresas, aquellos que no están afectados por los convenios colectivos sean los únicos que puedan acceder a prejubilaciones voluntarias individuales, mecanismo expresamente vetado al resto de los trabajadores. Otra prueba mas de a quienes atienden con esmero y delicadeza en contraste con lo que aplican a los que menos tienen.
La segunda parte del documento se afana en establecer cuantiosas razones para que cunda la certeza entre la población por la cual el que no acuda desde ya a lo que eufemísticamente llaman previsión social complementaria, -fondos de pensiones privados-, habrá de atenerse a las consecuencias de llegar a la vejez y cobrar una cada vez mas ridícula pensión publica.
Dan así cumplimiento los zapateristas a la mas permanente y sustanciosa de las demandas empresariales, que ni el propio Aznar se atrevió a realizar, aplicarnos una privatización encubierta de la seguridad social. Para ello ha sido necesario en primer lugar asustar a la clase trabajadora respecto a su futuro económico tras la jubilación, para lo que afirman que el actual sistema no es sostenible, después, apoyándose en estudios actuariales y demográficos que jamás en el pasado han acertado ni una sola de sus predicciones afirman que la seguridad social no tendrá ingresos suficientes dada la configuración de la pirámide de población, para finalmente y con ambos ingredientes alargar la edad de jubilación, ampliar el plazo que de 15 años hoy se aplica para el calculo de la base reguladora, -reducción generalizada de todas las pensiones venideras-, y con todos estos ingredientes más las futuras reducciones de cuotas patronales, estar en condiciones de inducir si no obligar a que parte de los salarios de los trabajadores acaben en manos de aseguradoras privadas.
De este conjunto de actuaciones se derivaran dos sabrosísimos efectos, uno al bajar la cuantía de las pensiones e incrementarse las bases mínimas y máximas de cotización, aunque el paro se mantenga en los actuales niveles, y a decir del Secretario de Estado de Hacienda así será, los ingresos de la S. Social se mantendrán mientras que el gasto en pensiones se reducirá y el acceso a las prestaciones se retardará tanto cuanto alarguen la edad de jubilación. Así los superavits de la S. Social podrían mantenerse en el futuro inmediato y por lo tanto esa fuente de financiación del gobierno puede seguir fluyendo y transfiriendo dinero de los trabajadores a los bolsillos de los poderosos, cual ha sucedido en estos años pasados, en los que mas del 40 % de los superavits habidos han acabado, no en el fondo de reserva de la S. Social, sino que en la “acción económica discrecional” del gobierno, o sea que han acabado en los bolsillos de ladrilleros y banqueros amigos.
De otro lado la actual campaña de desinformación y atemorización acabará dando los frutos esperados por la banca, ya que la inseguridad en el empleo sumada a la inseguridad propagada respecto al futuro de las pensiones publicas, inducirán a muchos trabajadores a depositar parte de sus salarios en manos de los que han provocado la crisis que no son otros que los que saldrán beneficiados de la misma con la inestimable pero si pagadera ayuda de este gobierno reaccionario.