UNOS CANALLAS

Tras la catarata de medidas sociales que desde el gobierno progresista se han derramado sobre los trabajadores españoles, abaratamiento del despido, contrato basura único, subida de los impuestos indirectos, congelación de las pensiones, recortes salariales a los funcionarios, abolición del subsidio de 426 euros a los parados que hubiesen agotado todas las prestaciones, y tras conseguir no sin esfuerzo tener en la inseguridad, si no en la miseria, a más de cinco millones de trabajadores, han dispuesto los zapateristas que el uso de la energía eléctrica ha de penalizarse con una subida del 10 %.
El pensionista que siga haciendo uso de su cocina eléctrica, lavadora, frigorífico o estufa ha de aportar a las “arruinadas” compañías eléctricas un 10 % más de lo que venía pagando por cada Kw consumido.
Todas y cada una de los 1,3 millones de familias en las que todos sus miembros están en paro han de apretarse el cinturón y aportar a las “depauperadas” eléctricas diez euros más por cada cien de los que a igualdad de consumo hicieron en durante este último trimestre del año.
Todos y cada uno de los parados a los que no se les incluirá en el Prodi, el programa por el que se les dotaba con 426 euros al mes durante seis meses a cambio de desaparecer de las listas del paro, todos habrán de aportar su incremento de cuota en su factura de la luz a fin de mantener a unas empresas que hacen el gran trabajo social de calentarles en este frio invierno.
Todos y cada uno de los más de veintidós millones de trabajadores españoles, independientemente de su situación laboral, familiar y económica, hemos de aportar a esas compañías un incremento en el precio de la electricidad que no está justificado más que por la prevaricación de unos y la insaciable apetencia de riquezas de otros.
Así, mientras la ciudadanía se desangra en una inacabable e injusta crisis, aquellos que debieran defender a sus conciudadanos se dedican a explotarles obligando a unas transferencias de rentas de los que menos tienen a los que más acumulan. Y así cuatro veces al año desde que el rufián de Miguel Sebastián puso en manos de los plutócratas del Kw el poder del estado, y hay que presumir que a cambio de algo.
El tiempo acabará diciéndonos en qué se concreta este aparente trueque sin contraprestación inmediata entre unos y otros, trueque que solo se soporta en el expolio de los trabajadores. Todos acabaremos viendo donde termina acomodando sus posaderas este ministro de lo suyo, y entonces comprobaremos que lo que aparentemente hoy se nos presenta como una actividad gubernativa normal, regular el precio de un bien sometido a autorización administrativa, se convierte en un “quid pro quo”, un toma y daca, tan querido de los progresistas zapaterianos.
Que nadie se escandalice por tal presunción ya que ahí tenemos al antiguo jefe de la oficina económica de Zp, el inefable Taguas, que trasvasado por unos cientos de millones a la patronal del ladrillo, el pasado día 16 se mesaba de forma desesperada su escasa cabellera tras conocer que en el año 2009 hubo un crecimiento de los costes salariales del 4 %. Hoy, su silencio a este respecto es más que elocuente.
Entre tanto, el comportamiento desalmado e injusto del conjunto de apóstoles de Zp los hace, a él y a sus compinches de negocios, merecedores de encabezar el más distinguido elenco de canallas que esta España corrupta está dando a la historia.