Antes que nada es necesario recordar que allá por 1978, antes de llegar este 6 de diciembre que desde entonces celebramos, en este país no había democracia ni formal ni institucional que el pueblo hubiese refrendado. Todo lo anterior a esta fecha, y me refiero a lo posterior al 20 de noviembre del 75, habían sido buenas intenciones, en algunos casos mejores pasos, muchas renuncias y cobardías, no sé si con reciprocidad equilibrada, pero nunca estos pasos se pueden considerar que contaban con el apoyo explicito de la ciudadanía, ya que aunque se habían producido las primeras elecciones libres, el mandato máximo de los ciudadanos, la elaboración de una constitución democrática, y no se produjo hasta hoy hace 29 años
De entonces acá, muro, escudo y espada ha sido esta ley máxima en la defensa de una forma de entender las relaciones sociales en un país que, como este, nunca había sido capaz de aceptar una regulación que moderase y modulase, sin llegar a las manos, los seculares enfrentamientos que aquí se han dado.
Hoy, entiendo, que la tendencia del camino de aplicación que la constitución española tiene es claramente descendente.
La politización del tribunal constitucional y la consiguiente escora que sus determinaciones presentan, la utilización interesada de los partidos de este mecanismo, tanto por quienes quieren que sea un inmutable becerro de oro al cual todos han de adorar, como por quienes cada día le harían un remiendo, tan circunstancial como pasajero e ineficaz, todos, unos y otros, lo que pretenden es usarla en su favor.
Y la resultante de esta inaceptable situación es que los derechos ciudadanos, se resienten.
Se resienten, cuando el estado autonómico renuncia, y hace mucho que lo hizo, si no fue desde un principio, -recuérdese el trato fiscal desigual y por ello injusto de Navarra, consagrado en la constitución-, a que el real ejercicio de derechos y deberes ciudadanos individuales y colectivos sean iguales, no equivalentes o parecidos, iguales, y esto no se da hoy día en este país, que para la constitución sigue siendo solo uno, por mucho que los estatutos de autonomía estén batallando con ella, rodeándola y cada día dando bocados a los artículos que debían asegurar que la igualdad en el ejercicio de esos derechos y deberes es idéntica en cualquier punto de España.
Si a esto se suma el intencionado arrinconamiento de la aplicación práctica, no declamatoria, de todos aquellos derechos individuales y colectivos que tienen una clara componente económica, sea la vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones, la justicia, el trabajo, la fiscalidad, etc. etc. nos encontramos con una realidad constitucional que dista mucho de la literalidad, de la letra y del espíritu, con que nació, y por contra está mucho más cercana a la torva intencionalidad con la que los constitucionalistas de un solo día, hoy, nos la ponderan.
Que no se piense que rechazo esta nuestra constitución, lo que rechazo es la interesada utilización que todos los poderosos, partidos, sindicatos, patronal, iglesia, ejercito, instituciones del estado y todos cuantos pueden beneficiarse de la desigualdad, hacen que hoy este mecanismo de equilibrio y paz social sea una herramienta aherrojada por el oxido que su olvido y maltrato dan a los aspectos más sociales e igualitarios en ella contenidos.
Se habla de reformar algunos aspectos de la constitución. Quizás sea oportuno e incluso conveniente, pero centrar esta supuesta reforma en temas sucesorios y no en los no sucedidos, como los antes citados, es una tomadura de pelo ciudadano que demuestra cuales son los intereses de los que dirigen, unos y otros, la orquesta constitucional. Y está claro que desafinan.
De entonces acá, muro, escudo y espada ha sido esta ley máxima en la defensa de una forma de entender las relaciones sociales en un país que, como este, nunca había sido capaz de aceptar una regulación que moderase y modulase, sin llegar a las manos, los seculares enfrentamientos que aquí se han dado.
Hoy, entiendo, que la tendencia del camino de aplicación que la constitución española tiene es claramente descendente.
La politización del tribunal constitucional y la consiguiente escora que sus determinaciones presentan, la utilización interesada de los partidos de este mecanismo, tanto por quienes quieren que sea un inmutable becerro de oro al cual todos han de adorar, como por quienes cada día le harían un remiendo, tan circunstancial como pasajero e ineficaz, todos, unos y otros, lo que pretenden es usarla en su favor.
Y la resultante de esta inaceptable situación es que los derechos ciudadanos, se resienten.
Se resienten, cuando el estado autonómico renuncia, y hace mucho que lo hizo, si no fue desde un principio, -recuérdese el trato fiscal desigual y por ello injusto de Navarra, consagrado en la constitución-, a que el real ejercicio de derechos y deberes ciudadanos individuales y colectivos sean iguales, no equivalentes o parecidos, iguales, y esto no se da hoy día en este país, que para la constitución sigue siendo solo uno, por mucho que los estatutos de autonomía estén batallando con ella, rodeándola y cada día dando bocados a los artículos que debían asegurar que la igualdad en el ejercicio de esos derechos y deberes es idéntica en cualquier punto de España.
Si a esto se suma el intencionado arrinconamiento de la aplicación práctica, no declamatoria, de todos aquellos derechos individuales y colectivos que tienen una clara componente económica, sea la vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones, la justicia, el trabajo, la fiscalidad, etc. etc. nos encontramos con una realidad constitucional que dista mucho de la literalidad, de la letra y del espíritu, con que nació, y por contra está mucho más cercana a la torva intencionalidad con la que los constitucionalistas de un solo día, hoy, nos la ponderan.
Que no se piense que rechazo esta nuestra constitución, lo que rechazo es la interesada utilización que todos los poderosos, partidos, sindicatos, patronal, iglesia, ejercito, instituciones del estado y todos cuantos pueden beneficiarse de la desigualdad, hacen que hoy este mecanismo de equilibrio y paz social sea una herramienta aherrojada por el oxido que su olvido y maltrato dan a los aspectos más sociales e igualitarios en ella contenidos.
Se habla de reformar algunos aspectos de la constitución. Quizás sea oportuno e incluso conveniente, pero centrar esta supuesta reforma en temas sucesorios y no en los no sucedidos, como los antes citados, es una tomadura de pelo ciudadano que demuestra cuales son los intereses de los que dirigen, unos y otros, la orquesta constitucional. Y está claro que desafinan.
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