Todo el mundo sabe ya, y todos parecen aceptar, que la antes llamada desaceleración y hoy ya reconocida como crisis económica, se debe a un conjunto de factores y sus correspondientes y diversos efectos tales como el alza del petróleo, el aumento de la inflación, la elevación del paro, la bajada del consumo, el alto nivel de endeudamiento de las familias y el cerrojazo de los bancos a nuevas necesidades de financiación.Es cierto que poco se puede hacer unilateralmente respecto a la subida del crudo, ya que el único mecanismo que a nivel nacional se tiene es su sustitución por energías alternativas, y esta es una palanca acertada pero que no da resultados inmediatos. A cambio, el resto de los efectos podrían paliarse si uno de esos factores que están provocando y agudizando la crisis fuese afrontado desde el poder político con ideas claras y con decisión.
Se supone que los bancos son, dicen, entidades financieras que toman dinero ajeno y lo prestan a terceros, pero que están sometidas al regulador, el Banco de España, el cual autoriza su establecimiento y vigila su funcionamiento, ya que se parte de la premisa por la cual sus funciones se definen como la prestación de un servicio público.
Dicen, y dicen bien, que uno de los problemas mayores de esta crisis es la desconfianza entre los que prestan y los que reciben el préstamo, y que por ello los bancos han cerrado el grifo de la financiación. Entonces, si los bancos no ejercen la función para la que se les autorizó su instauración, y con ello, por priorizar su interés particular, generan, mantienen e incrementan un problema económico nacional, ¿a que espera el regulador para actuar en contra de quienes así proceden generando paro, inflación, inseguridad, malestar social, y problemas políticos?
Me temo que otra cosa que aparentemente no está clara, es quien es el regulador y quienes los regulados.
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