Fiscalmente, Zp y sus gobiernos, de forma lenta pero con constancia, de forma inexorable, han introducido en el sistema fiscal español unas componentes de regresividad tales que ni uno solo de los gobiernos mas derechistas del mundo se han atrevido a poner en práctica. Han flexibilizado el reglamento del impuesto de sociedades hasta el punto que el propio Banco de España dicta instrucciones para maquillar los beneficios de bancos y empresas, ya que a diferencia del IRPF los bancos y las empresas pagan impuestos por los beneficios obtenidos, no por los ingresos habidos, han hecho desaparecer el impuesto sobre el patrimonio, a los rendimientos del capital les han dado un trato fiscal rayano en la prevaricación, ya que pagará proporcionalmente menos al fisco el Sr. Botin y sus familiares por los intereses que cobren por el dinero que de sus bolsillos hayan prestado a su banco, que un trabajador que anualmente ingrese 20.000 euros brutos; se han centrado en el ingreso fácil, los impuestos indirectos, los impuestos al consumo cuando las vacas gordas pastaban por doquier, han aumentado casi hasta el infinito los mecanismos para que empresas, empresarios, banqueros y las mal llamadas instituciones, Iglesia Católica, fundaciones miles, y todos los que súbitamente se enriquecieron al calor del ladrillo, puedan evadir y/o “aligerar” legalmente el pago de impuestos. Por el contrario las rentas del trabajo han visto como se incrementaba la presión fiscal sobre ellas, hasta el punto de que siendo participes en solo el 46 % de la renta nacional, aportan a los ingresos fiscales del estado el 79 % de los impuestos directos. Esta es la justicia fiscal de Zp, por no hablar del trato fiscal a los depósitos situados en paraísos fiscales, trato que hasta ha provocado la protesta del muy conservador cuerpo de inspectores de hacienda.
En este mismo tiempo la Justicia ha seguido por sus derroteros y algo más. Con Zp los órganos de representación y control de la Justicia se han politizado mas, se han degradado hasta la degeneración total que supone el llegar a ser una institución que debiendo estar al servicio de la sociedad y a favor del mas débil se ha acabado de trocar por una institución que, emulando a los gobiernos, maltrata, desprecia y esquilma al débil y presta sus mas exquisitos y complacientes servicios al poderoso que de mil formas la condiciona. Hoy nadie cree en ella como institución, y este descreimiento se lo han ganado a pulso con el mal hacer de jueces, magistrados y estructuras gubernamentales que han favorecido ese juego, juego que solo merece un calificativo, injusto, aunque sea legal.
La Organización del Estado, el estado de las autonomías, desde que este iluminado verbalizó aquello de la España plural, la política territorial, la fiscalidad, los derechos ciudadanos, y el despilfarro de los recursos públicos se han despeñado en un precipicio de incalificable naturaleza. No se atisba el fin de las apetencias nacionalistas y con ello la inseguridad de la unidad estatal aumenta, no se establecen cauces de igualación en el trato que desde la administración central se otorga a las diversas administraciones y lo que es peor se las trata en función de su color político, de la afinidad o necesidad societario-política que en cada momento el inquilino de la Moncloa tenga, y lo mas sangrante para el común de los ciudadanos españoles, según se resida en una u otra “nacionalidad” se dispone nominalmente de unos derechos y de unas posibilidades muy distintas de ejercerlos en función del territorio del que se trate. La España plural de Zp ha resultado ser un deslavazado conjunto de reinos taifas en los que los ciudadanos casi que son súbditos del virrey autonómico de turno, cuando constitucionalmente son, deberían ser, los únicos dueños ejercientes del poder de un solo estado, en una nación diversa en sus pueblos pero unitaria en derechos y obligaciones. Pero la desgraciada realidad de las ocurrencias de Zp en este aspecto es que ha provocado que de un antiguo y arraigado sentimiento nacional unitario en su historia y diverso en las formas de entender la vida, se haya pasado a la proliferación artificial de sentimientos identitarios tan minimalistas que casi aldeanos son, al punto de que en el esperpento autonómico actual se retoman cantonalismos tan artificiales como interesados, precisamente cuando el mundo se encamina hacia la consolidación de las supranacionalidades. Es la forma de acompasarse al ritmo de la historia que tiene este individuo, sus virreyes y sus pueblerinos “embajadores”.
Finalmente el ejercicio de los derechos individuales que objetivamente se contemplan en la Constitución y que tienen componentes económicos, son los que por su interesada mediación han quedado postpuestos tanto en su desarrollo legal como en la posibilidad real de ejercerlos. Vean solo dos de ellos.
El derecho constitucional al trabajo, hoy mas que nunca es una mera declaración de buenas intenciones, pero que al haber quedado supeditado su ejercicio, vía legislación de rango inferior, a la voluntad del contratador, pasa de ser un derecho a convertirse en el resultado de una voluntad empresarial, tan particular como voluble, y puesto que los poderes públicos aceptaron esta realidad impuesta por los poderosos, nuestros mal llamados representantes solo son, en determinados circunstancias, única y exclusivamente árbitros, árbitros en los conflictos laborales y tan poco imparciales, tan parciales como su inhibición está demostrando día a día con los miles de despidos injustificados que mandan a la incertidumbre y a la pobreza a miles de familias, mientras a los despedidores, “nuestros representantes” les premian por su actitud y les llenan sus particulares bolsillos con dinero proveniente de nuestros impuestos.
Son ya 3,5 millones de trabajadores a los que se les niega su derecho y se condena a la inseguridad y a la supeditación. Se anticipa que se alcanzará la escalofriante cifra de 4,5 millones de parados a final de este año. Si en algun aspecto se ve la catadura politica y etica del zapaterismo es en la cuestion laboral. Cada vez estan dejando mas claro que es eso del neosocialismo.
El otro derecho constitucional expresamente contemplado en la ley fundamental, el derecho constitucional a una vivienda digna se ha practicado en la España zapateril en la forma que todos conocemos y que ahora estamos pagándoles. Se está dando la paradoja o quizás el esperpento, de que muchos ciudadanos han accedido a una vivienda digna y a cambio les han llevado a perder la dignidad económica para el resto de su vida, tal es la cárcel de dinero a la que los han condenado. Se está dando la vergonzosa paradoja que mientras a unos les requisan su vivienda, los confiscadores reciben miles de millones de euros para tapar las grietas de un sistema económico tan antisocial como corruptor de todos los ámbitos con los que se relaciona, y el político ha sido y sigue siendo caldo de cultivo preferente y legalmente protegido para que ese cáncer social, la corrupción, progrese y se extienda por doquier.
No solo no se defiende el ejercicio del derecho a una vivienda digna, sino que tras esquilmar hipotecariamente a los trabajadores, se les está repercutiendo vía desempleo los costes de una crisis que ha sido provocada por el propio sistema al que se afanan en defender, restablecer y consolidar en su injusticia los que en el colmo de la falsedad se dicen socialdemócratas.
(Continuará)
En este mismo tiempo la Justicia ha seguido por sus derroteros y algo más. Con Zp los órganos de representación y control de la Justicia se han politizado mas, se han degradado hasta la degeneración total que supone el llegar a ser una institución que debiendo estar al servicio de la sociedad y a favor del mas débil se ha acabado de trocar por una institución que, emulando a los gobiernos, maltrata, desprecia y esquilma al débil y presta sus mas exquisitos y complacientes servicios al poderoso que de mil formas la condiciona. Hoy nadie cree en ella como institución, y este descreimiento se lo han ganado a pulso con el mal hacer de jueces, magistrados y estructuras gubernamentales que han favorecido ese juego, juego que solo merece un calificativo, injusto, aunque sea legal.
La Organización del Estado, el estado de las autonomías, desde que este iluminado verbalizó aquello de la España plural, la política territorial, la fiscalidad, los derechos ciudadanos, y el despilfarro de los recursos públicos se han despeñado en un precipicio de incalificable naturaleza. No se atisba el fin de las apetencias nacionalistas y con ello la inseguridad de la unidad estatal aumenta, no se establecen cauces de igualación en el trato que desde la administración central se otorga a las diversas administraciones y lo que es peor se las trata en función de su color político, de la afinidad o necesidad societario-política que en cada momento el inquilino de la Moncloa tenga, y lo mas sangrante para el común de los ciudadanos españoles, según se resida en una u otra “nacionalidad” se dispone nominalmente de unos derechos y de unas posibilidades muy distintas de ejercerlos en función del territorio del que se trate. La España plural de Zp ha resultado ser un deslavazado conjunto de reinos taifas en los que los ciudadanos casi que son súbditos del virrey autonómico de turno, cuando constitucionalmente son, deberían ser, los únicos dueños ejercientes del poder de un solo estado, en una nación diversa en sus pueblos pero unitaria en derechos y obligaciones. Pero la desgraciada realidad de las ocurrencias de Zp en este aspecto es que ha provocado que de un antiguo y arraigado sentimiento nacional unitario en su historia y diverso en las formas de entender la vida, se haya pasado a la proliferación artificial de sentimientos identitarios tan minimalistas que casi aldeanos son, al punto de que en el esperpento autonómico actual se retoman cantonalismos tan artificiales como interesados, precisamente cuando el mundo se encamina hacia la consolidación de las supranacionalidades. Es la forma de acompasarse al ritmo de la historia que tiene este individuo, sus virreyes y sus pueblerinos “embajadores”.
Finalmente el ejercicio de los derechos individuales que objetivamente se contemplan en la Constitución y que tienen componentes económicos, son los que por su interesada mediación han quedado postpuestos tanto en su desarrollo legal como en la posibilidad real de ejercerlos. Vean solo dos de ellos.
El derecho constitucional al trabajo, hoy mas que nunca es una mera declaración de buenas intenciones, pero que al haber quedado supeditado su ejercicio, vía legislación de rango inferior, a la voluntad del contratador, pasa de ser un derecho a convertirse en el resultado de una voluntad empresarial, tan particular como voluble, y puesto que los poderes públicos aceptaron esta realidad impuesta por los poderosos, nuestros mal llamados representantes solo son, en determinados circunstancias, única y exclusivamente árbitros, árbitros en los conflictos laborales y tan poco imparciales, tan parciales como su inhibición está demostrando día a día con los miles de despidos injustificados que mandan a la incertidumbre y a la pobreza a miles de familias, mientras a los despedidores, “nuestros representantes” les premian por su actitud y les llenan sus particulares bolsillos con dinero proveniente de nuestros impuestos.
Son ya 3,5 millones de trabajadores a los que se les niega su derecho y se condena a la inseguridad y a la supeditación. Se anticipa que se alcanzará la escalofriante cifra de 4,5 millones de parados a final de este año. Si en algun aspecto se ve la catadura politica y etica del zapaterismo es en la cuestion laboral. Cada vez estan dejando mas claro que es eso del neosocialismo.
El otro derecho constitucional expresamente contemplado en la ley fundamental, el derecho constitucional a una vivienda digna se ha practicado en la España zapateril en la forma que todos conocemos y que ahora estamos pagándoles. Se está dando la paradoja o quizás el esperpento, de que muchos ciudadanos han accedido a una vivienda digna y a cambio les han llevado a perder la dignidad económica para el resto de su vida, tal es la cárcel de dinero a la que los han condenado. Se está dando la vergonzosa paradoja que mientras a unos les requisan su vivienda, los confiscadores reciben miles de millones de euros para tapar las grietas de un sistema económico tan antisocial como corruptor de todos los ámbitos con los que se relaciona, y el político ha sido y sigue siendo caldo de cultivo preferente y legalmente protegido para que ese cáncer social, la corrupción, progrese y se extienda por doquier.
No solo no se defiende el ejercicio del derecho a una vivienda digna, sino que tras esquilmar hipotecariamente a los trabajadores, se les está repercutiendo vía desempleo los costes de una crisis que ha sido provocada por el propio sistema al que se afanan en defender, restablecer y consolidar en su injusticia los que en el colmo de la falsedad se dicen socialdemócratas.
(Continuará)
Nota explicativa: Para los que como yo sean legos en astronomía, la imagen corresponde a la nebulosa del cangrejo cuyo corazon azul se enfrió hace tiempo mientras que el halo externo aparenta ser rojo. ¡Que cosas!
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