Al hilo de la huelga de los funcionarios del Ministerio de Justicia que reclaman igualdad de salarios a igualdad de funciones que colegas suyos en comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia, no creo que sea excesivamente corporativista el que dedique unas líneas a tantos y tantas que como yo “disfrutamos” de las mieles que la administración general del estado nos regala de forma creciente.
Somos los funcionarios gente por lo general de buen conformar que por tantas razones como individuales casos hay, se vieron y ven abocados a hacer una oposición más o menos difícil que requirió un tiempo y un esfuerzo. Nunca he compartido que por este tiempo y esfuerzo se justificase eso de la imposibilidad en ser despedido, por ello siempre, en este punto, he estado y sigo estando en minoría respecto a mis colegas.
Siempre he argumentado que, puesto que trabajadores que somos, no tendríamos que cambiar el derecho y el deber de trabajar, en este caso para todos nuestros conciudadanos, por la seguridad y, en el extremo, la molicie, que la ausencia de despido en la Administración de alguna forma favorece. En otras palabras si se está dispuesto a trabajar y rendir en la Administración tanto o más que en cualquier empresa privada, no hay por qué ceder derechos y caer en un dicho muy de mi pueblo, con monocultivo empresarial público, que decían “en el sueldo me engañas, pero en el trabajo, no”.
Desde este punto de partida y desgraciadamente de llegada, se puede entender lo que ha venido sucediendo años tras año, con unos y con otros.
Con sindicatos que han entendido que lo mejor que pueden hacer es venderse y vivir como curas sin parroquia, con cuerpos de funcionarios para los cuales la negociación sectorializada era la que mas frutos, corporativos por supuesto, les rendía, con unos gestores cuya mayor preocupación era no tener problemas laborales, nunca que los “laboradores” cumpliesen, por estar decentemente retribuidos y sentirse profesionalmente incentivados, con una opinión pública que abominaba de ellos, de funcionarios y de gestores, pero que en gran numero impelía a sus vástagos a aprobar una oposición y así alejarse definitivamente de la inseguridad del paro. Con todo esto, y siendo evidente que la única modernización de la administración ha sido la introducción de la informática, y no en todos los sitios, y con ella el “tetris” y los solitarios electrónicos, hay, aun, quien mantiene que no es necesario cambiar nada, porque nada les importa el servicio público, servicio que era y debería ser, la razón última que habría de mover a la administración.
Ni profesionalmente se tiene en consideración a los muchos trabajadores/as que decidieron dedicar su vida al servicio público, ni laboralmente se contempla la posibilidad de una razonable carrera administrativa que incentive la superación laboral, y por supuesto, salarialmente vemos todos los años como el capítulo 1 de los presupuestos es la alcancía de los gobiernos de turno de la cual se “sisa”, con el beneplácito de los sindicatos, para derivar lo sisado a otros mas rentables gastos o transferencias, actuaciones que ni la razón, ni los números, ni la inflación, ni el derecho a llevar una vida digna, que también acoge a los funcionarios, por el momento impiden. Ese capítulo 1, el que engloba el total de los salarios del personal al servicio de la administración, siempre se aprueba después de fijar cuanto es lo que recibirán los sindicatos por su buen hacer anestésico en el ejercicio siguiente, siempre se aprueba sin tener en cuenta situación económica no ya de los trabajadores, sino esa otra cosa que llaman inflación, a la que habría que motejar de constante, ya que aunque esa variable económica fluctué mensual y anualmente, para los funcionarios, siempre, pase lo que pase, es el 2%.
Por todo lo anterior, y puesto que ya nadie discute que las rentas del trabajo, todas, han bajado más de 4 puntos respecto a las del capital en los últimos años, periodo en el que los salarios sometidos a convenio tuvieron revisiones anuales por una media del 3 al 3,5 %, no se me negará que en ese cálculo los funcionarios han perdido más de 10 puntos, mas del doble que el resto de la clase obrera (con perdón).
Como hay quien ya se teme que la cosa esta del cabreo de los funcionarios, en el tiempo inmediato, pudiera venir calentito de protestas en la administración, ya están empezando los Zp´s boys a lanzar el mensaje de “nada de aumentos salariales que comprometan la realización de las promesas que con los superávits habidos hemos tenido que vender para convencer a los dudosos ante las urnas”. Se ponen la venda antes de tener la herida.
Yo, hoy y aquí, solo quiero, primero, apoyar a los colegas de Justicia y animarles a que no cejen en su justo empeño, para lo cual bien harían en mandar a los “sindicalistos” a hacer muchas….instancias; y segundo, incitar al resto de aquellos funcionarios que realmente se sientan incluidos en eso que antes se llamaba clase trabajadora, a defender sus derechos, ya que los que debían hacerlo no lo hacen, y en esa lucha, decirle a estos neosocialistas, que antes que esos derechos civiles que dicen habernos regalado, están los derechos básicos contemplados en la Constitución, y uno de ellos, se diga como se diga, es el derecho a no ser expoliado, a no ser chantajeado salarialmente, a vivir dignamente del salario previamente devengado.
Ya sé que esto es de parvulario democrático, pero así estamos con estos neosocialistas y sus sindicatos…….que si no son, de nuevo, verticales, ¿quien negaría que están más inclinados hacía la pasta que la torre de Pisa?.
Somos los funcionarios gente por lo general de buen conformar que por tantas razones como individuales casos hay, se vieron y ven abocados a hacer una oposición más o menos difícil que requirió un tiempo y un esfuerzo. Nunca he compartido que por este tiempo y esfuerzo se justificase eso de la imposibilidad en ser despedido, por ello siempre, en este punto, he estado y sigo estando en minoría respecto a mis colegas.
Siempre he argumentado que, puesto que trabajadores que somos, no tendríamos que cambiar el derecho y el deber de trabajar, en este caso para todos nuestros conciudadanos, por la seguridad y, en el extremo, la molicie, que la ausencia de despido en la Administración de alguna forma favorece. En otras palabras si se está dispuesto a trabajar y rendir en la Administración tanto o más que en cualquier empresa privada, no hay por qué ceder derechos y caer en un dicho muy de mi pueblo, con monocultivo empresarial público, que decían “en el sueldo me engañas, pero en el trabajo, no”.
Desde este punto de partida y desgraciadamente de llegada, se puede entender lo que ha venido sucediendo años tras año, con unos y con otros.
Con sindicatos que han entendido que lo mejor que pueden hacer es venderse y vivir como curas sin parroquia, con cuerpos de funcionarios para los cuales la negociación sectorializada era la que mas frutos, corporativos por supuesto, les rendía, con unos gestores cuya mayor preocupación era no tener problemas laborales, nunca que los “laboradores” cumpliesen, por estar decentemente retribuidos y sentirse profesionalmente incentivados, con una opinión pública que abominaba de ellos, de funcionarios y de gestores, pero que en gran numero impelía a sus vástagos a aprobar una oposición y así alejarse definitivamente de la inseguridad del paro. Con todo esto, y siendo evidente que la única modernización de la administración ha sido la introducción de la informática, y no en todos los sitios, y con ella el “tetris” y los solitarios electrónicos, hay, aun, quien mantiene que no es necesario cambiar nada, porque nada les importa el servicio público, servicio que era y debería ser, la razón última que habría de mover a la administración.
Ni profesionalmente se tiene en consideración a los muchos trabajadores/as que decidieron dedicar su vida al servicio público, ni laboralmente se contempla la posibilidad de una razonable carrera administrativa que incentive la superación laboral, y por supuesto, salarialmente vemos todos los años como el capítulo 1 de los presupuestos es la alcancía de los gobiernos de turno de la cual se “sisa”, con el beneplácito de los sindicatos, para derivar lo sisado a otros mas rentables gastos o transferencias, actuaciones que ni la razón, ni los números, ni la inflación, ni el derecho a llevar una vida digna, que también acoge a los funcionarios, por el momento impiden. Ese capítulo 1, el que engloba el total de los salarios del personal al servicio de la administración, siempre se aprueba después de fijar cuanto es lo que recibirán los sindicatos por su buen hacer anestésico en el ejercicio siguiente, siempre se aprueba sin tener en cuenta situación económica no ya de los trabajadores, sino esa otra cosa que llaman inflación, a la que habría que motejar de constante, ya que aunque esa variable económica fluctué mensual y anualmente, para los funcionarios, siempre, pase lo que pase, es el 2%.
Por todo lo anterior, y puesto que ya nadie discute que las rentas del trabajo, todas, han bajado más de 4 puntos respecto a las del capital en los últimos años, periodo en el que los salarios sometidos a convenio tuvieron revisiones anuales por una media del 3 al 3,5 %, no se me negará que en ese cálculo los funcionarios han perdido más de 10 puntos, mas del doble que el resto de la clase obrera (con perdón).
Como hay quien ya se teme que la cosa esta del cabreo de los funcionarios, en el tiempo inmediato, pudiera venir calentito de protestas en la administración, ya están empezando los Zp´s boys a lanzar el mensaje de “nada de aumentos salariales que comprometan la realización de las promesas que con los superávits habidos hemos tenido que vender para convencer a los dudosos ante las urnas”. Se ponen la venda antes de tener la herida.
Yo, hoy y aquí, solo quiero, primero, apoyar a los colegas de Justicia y animarles a que no cejen en su justo empeño, para lo cual bien harían en mandar a los “sindicalistos” a hacer muchas….instancias; y segundo, incitar al resto de aquellos funcionarios que realmente se sientan incluidos en eso que antes se llamaba clase trabajadora, a defender sus derechos, ya que los que debían hacerlo no lo hacen, y en esa lucha, decirle a estos neosocialistas, que antes que esos derechos civiles que dicen habernos regalado, están los derechos básicos contemplados en la Constitución, y uno de ellos, se diga como se diga, es el derecho a no ser expoliado, a no ser chantajeado salarialmente, a vivir dignamente del salario previamente devengado.
Ya sé que esto es de parvulario democrático, pero así estamos con estos neosocialistas y sus sindicatos…….que si no son, de nuevo, verticales, ¿quien negaría que están más inclinados hacía la pasta que la torre de Pisa?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario